Preocupación por la sanción de la Defensoría del Público contra Viviana Canosa

La Defensoría del Público es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que actúa frente a denuncias de las audiencias de radio y televisión. Manifestó este martes una “profunda preocupación” ante el anuncio de la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual del inicio de un proceso para sancionar al Canal América TV y a la conductora Viviana Canosa, como consecuencia de información que fue difundida en su programa “Viviana con vos”.

En el programa emitido el 6 de abril, la conductora hizo referencia a una presunta adulteración de los hisopados de Covid-19 y, conforme a la interpretación de la Defensoría, esa información puede ser un mensaje peligroso para la salud pública. Según consta en el comunicado difundido por el organismo, Canosa manifestó: “Ayer me contaban que hay una denuncia gravísima porque en determinados lugares los hisopados tienen unas cosas extrañas que, bueno, te ponen eso y te va a dar positivo porque en realidad no sos vos. ¿Para qué? Para meterte en tu casa”.

En ese sentido, expresa el comunicado, se hizo un análisis socio-semiótico llevado adelante por la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, que depende de la ya mencionada Defensoría, el cual estableció que “la conductora mediatiza un discurso que promueve el pánico social, la alarma y desinformación acerca del sistema de testeos”. Como consecuencia de esto, el organismo evalúa solicitar sanciones al programa y a la conductora a través del inicio de un sumario.

Ante esta situación, el organismo que defiende la libertad de expresión apuntó contra el organismo que conduce Miriam Lewin. “Fundación LED, junto con otras organizaciones especializadas en defensa de la libertad de expresión, como ADEPA, Fopea y distintos referentes de ámbitos académicos y periodísticos rechazaron la medida considerando el objetivo de ese observatorio “NODIO” implicaba un indirecto control editorial que podía ser utilizado como herramienta de censura, al intentar establecer una “verdad” o un ajuste a la corrección de las noticias al criterio de los funcionarios del gobierno de turno”, manifiestan a través de un comunicado.

Según detalla la Fundación LED, no corresponde a la Defensoría del Público hacer este tipo de análisis ni tampoco tiene autoridad para aplicar sanciones. “El cumplimiento de lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley Nº 26.522) marca que esa competencia está reservada como una facultad del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)”, indicaron.

Por otra parte, sostienen que “la periodista hizo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de prensa, al opinar sobre información que obtuvo de fuentes que ella puede elegir revelar o no de acuerdo a los principios constitucionales establecidos en el artículo 43 de la Constitución Nacional”.

Y aseveran: “Bajo ninguna circunstancia puede sancionarse o restringirse el accionar de la periodista sin incurrir en una limitación al ejercicio de las garantías que consagra nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que la integran”.

Por último, el comunicado enuncia que LED ha advertido con anterioridad sobre una “creciente tendencia de la Defensoría del Público y de otros ámbitos del gobierno, de avanzar sobre el control de contenidos audiovisuales”. Por lo tanto, concluye que “se seguirá con atención la evolución de este caso, pondrá el mismo en conocimiento de los organismos internacionales específicos y continuará con su labor de defensa y difusión de los estos principios fundamentales para el desarrollo de una sociedad democrática”.

La Defensoría del Público es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que actúa frente a denuncias de las audiencias de radio y televisión.

El reclamo hecho por este organismo público, firmado por la titular, Miriam Lewin, será informado al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y también al Ministerio de Salud de la Nación. Se le propuso al canal una “instancia de encuentro para profundizar las cuestiones planteadas y evaluar la posibilidad de realizar una reparación simbólica”.

LA NACION

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