Pese al pedido del FMI, el Gobierno no dará marcha atrás con la moratoria previsional

Pese al expreso pedido del FMI, el gobierno de Alberto Fernández no revisará ni dará marcha atrás con la moratoria previsional, que por ley del Congreso permitirá que se jubilen más de 800.000 personas que no cumplen con los años de aportes establecidos para obtener el beneficio.

“Ya promulgamos la ley. No hay nada nuevo y no hay ninguna posibilidad [de revisarla]”, afirmaron a LA NACION muy cerca del ministro de Economía, Sergio Massa, quien el sábado obtuvo del organismo internacional de crédito la flexibilización del programa económico, justificado por la sequía que afectó la acumulación de reservas internacionales, y la liberación de un nuevo giro por US$5400 millones.

En un comunicado publicado horas después de la aprobación de su board, el FMI pidió expresamente morigerar la reforma jubilatoria, a tono con el pedido de bajar al 1,9 por ciento el déficit fiscal. “El costo fiscal de la nueva moratoria de pensiones debe mitigarse a través de regulaciones estrictas para apuntar la entrada solo a aquellos con mayor necesidad”, expresó el organismo internacional de crédito en un comunicado firmado por Gita Gopinath, primera subdirectora gerente del FMI.

La reforma previsional se convirtió en ley el 28 de febrero pasado, durante la única sesión en la que la Cámara de Diputados se abocó a tratar el temario enviado por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias. El proyecto aprobado establece un plan de pagos para miles de aportantes al sistema que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para obtener la jubilación y la obra social. La ley se aboca, por sobre todo, a personas que llegaron a la edad de jubilarse (60 años en las mujeres, 65 en los hombres) pero que por distintas razones no completaron los aportes necesarios para lograr el beneficio por parte del Estado.

En su carta, el FMI también pidió “garantizar que las tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos avancen para alinearse completamente con los costos, incluyendo para reducir la regresividad del sistema”. En relación a este tema, y según fuentes del Ministerio de Economía, Massa no avanzará con los aumentos proyectados hasta que la mayor parte de los usuarios residenciales –que aún no lo hicieron– completen su declaración sobre ingresos y posibilidades de pago.

Según cálculos oficiales, en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para luz y gas aún no se anotaron unos 3,2 millones de hogares, y sólo hay 1,1 millón de hogares de altos ingresos que se inscribieron. “No vamos a avanzar en la segmentación que firmó [Martín] Guzmán hasta que no se anoten todos”, expresaron desde el Gobierno.

En el entorno del ministro de Economía se mostraron más que conformes con el acuerdo alcanzado con el organismo. “Tuvimos la pandemia, después la guerra en Ucrania, la peor sequía de la historia y una crisis financiera global. Es un contexto muy complejo”, justificaron. Y a tono con las críticas que Massa recibió luego de conocido el 6,6 por ciento de inflación -críticas que desde Economía atribuyeron a funcionarios cercanos al presidente Fernández- cerca del ministro hablaron de la “irresponsabilidad” de esos dirigentes.

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