Los procuradores generales del Mercosur criticaron la reforma del Ministerio Público

Los Procuradores Generales y Fiscales Generales de los países miembros y asociados del Mercosur firmaron una declaración expresando su preocupación por la ley que busca limitar el poder de los fiscales y que permitiría desplazar al procurador interino Eduardo Casal y “exigieron respeto” por la independencia, autonomía, autarquía para actuar libres del “persecución o amenazas”

Los procuradores generales de siete países (Paraguay, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile) manifestaron su “preocupación por el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la cual podría afectar su independencia y autonomía”.

Destacaron, como lo hicieron en otras ocasiones, su “creciente preocupación” por lo que interpretan que son “las continuas manifestaciones y acciones de otros poderes” que pretenden “limitar la actuación de los Ministerios Públicos que afectan directamente su independencia y autonomía”.

“Reiteramos lo ya manifestado en las Reuniones Especializadas de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM) realizadas anteriormente sobre la necesidad de que los Ministerios Públicos puedan ejercer sus funciones de manera independiente y autónoma, con los recursos necesarios para esos fines y así poder actuar libres de todo tipo de presión, injerencia, persecución o amenaza, y exigimos respeto por estas condiciones mínimas de actuación”, dijeron.

Recordaron que una declaración similar fue realizada en 2017 -cuando gobernaba Juntos por el Cambio- y Brasil presidía al Reunión Especializada de Procuradores del Mercosur, ante un proyecto de reforma a la misma ley en la Argentina.

El Gobierno impulsa una ley para cambiar las mayorías necesaria sara elegir al Procurador General de la Nación. Quiere pasar de la necesidad de los dos tercios actuales de los senadores, a la mitad más uno de ellos. Esto permitiría al Gobierno elegir al procurador porque hoy no cuenta con los votos necesarios. La ley además prevé que si no hay un procurador designado, puede ser nombrado por la Comisión bicameral del Congreso que sigue al Ministerio Público, controlada por el kirchnerismo. Otro punto destacado de la iniciativa es que cambia la integración del Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales -con control del Gobierno- y permite suspender con una mayoría simple a los fiscales por razones disciplinarias. Los fiscales denunciaron esto implica ponerlos “en el paredón de fusilamiento” si pretenden investigar al poder.

La iniciativa fue aprobada por el Senado y está trabada en la Cámara de Diputados donde al Gobierno le faltan unos ocho votos para poder convertir este proyecto en ley. La tarea prioritaria del flamante ministro de Justicia, Martín Soria, será conseguir estos votos para convertir en ley esta iniciativa.

El documento lleva las firmas de Augusto Aras, Procurador General de la República Federativa de Brasil; Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga, Fiscal General del Estado de la República del Paraguay; Jorge Díaz, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación República Oriental del Uruguay; Jorge Abbott Charme, Fiscal Nacional de la República de Chile; Francisco Roberto Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación de la República de Colombia; Diana Salazar, Fiscal General de la Nación de la República de Ecuador; Zoraida Ávalos, Fiscal General de la República del Perú.