Nueva ofensiva del Gobierno para controlar el Poder Judicial

Fracasado su intento de "democratización de la Justicia", tras ser declarado inconstitucional por la Corte el paquete legislativo que lo sustentaba, el gobierno de Cristina Kirchner decidió tomar otro atajo para blindar a sus funcionarios ante eventuales problemas en el Poder Judicial. Lo hará mediante la minuciosa selección de abogados de indudable afinidad y alineamiento con la Casa Rosada para integrar las nóminas de conjueces con las que se cubren las vacantes existentes o eventuales en tribunales federales de todo el país.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que el Gobierno enfrenta serias denuncias de corrupción que apuntan a lo más alto del poder político. Así, a la polémica lista de subrogantes para la Cámara de Casación Penal que aprobó hace dos semanas el Senado, el Poder Ejecutivo le sumó el envío de 21 nuevas nóminas de conjueces para diferentes tribunales, destacándose la de eventuales suplentes para la Corte Suprema de Justicia y para la Cámara Nacional Electoral.

La falta de tiempo para llevarlas al recinto obligó al kirchnerismo a demorar estas designaciones, cuyos tratamientos en la Cámara alta quedaron postergados hasta febrero, si es que el Gobierno convoca a extraordinarias, o marzo próximos.

La estrategia de la Casa Rosada fue criticada por la oposición. "Éste es el atajo para constituir comisiones especiales de juzgamiento y para colonizar los juzgados vacantes", afirmó el jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales (Jujuy).

El Gobierno avanzó con la designación de conjueces aprovechando que el Consejo de la Magistratura padece una grave crisis y demora en nombrar magistrados (ver aparte).

La vinculación de los nominados con el kirchnerismo es evidente. Además de repetirse los nombres de varios abogados designados como eventuales suplentes en la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal en materia de causas por corrupción, en las nuevas nóminas vuelven a aparecer militantes de La Cámpora; integrantes de la agrupación Justicia Legítima, principal ariete judicial de la Casa Rosada en su intento de avanzar con su "democratización de la Justicia"; ex funcionarios de las administraciones kirchneristas, y hasta abogados que patrocinaron a ministros del Poder Ejecutivo.

Así, detrás de León Arslanian, de reconocida militancia peronista, pero respetado por todas las fuerzas políticas, en la lista de conjueces para la Corte Suprema de Justicia aparece el nombre de Carlos Cárcova, quien el año pasado fue elegido por el Gobierno para subrogar juzgados en el fuero Civil y Comercial de la Capital, donde se tramitaba la disputa legal entre el Grupo Clarín y el Gobierno por la ley de medios.

También figuran Ricardo Nissen, un abogado allegado a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y ex director de la Inspección General de Justicia, y Arístides Corti, a quien la Presidenta encomendó la tarea de redactar el Digesto Jurídico.

Otro nombre que aparece en la lista de postulados como suplentes para la Corte es el de Gustavo Ferreira. De estrecha relación con el juez de la Corte Raúl Zaffaroni y defensor a ultranza de la reforma constitucional para habilitar la re-reelección, este abogado forma parte del selecto grupo de elegidos por la Casa Rosada que, además de conjuez para el máximo tribunal, ya fue designado eventual suplente en la Cámara de Casación Penal.

La lista no es tan exclusiva como podría parecer. Hay abogados que podrían tener hasta cuatro chances de subrogar algún juzgado. Son los casos de Marcelo Buigo, Norberto Frontini y Claudio Vázquez, quienes ya integran la nómina de Casación Penal, pero también están propuestos para conjueces de las cámaras Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, del Crimen y de Apelaciones en lo Penal Económico.

La confianza que estos profesionales inspiran a la Casa Rosada se entiende si se toma en cuenta que Buigo fue abogado del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; Vázquez defendió la frustrada reforma judicial del Gobierno en columnas en medios oficialistas, y Frontini es funcionario de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

Entre los nombres novedosos, en la lista de conjueces propuestos para la Corte aparece el de Héctor García Cuerva, quien fue designado por el Poder Ejecutivo director en Aerolíneas Argentinas tras su expropiación. En tanto, su hijo Emiliano está propuesto para subrogar cualquier vacancia en la Cámara Nacional Electoral, tribunal al que también está nominado el socio del estudio García Cuerva y ex funcionario en materia de lucha contra el lavado de dinero Diego Sarrabayrouse. Otro caso que merece destacarse es el de Graciana Peñafort. Nominada para la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital, esta abogada representó a la Afsca en la audiencia por la ley de medios celebrada por la Corte.

Gobernadores

La Casa Rosada también tuvo en cuenta la voz de sus gobernadores a la hora de nominar conjueces para tribunales en el interior del país. Así, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, logró colocar varios abogados con vínculos con su administración en la nómina para la Cámara de Apelaciones de Paraná.

Lo mismo ocurre con el formoseño Gildo Insfrán, que ubicó a varios abogados conocidos y funcionarios en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Chaco). El mismo privilegio tuvieron los gobernadores José Alperovich (Tucumán) y Luis Beder Herrera (La Rioja), aunque en sus casos debieron ceder muchos lugares a La Cámpora.

Una sesión polémicaEl 18 de diciembreEl kirchnerismo logró imponer su mayoría en el Senado y aprobó un listado de 10 conjueces integrado por abogados alineados al kirchnerismo para ocupar las vacantes de la Cámara de Casación Penal