Pandemia: el Gobierno gastó $2000 millones en compras sin control electrónico

Desde que se decretó la emergencia sanitaria, en marzo pasado, el Gobierno efectuó compras y contrataciones por un total de $14.760 millones para atender los efectos de la pandemia de Covid-19. De ese monto adjudicado, casi $2000 millones (el 13%) se realizaron por fuera del sistema Compr.ar, la plataforma de compras públicas del Estado. La mitad de ese monto –poco más de mil millones de pesos–- corresponde al Ministerio de Salud, encabezado por Ginés González García.

La pandemia dio el marco para un salto en las contrataciones por fuera del sistema electrónico de control, que comenzó a implementarse en 2016. Para tener una magnitud del monto, sirve ejemplificar que los $2000 millones equivalen prácticamente al gasto total de la Anmat, el organismo a cargo del control de los medicamentos.

Las cifras de las compras figuran en una minuciosa base de datos que elaboró el observatorio de la Fundación Poder Ciudadano, el cual se dedicó a monitorear las contrataciones que realizó el Estado desde que se detectaron las primeras irregularidades y sobreprecios en las compras que se efectuaron en virtud de la pandemia. Estos datos fueron sistematizados por el equipo del presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Jesús Rodríguez, quien adelantó a LA NACION que el año próximo este organismo de control del Congreso se abocará a auditar los gastos de la pandemia originados durante el año pasado.

Rodríguez advirtió que "el ecosistema de contrataciones está mostrando una gran opacidad" en el gobierno de Alberto Fernández.

El documento que elaboró el jefe de la AGN arroja dos conclusiones contundentes. En la primera se advierte sobre los "amplios márgenes de discrecionalidad" que tuvieron las compras "desde el punto de vista del procedimiento, debido a que bajo ciertas condiciones se puede realizar la contratación por fuera del sistema Compr.ar". Segundo, alerta sobre la "falta de sincronización entre portales que contienen información sobre compras y contrataciones de emergencia". Además, advierte que el sistema carece de criterios uniformes para la publicación de la información.

Según los datos relevados por el observatorio de Poder Ciudadano, desde que se decretó la emergencia sanitaria, el Gobierno registró información de 677 contrataciones, principalmente de bienes, realizadas por 62 organismos públicos, con fechas de adjudicación que van desde marzo a noviembre de 2020. Como ya se dijo, el monto total adjudicado de las contrataciones alcanzó los $14.760 millones: el 67% corresponde al Ministerio de Salud ($9838 millones) y el 14% ($2116 millones), al Ministerio de Desarrollo Social.

Tras procesar los datos sobre la cantidad de contrataciones, sus montos y los principales adjudicatarios, la presidencia de la AGN observó que el 50% del monto total se explica por la adjudicación a 8 empresas. La principal beneficiada, con contratos por un total de $2274 millones, es la empresa Tecme SA, firma que se dedica a la fabricación de respiradores artificiales, al igual que Leistung Ingeniería, que facturó casi $927 millones desde que se inició la pandemia.

Un caso sugestivo es el de la empresa Vialerg SA. Tal como publicóLA NACION en agosto pasado, esta firma, creada a fines de 2018, se dedicaba a la comercialización y mantenimiento vial para la construcción, pero con la llegada del coronavirus se metió entre las cinco empresas que más le facturaron al Gobierno: casi $950 millones. Los organismos públicos que mayor monto erogaron en sus respectivas contrataciones realizaron fueron, como se mencionó, los ministerios de Salud y de Desarrollo Social. En lo que respecta a la cartera que comanda González García, el 82% de la cifra total adjudicada correspondió a 12 empresas.

En lo que refiere al ministerio a cargo de Daniel Arroyo, se realizaron 19 adjudicaciones según el estudio. El 89% del total adjudicado se explica por 12 proveedores.

Del monto total de las contrataciones que efectuó el Estado, el 13% ($1951 millones) se realizó por fuera de la plataforma Compr.ar. Si, en cambio, se considera la cantidad de adjudicaciones, el 11% (48) esquivó el sistema electrónico. Si bien para los organismos estatales el uso de esta plataforma pública para invitar a los oferentes a cotizar es optativo, el no utilizarla puede dar lugar a arbitrariedades, advirtió el jefe de la AGN en su informe.

"Cuando una contratación se realiza por fuera del Compr.ar, la normativa indica que debe invitarse a mínimo a tres proveedores. Esta disposición genera el riesgo de que los proveedores sean elegidos con el objetivo de beneficiar a uno en particular", indicó Rodríguez.

¿Qué organismos públicos esquivaron el uso de esta plataforma? "Por importancia relativa, se destacan los siguientes organismos con cantidad de contratos adjudicados por fuera del Compr.ar: Ministerio de Turismo (50%), Ejército Argentino Hospital Militar Central (71%), Dirección Nacional de Migraciones (75%) y Universidad de La Matanza (57%)", detalla el informe.

En tanto, si el análisis se considera por monto, los organismos con mayores adjudicaciones por fuera de Compr.ar fueron el Departamento de Administración de Bienes (54%); el Ministerio de Turismo y Deportes (72%); el Ejército Argentino Hospital Militar Central (97%), y la Universidad de La Matanza (65%).

El Ministerio de Turismo explicó que el gasto realizado fue destinado a acondicionar las unidades turísticas Chapadmalal y Embalse como unidades de aislamiento extra hospitalarios, en caso de ser necesarios en el marco de la emergencia sanitaria. En Chapadmalal se dispusieron 690 camas mientras que en la de Embalse se instaló un espacio de aislamiento para pacientes con Covid positivo.

"Las auditorías deberían poner especial atención en aquellas contrataciones que se realizaron por fuera del sistema Compr.ar", recomendó Rodríguez en su informe. Pese a que el oficialismo de la AGN rechazó a la posibilidad de auditar en tiempo real los gastos que demandaba la pandemia, finalmente se acordó incluir esta cuestión en el plan de acción de la AGN 2021. Así lo acordaron los auditores y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.