Polémica por la firma de Chubut en el pedido de juicio a la Corte
En el documento aparece el aval del gobernador Mariano Arcioni, cuando en realidad está de licencia y delegó el mando de la provincia en el vice, que no firmó
LA NACION
En el pedido de juicio político que impulsa el Gobierno nacional contra los jueces de la Corte Suprema aparece, como uno de los firmantes, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. Sin embargo, anoche surgieron reparos sobre la validez de ese aval porque Arcioni se encuentra de licencia hasta el próximo 8 de enero y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo provincial, Ricardo Sastre, no suscribió la solicitud contra los magistrados del máximo tribunal del país.
Según pudo establecer LA NACION en fuentes confiables, la postura de Chubut frente a la embestida contra la Corte ha generado discusiones internas en el gobierno provincial. Arcioni apoyaría la decisión de Alberto Fernández de avanzar contra los jueces, pero al estar formalmente de licencia no estaría habilitado para suscribir el pedido de juicio político. Su firma, entonces, resultaría inválida y el que avale debería ser el vicegobernador, en ejercicio del mando, quien sin embargo no firmó, según pudo verificar este medio. El vicegobernador Sastre tampoco participó de la reunión convocada ayer por el Presidente.
El apoyo de los gobernadores al pedido de juicio contra la Corte generó un fuerte ruido político. Al menos tres de los que habían apoyado inicialmente las críticas al tribunal por su fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires decidieron no respaldar la embestida ordenada por el Presidente. El entrerriano Gustavo Bordet, el sanjuanino Sergio Uñac y el puntano Alberto Rodríguez Sáa no firmaron. El caso de Bordet fue particular, porque el Gobierno lo incluyó entre los firmantes y luego debió retirarlo.
Chubut quedó, así, en una suerte de limbo, con un respaldo atribuido a su gobernador que, en realidad no se encuentra en funciones y por lo tanto no estaría habilitado para suscribir un acto formal como es el pedido de juicio político contra magistrados de la Corte nacional.
La decisión del Gobierno es acelerar al máximo su embestida contra el máximo tribunal y presentar en las próximas horas el pedido de juicio político contra todos sus integrantes. La intención es que empiece el recorrido legislativo en el marco de un llamado a sesiones extraordinarias.
El aval de Chubut, según especulaban anoche algunas fuentes, podría ser motivo de impugnación si el que firma es un gobernador en uso de licencia.
El caso expone las diferencias que ha provocado la ofensiva contra la Corte en amplios sectores del oficialismo. Los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Santa Fe, Omar Perotti, ya habían tomado distancia desde el comienzo de los ataques de Fernández contra los magistrados del máximo tribunal.
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