Oyarbide sobreseyó al recaudador de la campaña de Cristina en 2007

A la vez que el kirchnerismo extiende su protección al juez federal Norberto Oyarbide en la investigación que se le sigue en el Consejo de la Magistratura, el magistrado firma resoluciones que benefician a sus partidarios.

Oyarbide decidió el 25 de marzo pasado sobreseer por el delito de lavado de dinero a los recaudadores de dinero para la campaña presidencial de 2007, que llevó a Cristina Kirchner al poder. Se trata del ex superintendente de Servicios de Salud (SSS) Héctor Capaccioli, el ex legislador del Frente para la Victoria Sebastián Gramajo y el ex director de Lotería Nacional Hernán Diez.

Para ese momento, el Consejo de la Magistratura primero había dilatado una semana tratar las denuncias en contra del juez por frenar un allanamiento tras una llamada del número dos de la Secretaría de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi. Los consejeros -en su mayoría kirchneristas- a la semana siguiente decidieron invitar a Oyarbide a dar explicaciones, contra la idea que promovía la oposición, que era citarlo directamente, acusado por mal desempeño, a prestar una especie de declaración indagatoria.

Cinco días después de esta decisión Oyarbide convirtió la falta de mérito de la que gozaban los acusados en un sobreseimiento.

Pero lejos de librarse de problemas, Capaccioli ya se encuentra a las puertas de ser sometido a juicio oral y público por la causa que se conoció como la de la "mafia de los medicamentos". Es compañero de expediente con el ex líder de la Asociación Bancaria José Zanolla y esperan ser juzgados por el Tribunal Oral Federal N° 5. Están allí acusados de integrar una asociación ilícita y de irregularidades en el traspaso de 48 millones de pesos a 52 obras sociales en concepto de reintegros por tratamientos médicos complejos que nunca se habrían realizado.

En verdad, la Cámara Federal fue la que había revocado los procesamientos de Capaccioli, Diez y Gramajo que había dictado Oyarbide en 2011 por encubrimiento de lavado de dinero. El tribunal había entendido que no había pruebas ni para procesarlos ni para sobreseerlos. Hasta la semana pasada, cuando el juez los sobreseyó porque no reunió nuevas pruebas en su contra.

También fueron desvinculados de la causa los empresarios farmacéuticos Gabriel Brito y José Luis Di Leva, así como el cooperativista Diego Tarruela.

Todos estaban acusados de encubrimiento de lavado de dinero por los cheques que manejaban de laboratorios vinculados con la "mafia de los medicamentos".

Brito era el dueño de la empresa Global Pharmacy y aportó cheques por 310.000 pesos que terminaron en la campaña presidencial.

Sin nuevos elementos

"En virtud de no haberse logrado incorporar nuevos elementos que permitan adoptar un temperamento de mayor gravedad procesal, y no restando más medidas conducentes por realizar, es que corresponde evaluar la adopción de resolución de carácter definitivo", sostuvo Oyarbide en su resolución.

"Ello es así -agregó-, máxime teniendo en cuenta que han pasado casi tres años desde que el Superior resolviera las situaciones procesales de las personas cuyas situaciones procesales aquí se están resolviendo".

Todos fueron sobreseídos por defraudación, encubrimiento de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.

Los fondos recaudados en la campaña 2007, que llevó a la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos al poder, están bajo la lupa judicial debido a que aparecieron aportantes fantasma y otros que dieron cheques de empresas ligadas a fraudes. Oyarbide escribió en sus fallos que sospechaba que se había usado la campaña para lavar dinero de actividades ilícitas, como el fraude al cobrar dinero indebido del Estado por remedios de alto costo nunca provistos por las obras sociales.

La jueza electoral María Servini de Cubría suspendió en 2009 el trámite de la causa en que se analiza si fue regular o no el financiamiento de la campaña. De este modo evitó aprobar el informe final de gastos del oficialismo. Y decidió además archivar el asunto hasta que se resuelvan las causas penales donde se investiga si se lavó dinero. Este fallo de Oyarbide abre la puerta para que la jueza dé por cerrado el caso.

Insisten en investigar a Liuzzi

La fiscalía insistió en que el juez federal Norberto Oyarbide desarchive la causa en la que investigó al subsecretario de Legal y Técnica Carlos Liuzzi por supuesto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con su función. El fiscal federal Patricio Evers ya le había hecho el pedido a Oyarbide luego del allanamiento suspendido a pedido del funcionario. Pero el juez rechazó esa pretensión. Evers apeló, pero el magistrado rechazó darle trámite, por entender que el asunto era recurrible. Por eso, el fiscal presentó ahora un recurso de queja para que la Cámara Federal se aboque directamente a estudiar el asunto y decida sacar del archivo la causa contra el funcionario. Evers argumentó que Oyarbide sobreseyó a Liuzzi sólo por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, pero que al archivar la causa en 2012 nada dijo sobre el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario que tiene su despacho en la Casa Rosada.