La Justicia revisará otra vez la causa de la muerte de Santiago Maldonado

La muerte de Santiago Maldonadoserá nuevamente revisada por la Justicia el jueves de la semana próxima, cuando se volverá a discutir en una audiencia si el artesano fue víctima de una desaparición forzada, si hubo abandono de personas o si, por el contrario, no corresponde responsabilizar a nadie por su muerte.

Maldonado murió el 1º de agosto de 2017 ahogado en el río Chubut, mientras huía de la Gendarmería Nacional, que lo perseguía junto a un grupo de mapuches por estar cortando una ruta en el sur de la provincia. El kirchnerismo acusó al gobierno de Mauricio Macri durante la campaña electoral de ese año de haber secuestrado, desaparecido y asesinado a Maldonado.

Sin embargo, la Justicia halló el cuerpo 78 días después -el 17 de octubre de ese año- y determinó que no hubo ni torturas ni desaparición forzada, sino que se ahogó.

Así lo resolvió el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, quien cerró el caso y lo archivó en noviembre de 2018. Los familiares de Maldonado nunca estuvieron conformes con esta resolución y, apoyados por organismos de derechos humanos, recurrieron el fallo.

En septiembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia decidió reabrir el caso y ordenó que se realizaran una serie de medidas de prueba para determinar las condiciones precisas en las que se produjo la muerte de Maldonado.

Los jueces dijeron que, además, se debía ahondar en la hipótesis de que hubiera existido el posible delito de abandono de personas. Es decir, que nadie haya ayudado a Santiago Maldonado a salir del agua helada.

Reclamos

La familia Maldonado insistió y fue a la Cámara de Casación Penal porque sostiene que no es posible que se haya desestimado el delito de homicidio doloso o la desaparición forzada de personas. Reclamaron porque solo se haya mandado a investigar a los gendarmes por abandono de persona.

Los familiares de Maldonado estarán acompañados en la querella por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

El organismo celebró que la Cámara de Comodoro Rivadavia reabriera la causa, pero cuestionó que la pesquisa se hubiera realizado "de manera acotada, con ambigüedad y descartando investigar la represión ilegal de la Gendarmería". Este argumento estará sobre la mesa la semana próxima en la audiencia.

La APDH señaló en su apelación que "no es lógico que se ordene investigar todas las hipótesis penales vinculadas a la muerte de Santiago y, por el otro lado, se omita deliberadamente analizar el operativo de la Gendarmería, que sin dudas es uno de los nexos causales ineludibles con la muerte del joven".

El organismo se opuso, también, a que la investigación por la hipótesis de desaparición forzada sea acotada a las pruebas recolectadas que generaron dudas. Dijo en su pronunciamiento que "el tribunal de Casación tiene en sus manos la responsabilidad de garantizar una investigación independiente y exhaustiva sobre las causales de la muerte" y prometió que seguirá "luchando por verdad y justicia para Santiago Maldonado".

También estará presente en los tribunales de Comodoro Py 2002 la defensa de Emanuel Echazú, quien fue sobreseído en primera instancia. Pero la Cámara de Comodoro Rivadavia revocó ese sobreseimiento, por lo que apeló ante el Tribunal de Casación.

Los jueces de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, escucharán las razones del gendarme para volver a ser sobreseído y de los familiares del artesano fallecido para decidir si dejan el asunto como está o reabren la posibilidad del delito de desaparición forzada de personas.

La causa ingresó a la Cámara de Casación el 11 de noviembre y al día siguiente el presidente del tribunal, el juez Hornos, fijó la audiencia de informes para el jueves 5 de diciembre, con el propósito de evitar la dilatación del proceso.

La audiencia fue convocada cinco días antes de que asuman los electos Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el gobierno.

Los jueces prevén que la reactivación de la causa judicial suscitará el interés de la opinión pública y de organizaciones sociales y políticas, por lo que dispusieron que la audiencia pública se realice en la sala de audiencias del juicio por la AMIA, con dos bandejas para ubicar al público y gran espacio para los abogados.