Macri busca una tregua con Telefónica antes de viajar a España

MADRID.- El gobierno de Mauricio Macri trabaja contra reloj para desinflar un conflicto con la empresa Telefónica y evitar que empañe la visita de Estado que el Presidente hará a España la próxima semana.

El gigante de las comunicaciones mantiene la amenaza de plantear un litigio internacional contra la Argentina a raíz del decreto publicado en enero que regula la competencia en el sector y habilita al Grupo Clarín a entrar de lleno en el negocio de los celulares (a través de Nextel). Aunque no se prevé un acuerdo inminente ni una marcha atrás, las gestiones de los últimos días apuntaron a sellar una tregua durante los cinco días en que Macri desfilará por los principales salones del poder español.

El viaje a Madrid es una operación diplomática de primer orden, con la que el Gobierno aspira a escenificar el giro pro-mercado del país y clausurar la era de hostilidad con los inversores españoles del tramo final del kirchnerismo, sobre todo a partir de la estatización de las acciones de Repsol en YPF. Un choque público con Telefónica -el buque insignia de la expansión española en América latina- sería un obstáculo muy incómodo para el éxito de esa misión.

"El malestar en la empresa es grande. Son momentos que requieren diálogo y paciencia. Nadie quiere que el tema sea un problema en la visita", señaló una fuente del gobierno de Mariano Rajoy, al tanto del conflicto.

La multinacional evitó hacer apreciaciones públicas en estos días. El presidente de Telefónica Hispanoamérica, el argentino Eduardo Caride, disertará en el foro "Invertir en Argentina", que inaugurará Macri el viernes próximo. La empresa es uno de los auspiciantes del acto que organiza el Grupo Prisa. En el Gobierno lo leen como un gesto de distensión. El Presidente prevé sentarse con ejecutivos de la firma durante su estadía.

El decreto que enfrenta a Telefónica con Macri abre el juego para que las compañías de telecomunicación ofrezcan paquetes de servicios móviles, internet y televisión desde el primer día de 2018. El punto de discordia para los españoles es el que autoriza a los operadores que tengan frecuencias en bandas plausibles de ser usadas en telefonía celular a solicitar una retribución que les permita emplearlas para datos móviles (4G).

Cablevisión -controlada por Clarín- compró Nextel en 2015 y ahora podrá entrar de lleno en el mercado de la telefonía móvil empleando frecuencias adquiridas el año pasado a pequeños operadores. Completará así su oferta de televisión de pago, un mercado que hoy lidera.

Los españoles denuncian un trato injusto porque ellos pagaron cerca de 500 millones de dólares en las licitaciones del espectro de 4G que hizo en 2014 y 2015 el anterior gobierno (Telecom y Claro también fueron adjudicatarias). Sostienen que a Clarín se le permite operar sin pasar por un proceso similar.

El Grupo Clarín refuta esos argumentos. "Telefónica presiona para ganar tiempo e impedir el ingreso de un cuarto operador. En realidad ellos son los grandes beneficiarios del decreto", sostienen en la empresa.

Explican que pagaron 138 millones de dólares por la compra de cinco sociedades adjudicatarias de espectro radioeléctrico y que deberán hacer inversiones en infraestructura del orden de los 500 millones de dólares para competir en serio. Eso le llevará hasta mediados del año que viene, mientras Telefónica estará en condiciones de ofrecer paquetes de celular, banda ancha y televisión desde enero. El Gobierno podía mantener a las telecos fuera del negocio del cable hasta 2019, según se había fijado en la normativa que modificó la ley de medios del kirchnerismo, pero no se hizo uso de esa opción. Clarín destaca otros aspectos beneficiosos para su adversario, como la exclusividad de 15 años que se establece para el uso de las redes de fibra óptica que tienda.

En el Gobierno dicen que se intentó potenciar la competencia y la inversión para mejorar un servicio -el de la telefonía celular- deficitario. Niegan una actitud hostil hacia Telefónica y ponen como una prueba la derogación de la norma que le impedía a la empresa transferir sus canales de televisión, lo que hizo posible la venta de Telefé a Viacom el año pasado.

La tensión pone en duda el cumplimiento de un plan de inversión en el país que anunció Telefónica por 2264 millones de dólares para el período 2016/2018. Y sigue sobre la mesa la carta de una demanda ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). Pero queda mucho por conversar. El desarrollo reglamentario del decreto por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) deja espacios para explorar un acuerdo. O al menos para despejar nubarrones durante la visita de Macri a Madrid.