Odebrecht logró paralizar la cooperación desde Brasil y demanda a la Argentina por US$50 millones

Odebrecht pasó a la ofensiva. Logró que Brasil suspenda el intercambio de información sensible con la Argentina, busca que la Corte Suprema de Justicia derribe el poco material que ya llegó de Curitiba y evalúa demandar al Estado argentino por US$50 millones. Todo, mientras que en los tribunales locales aún no se registran condenas por los sobornos por US$35 millones que la propia empresa admitió en diciembre de 2016 que pagó en la Argentina.

La ofensiva del gigante brasileño comenzó a gestarse hace meses, cuando sus abogados denunciaron ante el Ministerio Público Fiscal brasileño que los investigadores argentinos violaron el acuerdo firmado para el intercambio de información. Plantearon que en Buenos Aires no respetaron la cláusula de confidencialidad –y que, por tanto, la información circuló por varias dependencias judiciales-, y que, además, avanzaron contra exejecutivos de Odebrecht que ya habían sido juzgados en Brasil.

El reclamo de Odebrecht –que ahora se presenta como “Novonor”– dio un primer fruto. El Ministerio Público Fiscal brasileño suspendió la colaboración con la Argentina hasta completar su análisis de la denuncia, cuya copia envió a Buenos Aires para obtener una respuesta formal. El secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima, se encargó de la réplica, según reconstruyó LA NACION.

Volcada en un escrito de 14 páginas, la respuesta inició su recorrido hacia Brasil. Desde la Procuración General de la Nación que lidera Eduardo Casal se giró a la Cancillería, para que llegue a destino a través de los canales formales. Defendió la actuación de los fiscales argentinos, sostuvo que se respetaron las pautas y procedimientos acordados, y pidió que se restablezca el canal de asistencia bilateral para completar el intercambio de datos pendientes.

El tiempo pasa, mientras tanto. En diciembre de 2016, Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que pagó sobornos en una docena de países de América Latina y África. Y a partir del 1 de junio de 2017, la información sobre esas coimas quedó disponible en Brasil para todo aquel investigador de la Argentina u otro país que aceptara dos condiciones. La primera, respetar su confidencialidad. La segunda, que no podía incriminar en el país que recibiera esa información a quienes ya se hubieran acogido al régimen del “arrepentido” en Brasil.

Casi cinco años después, otros países registraron condenas y detenciones de expresidentes –como en Perú, Ecuador y El Salvador-, resarcimientos civiles, renuncias o remociones de funcionarios públicos y hasta el suicidio de un expresidente (de lo que se informa por separado). Pero en la Argentina, las evidencias, “delaciones premiadas” y otros datos sobre cómo Odebrecht sobornó en el país apenas llegaron de manera parcial a un solo expediente judicial en Buenos Aires. Y no se registra una sola condena.

En los tribunales federales de Comodoro Py se abrieron tres investigaciones penales importantes por los delitos de Odebrecht, más un par de expedientes menores. Esas causas importantes se centraron en tres proyectos de obra pública: el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la construcción de una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas y la extensión de la red troncal de gasoductos.

En la investigación centrada en las obras para soterrar el tren Sarmiento, el fiscal Franco Picardi se convirtió en el único que logró que el Ministerio Público Fiscal brasileño le enviara tramos importantes de las evidencias recopiladas. Le remitieron la delación premiada del exvicepresidente para América Latina de Odebrecht Luiz Antonio Mameri, con detalles sobre las “propinas” que pagó la empresa y datos sobre los intermediarios y receptores de esos pagos.

La investigación, sin embargo, se encuentra paralizada desde hace meses. El fiscal Picardi combinó su propia investigación con el material proveniente de Brasil y de Andorra para reforzar su acusación contra cincuenta exfuncionarios, ejecutivos y lobistas involucrados, y presentó su dictamen hace casi un año. Desde entonces, el juez Marcelo Martínez de Giorgi todavía no definió si avanzará contra todos ellos. Se estima podría resolverlo antes de la feria judicial de invierno, según indicaron fuentes tribunalicias a LA NACION.

