A lo largo de 40 años de democracia, varias veces la relación entre los gobiernos y los medios sufrió tensiones; el mayor conflicto se produjo en 2009, a partir del debate de la ley de medios
A cuarenta años de la recuperación de la democracia, es bueno reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la libertad de expresión hacia el futuro y repasar el camino que, desde 1983, fue transitando como uno de sus factores fundacionales.
La opinión escrita, la información, las noticias, las expresiones culturales y artísticas fueron censuradas o restringidas y la disidencia fue perseguida con todo el aparato represivo de la dictadura militar. Mucho antes de que el concepto de libertad se abriera paso masivamente, como una marea incontenible, las voces críticas fueron fortaleciéndose hasta desbordar los límites de la represión de manera irrevocable.
La sátira periodística de las revistas, las entrelíneas de los articulistas que con audacia desafiaban la feroz censura y los cientos de escritores, autores y periodistas que nunca se callaron a pesar de la persecución o el exilio, ni retrocedieron por la muerte de muchos de sus compañeros o los atentados, marcaron la fuerza que la palabra tiene en la recuperación de la libertad y la relación vital que el derecho a decir guarda con la democracia.
Luego del triunfo en las elecciones de Raúl Alfonsín y en pleno proceso de juzgamiento a las Juntas Militares, el “Nunca más” del fiscal Julio Strassera resonó fuerte. Nunca Más al horror, Nunca Más a la represión, Nunca Más al silencio.
Los medios audiovisuales fueron devueltos progresivamente al sector privado, se otorgaron nuevas licencias de radio y TV y la pluralidad cultural, artística e intelectual volvió a las pantallas, las bibliotecas y los claustros.
Durante los años iniciales surgió el primer consenso sobre la importancia que la pluralidad de voces tiene para la salud de la democracia. La propuesta de modificación de la ley de radiodifusión sancionada en 1980 por los militares y los principios establecidos por el Consejo para la Consolidación de la Democracia forjaron las bases sobre la importancia de la diversidad en la comunicación social y la necesidad de alejarla de la hegemonía estatal.
Una década después, un grave episodio interrumpió el camino de creciente afianzamiento de la libertad de expresión en el país. El 25 de enero de 1997, el reportero gráfico José Luis Cabezas fue asesinado en las afueras de Pinamar por retratar al empresario más poderoso de la época con fuertes vinculaciones al Gobierno. Su muerte constituyó un símbolo de lucha por la libertad de expresión en la era democrática.
El mayor conflicto
La relación Gobierno-medios sufrió tensiones, varias veces, en estos 40 años. El mayor conflicto se dio en 2009, a partir del debate de la ley de medios.
Sobre la necesidad de modificar la ley de 1980, y ampliar la pluralidad, se buscó generar condiciones para favorecer la hegemonía comunicacional del “relato”. A través de una norma partidizada, se buscó monopolizar licencias de radio y TV, con el fin de inclinar líneas editoriales, y darle mayor espacio a los medios del sector público o a medios comunitarios fuertemente vinculados con el partido gobernante.
Se intentó establecer una política regulatoria, desde la captación de la línea editorial a través de millones de pesos asignados a pauta publicitaria oficial hasta la censura indirecta por negación de recursos a los medios críticos o independientes. Sobre los finales de la administración de Cristina Kirchner se intentaron acciones confiscatorias que incluyeron el envío de fuerzas de seguridad a medios de comunicación.
Más recientemente, durante la pandemia de Covid-19, la libertad de expresión volvió a estar restringida por medidas sanitarias de impedimento de circulación. La Corte Suprema volvió a fallar en favor de la libertad de expresión, como en tantos otros momentos desde 1983. Con los fallos “Editorial Río Negro” (2007), “Perfil” (2011) y “La Cornisa” (2016), se condenó la censura indirecta ejercida mediante la discriminación en la asignación de la pauta oficial. Con los fallos “Rodríguez, María Belén” (2014) y “Gimbutas, Carolina” (2017), el máximo tribunal abogó por la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet y con el reciente fallo “De Negri, Natalia” (2022), fijó los límites del derecho al olvido, evitando que colisione con la libertad de expresión en su dimensión colectiva.
Nuevos desafíos
Los desafíos que se plantean luego de estos 40 años de vaivenes en el ejercicio pleno de la libertad de expresión son mucho mayores. Los intentos para regular las fake news o el discurso de odio, creando observatorios para perseguir el origen y veracidad de la información periodística ponen en riesgo los preceptos constitucionales. La permanente acusación a la prensa de desinformar y los más de 180 casos anuales de agresiones a medios y comunicadores que se verifican en el país hablan de una democracia que aún necesita ratificar los principios básicos de no injerencia del poder gubernamental sobre la labor periodística.
La garantía de confidencialidad de las fuentes informativas estuvo varias veces amenazada, como con la orden judicial que instruyó a la Comisión Provincial de la Memoria a controlar publicaciones e indagar origen y fuentes de las notas publicadas en los diarios. Además de varias denuncias de espionaje sufridas por periodistas de investigación, la reciente citación a hombres y mujeres de prensa para presentarse a declarar en el proceso parlamentario de juicio político iniciado por la mayoría oficialista contra los ministros de la Corte también atenta severamente contra la protección de fuentes y de la independencia de la labor periodística.
Como elemento distintivo, preocupa gravemente la hostilidad creciente. El narcotráfico y el crimen organizado avanzan sobre la prensa. Decenas de periodistas amenazados y balaceras contra las instalaciones de los medios de comunicación en Rosario requieren una acción firme del estado de modo urgente.
La revolución digital y la innovación tecnológica cada día más acelerada plantean, además, nuevos desafíos.
Los algoritmos que refuerzan los sesgos de confirmación limitando la pluralidad y el intercambio de ideas y opiniones en redes sociales, y las aplicaciones basadas en Inteligencia Artificial Generativa, como GPT-4 de OpenAI, Dall E, o el chat conversacional experimental Bard impulsado por LaMDA, abren nuevos interrogantes sobre la vinculación de la sociedad con la palabra, los nuevos formatos periodísticos, la información objetiva y la construcción de la opinión pública en sociedades cada día más polarizadas.
Por todo esto, es importante recordar a 1983 como el año en que la democracia recuperó la vigencia plena de la libertad de expresión en la Argentina, pero también es relevante reconocer los momentos de fragilidad que seguimos atravesando luego de 40 años. Para poder definitivamente obtener una democracia robusta, debemos despejar las múltiples amenazas que siguen acechándola. La libertad de expresión y la libertad para el ejercicio independiente del periodismo son garantías que nunca más pueden estar en debate.
* La autora es presidenta de la Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia
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