Qué piensan hacer los candidatos con la política social: planes, piqueteros y reinserción laboral

Entre los múltiples frentes que se abren para los candidatos a la presidencia se encuentra el desafío de atender el llamado urgente y condicionante de quienes dependen de la asistencia estatal como complemento para llegar a fin de mes. El Potenciar Trabajo (PT), por caso, el último nombre de uno de los principales programas en el área social, inició una pronunciada curva ascendente desde 2013 cuando la economía entró en un proceso de decaimiento sostenido. La administración de Mauricio Macri duplicó el programa -que llevaba otro nombre- y la del presidente Alberto Fernández replicó el movimiento: hoy el Potenciar Trabajo, que tiene como contraprestación 4 horas diarias de trabajo en un sinfín de sectores y tiene cerca de 1.3 millones de beneficiarios.

La expansión del gasto público, del que el PT es solo una muestra, no fue en detrimento de la pobreza, tal como señala un trabajo de Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), publicado en 2021, que no ha perdido actualidad: hoy la pobreza supera el 41%, según los últimos publicados por el INDEC y la partida presupuestaria del ministerio de Desarrollo Social se ha visto ampliada en más de una oportunidad a lo largo del año.

En ninguno de los frentes políticos que exhiben chances reales de tomar las palancas del Estado a fin de año circula la idea de suprimir la asistencia a los sectores más vulnerables, pero en todos ellos, con diferencias en los plazos y en las formas, se tiene como meta una transición hacia el empleo; un faro con una luz cada vez más mortecina en la última década.

“En cuatro años no vamos a tener ningún plan social”, prometió la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el viernes pasado en una actividad que mantuvo con jubilados en Vicente López. Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel y su vocero en el área social, le puntualizó a LA NACION: “Los planes son la no política social. Son soluciones de emergencia”, al tiempo que señala la clave para poder revertir la tendencia señalada: atender el umbral hacia la pobreza.

“La Argentina tiene un problema de flujo hacia la pobreza. Tenemos más chicos menores de 18 años pobres que adultos pobres. Es una realidad del país con la que convive hace más de 30 años”, resalta y detalla un plan social con etapas segmentadas por edad: en la primera infancia (de 0 a 4 años) el foco estará puesto en la nutrición, la salud, y la generación de un entorno familiar propicio para el desarrollo; en la segunda instancia (de 4 a 15) el eje central es la escolaridad, con seguimiento también en la nutrición y las vacunas; y, entre los 15 y los 18 años, el esfuerzo se concentra en la terminalidad educativa, con un vínculo “blando” hacia el empleo. Todo ello, explica De la Torre, apalancado en un esquema de incentivos que retribuyan el cumplimiento de una serie de índices como talla, peso, y exámenes educativos.

“La idea es cambiar el subsidio por el incentivo. Todas estas son obligaciones provinciales. Las provincias serán recompensadas a medida que mejoren sus índices”. El objetivo, detalla, es poner a todos los chicos de 18 años “en la misma línea de largada”.

En lo relativo al empalme entre los planes y el trabajo, y la “urgencia” de los sectores instalados en la vulnerabilidad social, el camino señalado por el exministro de Producción bonaerense de María Eugenia Vidal es trabajar en un “fuerte plan de capacitación de 2 años” para que los menores de 30 años que reciben el PT -”un 39%”, precisa- puedan insertarse en el mercado laboral formal, garantizando, a su vez, un piso alimentario para el segmento de la población en situación de pobreza extrema.

Daniel Arroyo, diputado de Unión por la Patria y una de las voces autorizadas en el área social, destaca un programa en curso del oficialismo que cuenta con media sanción en la Cámara baja en su camino a convertirse en ley.

“Puente al empleo”, nacido en 2022, incentiva la contratación de beneficiarios del PT con deducciones impositivas para las pequeñas y medianas empresas, y apunta a transformar la asistencia en un complemento salarial durante los 12 o 24 meses, según el rubro, que dure el empalme.

Otra eje es fomentar el trabajo que los beneficiarios ya realizan: “Un gran número de beneficiarios son cuentapropistas. La idea es implementar un esquema de apoyo para fortalecer su trabajo con créditos no bancarios, a tasas muy bajas, para acceder a maquinas, herramientas y bienes de capital”, dijo a LA NACION.

En relación al “umbral” hacia la pobreza, señala: “Tenemos un 56% de pobreza en los menores de 14 años. Hay que construir 3000 mil jardín de infantes –que faltan- para que los chicos de 3, 4 y 5 años”. Por fuera del componente educativo, Arroyo señala que ese marco de contención mejora la “calidad nutricional” y la “sociabilidad” y tiene como norte mejorar el desarrollo del ciclo educativo para nivelar y que “todos los chicos estén iguales en primer grado”.