La actuación del juez recibió cuestionamientos de la Cámara Federal, que ya le anuló una serie de procesamientos y otras decisiones de mérito. Pero también porque su proceder llevó a que Manuel Vázquez, el testaferro del otrora secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se arrepintiera de haberse arrepentido. Había confesado cómo se negociaron las coimas con el entonces dueño de la constructora Iecsa, Ángelo Calcaterra, y sus dos lugartenientes, Javier Sánchez Caballero y Santiago Altieri. Pero luego se desdijo.

Paradójicamente, los jueces y fiscales abocados a las otras dos investigaciones mayores no recibieron material desde Brasil, pero avanzaron mucho más. Los jueces federales Sebastián Casanello y Daniel Rafecas procesaron a los involucrados en los proyectos para construir la planta potabilizadora de agua y extender la red troncal de gasoductos, respectivamente. Entre otros, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y algunos de sus máximos colaboradores, como Roberto Baratta, José López y Daniel Cameron.

En esas investigaciones también quedaron bajo sospecha el otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y el lobista Jorge “Corcho” Rodríguez. Ambos fueron identificados en Brasil por “delatores premiados”, como Mameri y Marcio Faria, como algunos de los encargados de intermediar en el efectivo pago de los sobornos, tal como reveló LA NACION con material propio sobre el capítulo argentino del “Lava Jato”.

Esos procesamientos ya fueron confirmados por la Cámara Federal porteña, por lo que ambas investigaciones se elevaron a tribunales para que inicien los juicios orales, aunque todavía no se fijaron fechas para el inicio de las audiencias. En la que trata sobre la extensión de la red troncal de gasoductos, por ejemplo, tocó el Tribunal Oral Federal N°2, donde las defensas presentaron planteos preliminares.

En la causa por la construcción de la planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas, en tanto, el juez Casanello retiene en sus manos tramos menores de la pesquisa. Entre ellas, la que tiene como protagonista al exejecutivo de AYSA Raúl Biancuzzo, con intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

23 intentos fallidos

El fiscal involucrado en esa causa, Federico Delgado, ve difícil que llegue el material solicitado a Brasil o se concrete la extradición de algunos de los exejecutivos de Odebrecht. Tras recordar que presentaron 23 pedidos durante los últimos años, los resultados siempre fueron “infructuosos”, según detalló en un escrito que presentó hace unos días: “Más allá del optimismo de la voluntad, el pesimismo de la razón nos obliga a dejar en claro que aún no hemos logrado tener una conversación oficial franca con algún funcionario del Ministerio Público de Brasil que nos pueda narrar concretamente el estado de las cosas en aquel país. En otras palabras, desde fines de 2017 hasta la hora presente, la fiscalía ha chocado con un muro para conseguir información”.

Entre las investigaciones judiciales menores que se abrieron en la Argentina, mientras tanto, la más conocida es la que se abrió en base a la confesión del “doleiro” brasileño Leonardo Meirelles, quien aportó documentación en Brasil sobre las transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas involucradas en Brasil en el Lava Jato. En sus listados figuraba Gustavo Arribas, jefe de Inteligencia durante la presidencia de Mauricio Macri.

Meirelles confirmó el giro de fondos en beneficio de Arribas ante la Justicia argentina, que de todos modos sobreseyó al entonces funcionario. Por el contrario, pidió la captura internacional de Meirelles, en tanto que Arribas denunció a los fiscales argentinos que tomaron la declaración del arrepentido brasileño.

Por su parte, Odebrecht no solo avanzó contra la Argentina en Brasil. También planteó en los tribunales locales que no se respetó el acuerdo de cooperación bilateral. Sostuvo que no se resguardó la confidencialidad del poco material que llegó a Buenos Aires y que la Justicia avanzó contra uno de los delatores premiados, Luiz Mameri. Por ese motivo, apeló ante la Corte Suprema y confía en que el máximo tribunal del país le dé la razón.

Odebrecht o “Novonor” fue más lejos. Mientras que no se registran condenas por el capítulo argentino del Lava Jato y ni siquiera se sabe aún quiénes se esconden detrás de decenas de sobrenombres –“codinomes”– vinculados a los proyectos argentinos que según la propia compañía cobraron fortunas en sobornos, la empresa redobló la apuesta. Dio los primeros pasos para demandar al Estado argentino por retenerle el pago de certificados de obra ya completados. El monto de la demanda actualizado podría ascender a US$50 millones.

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