Allanaron Aeroparque por una causa que investiga a Daniel Scioli y Alberto Pérez

LA PLATA.- La Justicia bonaerense recolectó documentación que pueda comprometer la situación judicial del ex jefe de Gabinete de Daniel Scioli , Alberto Pérez, y otros ex funcionarios sciolistas. Esta tarde, el fiscal Alvaro Garganta ordenó allanar los aeropuertos Jorge Newbery y San Fernando, y las oficinas del empresario Gustavo Carmona en Puerto Maderon.

Fuentes con acceso al expediente dijeron a LA NACION que "se encontraron libros con documentación para detectar si hay diferencias entre los registros de los pasajes comprados por el ex gobernador y los registros de la empresa aérea".

La información será analizada mañana para comprobar si el ex gobernador y su jefe de gabinete realizaron viajes de la campaña presidencial y los hicieron pasar como viajes oficiales pagados con fondos del Estado bonaerense ”.

Por la mañana, Garganta pidió la inhibición de los bienes de Pérez, por un valor de 15 millones de pesos, y solicitó también que se le prohíba salir del país mientras continúa la investigación en la que está imputado por supuesto “lavado de activos” mediante la emisión de facturas truchas.

La misma medida fue reclamada para Walter Carbone, ex director general de la jefatura de Gabinete, al que se le secuestró de su casa en el country Abril, una estatua de dragón con una caja de seguridad oculta en su vientre.

Además, pidió aplicar una medida similar a la contadora y ex directora general de administración bonaerense Sandra Alicia Mamberti y la empleada Mónica Ripamonti.

Los pedidos fueron elevados a la jueza de Garantías Marcela Garmendia. En tanto, el fiscal consideró que las medidas se solicitan en “virtud de la magnitud de la presente investigación y la disponibilidad económica de los imputados”.

Durante los últimos 15 días Garganta tomó declaración a gran parte de los ex funcionarios que trabajaron con Pérez durante el 2014 y 2015 en el área de jefatura. “Pérez y Carbone quedaron procesados. Les hicieron tocar el pianito (tomar huellas dactilares) y están comprometidos”, dijo a LA NACION un estrecho colaborador del fiscal.