Por el lado de La Libertad Avanza, la pata social no escapa al plan de gobierno “por etapas” apuntado por su candidato Javier Milei, que se irá desenvolviendo conforme las “ideas de la libertad” se asienten. La principal innovación es una modificación en la organización de la aparato estatal. El Ministerio de Desarrollo Social, hoy en manos de Victoria Tolosa Paz, pasaría a estar bajo la órbita de una nueva cartera: el Ministerio de Capital Humano. “Es el motor de crecimiento económico y ese proceso comienza cuidando a nuestro chicos”, dice el plan de gobierno, en alusión a la nueva cartera.

“Hasta tanto la Argentina no haya adoptado el modelo económico de la libertad que permita la creación de riqueza, la generación de trabajo, y el bienestar social, eliminar la asistencia social es un crimen”, se lee en la plataforma libertaria.

Cerca de Sandra Pettovello, cabeza del nuevo ministerio en un eventual mandato de Milei, destacan que la eliminación de los planes se enmarca dentro de las reformas de segunda generación, “una vez que ya no se necesiten”, aclaran.

En la primera instancia de esas reformas se encuentra un plan de flexibilización laboral en contacto con el recorte de los planes sociales. Se trata de una reforma modelada por el esquema laboral de la UOCRA, con un “seguro de desempleo con mayor profundidad financiera” que incentive la contratación y permita que “los 8 millones de argentinos que se encuentran fuera del sistema [laboral] puedan incorporarse al mismo”.

Movimientos sociales

Las primeras manifestaciones articuladas de este nuevo actor social se dieron después de las crisis del 2001. Desde allí los movimientos sociales han ganado relieve y protagonismo en la escena pública, a tal punto de tener expresiones políticas con aspiraciones de poder y contar con terminales en el actual gobierno.

La Secretaría de Economía Social, por caso, dirigida por Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, se encuentra dentro de Desarrollo Social, administra un presupuesto de más de un billón y medio de pesos, y entre directores, coordinadores y subsecretarios, se alza como una de las secretarías ministeriales más pobladas.

El grueso del presupuesto se divide entre las políticas alimentarias (más de 440 mil millones de pesos) y el PT, para el cual se destinan casi 600 mil millones de pesos. Patricia Cubría, pareja de Pérsico, pugnó y perdió con Fernando Espinoza, histórico mandamás peronista de La Matanza, para convertirse en intendenta del distrito. Mariel Fernández, jefa comunal de Moreno y pareja de Eduardo “Gringo” Castro, líder de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) , es, según destacó en declaraciones radiales, la “primera intendenta de los movimientos sociales” y tiene serias chances de estirar su mandato.

La mediación que ejercen los movimientos en la entrega de los planes sociales es, cuanto menos, vista de reojo por buena parte de la dirigencia política. Cortar este hilo, que según remarcan desde distintos sectores encuentra no pocas desviaciones, es una meta explicitada en JxC y LLA.

Dentro de las reformas que el Ministerio de Capital Humano impulsa se encuentra “la eliminación de todos los intermediarios de programas sociales”, para pasar a brindar una asistencia directa “a través de sistemas tipo ‘sube’”, una modalidad similar a la de la Tarjeta Alimentar.

En el entorno de Milei avizoran una relación conflictiva con los movimientos. La apuesta, aseguran fuentes del espacio, es tener un vínculo fluido con los gremios –el acercamiento a Barrionuevo es un primer indicio de esa proyección- e impulsar la flexibilización laboral para lograr mayores incentivos en la contratación.

De la Torre levanta la guardia al ser consultado sobre la intermediación. “Gobierno que se deja extorsionar, deja de ser gobierno”, arremete. “Cuando un gobierno se sienta a negociar con un grupo social porque le cortó la ruta se le da una señal al resto de la sociedad sobre el modo en se negocia con el gobierno”, apunta. “Por un lado, habilita un sistema extorsivo como forma de relación, y le dice también a la población que se siente identificaba con un dirigente social que la única forma que tiene de conseguir lo que necesita es esa”, completa.

El senador provincial de JxC traza una distinción: “A los dirigentes sindicales se los elige, y sus ingresos no proviene del Estado en su totalidad. Tienen que cumplir estatutos y tienen representatividad. A los dirigentes sociales no los elige nadie, son parainstitucionales”, compara.

Por su parte, Arroyo, exministro de Desarrollo Social de Fernández, apunta a la universalización de los planes sociales como mecanismo para evitar desviaciones y arbitrariedad en la mediación. “La forma de evitar cualquier intermediación, es la universalización. El acceso automático, como en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Para que no haya vivos en el medio, el mecanismo es la universalización. Tenemos que lograr avanzar sobre ese plano”, proyecta y destaca los “varios roles” que los movimientos sociales realizan en los barrios más postergados. (Polos productivos, merenderos, comedores, etc.)

Arroyo hace especial hincapié en la necesidad de que ciertos sectores productivos asociados a los sectores más vulnerables logren despegar. “Si la Argentina del futuro solo crece en base a la minería, al software, al mundo del conocimiento y a la energía, va a resolver parte de sus problemas económicos, pero no va a resolver su problema social”, precisa, para destacar la importancia “fundamental” de que la construcción, la industria textil, la producción de alimentos, cuidado de personas, y el reciclado, muestren también signos de crecimiento.

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