Responsabilizan al gobierno nacional

Intelectuales y trabajadores de la cultura reunidos en el grupo Plataforma 2012, cuyo lema es recuperar el pensamiento crítico en el país, denunciaron "los vínculos del gobierno nacional con las grandes corporaciones económicas", a raíz de la tensión registrada con grupos ambientalistas y pobladores de Tinogasta, en Catamarca, que fueron reprimidos por protestar contra las explotaciones de megaminería a cielo abierto.

En una declaración, el movimiento intelectual, que se contrapone con el espacio kirchnerista Carta Abierta, advirtió que "la criminalización de la protesta es una política represiva nacional que está siendo profundizada".

Firman el pronunciamiento la médica psiquiatra Diana Kordon, el jurista Roberto Gargarella, la socióloga Maristella Svampa, la dramaturga Patricia Zangaro, el historiador José Emilio Burucúa, los escritores Gabriela Massuh y Osvaldo Tcherkaski, el economista Rubén Lo Vuolo, el investigador Javier Lindenboim, el actor Héctor Bidonde, el artista Gabriel Levinas y el experto en gestión cultural José Miguel Onaindia, entre otros.

Tras señalar que la Presidenta sostiene el "viejo orden neoliberal de los años 90", los intelectuales señalan que Cristina Kirchner "no sólo ha buscado alentar la inversión minera, sino que también dio muestras claras de apoyo a la megaminería". Y añaden que "lejos de ser una rémora del viejo orden liberal, este ordenamiento jurídico-económico tiene su apoyo incondicional en las políticas nacionales desde 2003".

La agrupación identificó, así, la gestión kirchnerista con el gobierno de Carlos Menem, al señalar que se mantienen los marcos legislativos de 1990. Mencionaron, en ese sentido, el veto presidencial de 2008 contra la protección de los glaciares, las reuniones presidenciales con el CEO de la empresa Barrick Gold, la violación de los derechos ambientales y el resguardo de los legisladores oficialistas que no permiten la discusión de proyectos para modificar la reglamentación de la explotación de los recursos naturales.

"La retórica épica sobre las bondades de la política minera se complementa con el ocultamiento y la negociación de sus efectos devastadores", afirmó el comunicado, firmado por unos 30 intelectuales.

Para evitar situaciones como las que se registran en Catamarca, los intelectuales reclamaron la necesidad de debatir e impulsar una reforma integral del Código de Minería y la derogación de la ley de inversiones mineras, con el propósito de "evitar la destrucción de los bienes comunes y el despojo colonial de nuestras riquezas".

Pidieron, además, la aplicación efectiva de la ley de protección de los glaciares, la recomposición ambiental de las zonas afectadas, mecanismos participativos y de democracia directa y el cierre de todas las causas abiertas a los ciudadanos criminalizados por manifestarse contra la megaminería.