Para los jueces, los linchamientos siempre son delito

Para los jueces, el Código Penal no deja dudas: los linchamientos son delitos y no están amparados ni justificados por la ley.

Los magistrados tienen visiones disímiles sobre las causas políticas o sociales de la reiteración de casos de las últimas semanas, pero los distintos jueces y especialistas en derecho penal consultados por LA NACION, de diferentes corrientes, coincidieron en que no hay norma que permita golpear a quien cometió un delito y ya fue detenido. Si el resultado es la muerte, los responsables habrán cometido un homicidio -probablemente agravado-; si son heridas, lesiones. No son casos que encuadren en la figura de "legítima defensa".

Así lo afirmaron a LA NACION Luis Cabral, el presidente de la Asociación de Magistrados, la máxima agrupación de jueces del país; la presidenta de Justicia Legítima, María Laura Garrigós; el director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral, Guillermo Yacobucci, y el director de la carrera de especialización de Administración de Justicia de la UBA, Julián Ercolini. Todos ellos son jueces penales. Lo mismo habían advertido ya dos magistrados de la Corte Suprema: Raúl Zaffaroni y Elena Highton.

Frente a quien acaba de cometer un delito, lo que puede hacer la gente (el "clamor público", en los viejos términos del Código Procesal Penal de la Nación) es perseguirlo, retenerlo y entregarlo a la autoridad. "Todo lo demás está prohibido por la ley -sostuvo Cabral-. Nadie puede golpearlo. No existe ningún tipo de autorización para eso. Un linchamiento es un homicidio agravado por la situación de indefensión de la persona."

Según él, la Asociación no se pronunció sobre los linchamientos porque "es un tema sobre el que no hay debate" que dar. "Es una conducta delictiva. El debate podría ser por qué pasa esto de forma repetitiva en la sociedad. Seguramente tiene que ver con una desconfianza en el sistema, pero eso que tal vez explica el fenómeno de ningún modo justifica", sostuvo.

Garrigós, que preside una agrupación que se presenta como "anticorporativa" y cuestiona a la Asociación de Magistrados, coincidió: "Esto es un delito. El agredido no se puede defender de algo que ya cesó, porque la agresión terminó". Es decir, no es un caso de "legítima defensa". Según ella, "los políticos están dando permiso para estas cosas" y "debería haber una reacción más activa de los jueces penales". La "legítima defensa" está prevista en el artículo 34 del Código Penal, que dice que no es punible "el que obrare en defensa propia o de sus derechos" cuando exista "agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla ,y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende".

Pena sin juicio

"El linchamiento no es una defensa, sino un castigo -advirtió Yacobucci-. El ataque ya cesó. Ni siquiera es una venganza privada, porque excede a la víctima. Es en realidad una pena fáctica, por lo tanto, ilegal. No puede haber pena sin juicio previo".

Yacobucci advirtió que los linchamientos ni siquiera pueden considerarse casos de homicidios o lesiones "en riña", que tienen una pena menor, porque éstos requieren que haya una mutua agresión, un "acometimiento mutuo", que no existe con una persona que ya fue detenida y reducida. La figura del homicidio o las lesiones en riña castiga a "todos los que ejercieron violencia" sobre la víctima cuando el ataque haya sido en el contexto de una "riña o agresión en el que tomaren parte más de dos personas" y no se sepa quién causó las heridas o la muerte.

Yacobucci recordó incluso el caso de una persona que inmediatamente después de un robo fue detenida, la víctima del robo le pegó y la Justicia condenó tanto al que lo golpeó como al policía que lo tenía bajo su custodia, por omisión, por haber violado su "deber de garante".

¿Los linchamientos obedecen a la falta de respuesta de la Justicia frente a la delincuencia? Cabral sostiene que no: "Evidentemente, si la sociedad reacciona así, hay algo que está fallando, o en la educación o en la cultura o en el funcionamiento institucional. Sobre todo cuando se da repetidamente. Pero no es cierto que no haya sanción a la infracción de la ley. Sí es cierto que hay una percepción distinta en muchos sectores de la sociedad".

Garrigós afirmó: "Puede ser que la gente crea que aumentó el delito y que no se castiga, pero no es así. Y en materia de vigilancia, ¿qué se pretende? ¿Tener un policía al lado de cada tipo? Ese nivel de vigilancia es impracticable".

Ercolini lo resumió así: "Más allá de cada caso concreto, apalear a una persona, un linchamiento propiamente dicho, no tiene ningún justificativo legal. La discusión es otra, es social, es política".