Moyano y el Gobierno retomaron los contactos, a pesar de Carrió

El mismo 21 de febrero, mientras la avenida 9 de Julio se despoblaba de los miles de manifestantes, se abrió de manera furtiva una ventana de negociación entre la Casa Rosada y Hugo Moyano . El intercambio de señales presumía por entonces una incipiente tregua que apuró al jefe camionero a reconocer al día siguiente que aceptaría reunirse con Mauricio Macri para bajar el tono de la disputa.

El cruce de mensajes en tren de explorar un acercamiento involucró a Moyano y al vicejefe de Gabinete Mario Quintana, según contaron a LA NACION fuentes gremiales y oficiales. Hubo otros intermediarios circunstanciales que intentaron también poner paños fríos, como el vicejefe porteño, Diego Santilli , con quien el gremio camionero negoció durante años los millonarios contratos de recolección de residuos en la ciudad.

Pero el canal de negociación quedó herido cuando, el 27 de febrero último, Elisa Carrió acusó a Moyano de "criminal" y "extorsionador", lo que derivó en un enfrentamiento que sigue su curso en los despachos judiciales tras el contraataque del camionero. Cerca de Moyano sugirieron que Lilita los atacó con vehemencia cuando percibió que un sector del Gobierno estaba realmente dispuesto a dialogar y a recomponer el vínculo.

Con los puentes dañados y cada vez con menos nexos con el Gobierno, Moyano revisó su estrategia gremial y judicial. Reforzó los lazos con sus socios circunstanciales de la movilización del 21-F, dio la orden para que Camioneros se excluya de la CGT y dio luz verde para que su hijo Pablo avance en la construcción de una corriente similar al legendario Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), que lideró las protestas callejeras en los años en que Carlos Menem era presidente. Sería un frente con sesgo opositor que incluiría a gremios, organizaciones sociales y entidades empresarias afectadas por las políticas de la gestión de Macri. Quedaría oficializado con nombre propio el 1º de mayo, con un acto público en la conmemoración del Día del Trabajador.

En paralelo, la defensa judicial quedó en manos de Daniel Llermanos, que atiende casi a tiempo completo las causas vinculadas al gremio y a la obra social, como las ligadas al club Independiente, presidido también por los Moyano. El abogado Llermanos presentó documentación en los diferentes juzgados, y en la única causa en que se espera una inminente citación para el jefe camionero sería en la que está radicada en Córdoba, donde se investiga al jefe sindical por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta en la compra de inmuebles en La Falda.

Entre el intento de recomponer la relación a través de Quintana y la pulseada judicial con Carrió hubo algunos episodios que Moyano siguió de cerca con atención y los interpretó como un gesto.

Uno de ellos fue la salida de Alberto Abad como titular de la AFIP. Abad fue una de las voces oficiales más inflexibles con respecto a la situación de OCA, la empresa privada postal a la que el sindicalista consideró casi como propia y a la que el organismo recaudador le reclama unos 3400 millones de pesos por supuesta retención indebida de impuestos. En la Casa Rosada comparan su descalabro financiero con el del Grupo Indalo, de Cristóbal López , que está hoy preso en Ezeiza.

El otro hecho que Moyano leyó como un gesto fue la decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de renovarle una vez más a OCA el certificado postal, lo que habilita a la compañía a seguir operando con correspondencia y paquetes de hasta 30 kilogramos a la espera de que normalice sus finanzas y logre que la AFIP le extienda un certificado de libre deuda fiscal.

Patricio Farcuh, el dueño de OCA en los papeles, confía en revertir la caída y en afrontar la deuda y el concurso de acreedores. Farcuh, como los Moyano, está en la mira de la Justicia por operaciones millonarias entre la empresa postal y organizaciones sindicales y deportivas ligadas al jefe camionero, según se desprende de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que la nacion reveló el 12 de enero último.

En el mercado postal, los competidores de OCA tomaron con asombro la nueva prórroga del Enacom, un organismo que depende casi directamente de Macri. "No es normal que le renueven tantas veces. El Gobierno no sabe bien qué hacer y sabe que OCA es inviable, con pérdidas de 100 millones de pesos al mes", evaluó un empresario del sector.

El desenlace del caso OCA podría terminar de minar los tímidos acercamientos entre Moyano y el Gobierno. Pero hay otra disputa inquietante: Macri presiona para reducir los costos laborales en lo relativo a la logística, una cuenta del collar productivo del país que está casi bajo control absoluto de los Moyano. La pulseada continúa