Revelan una total falta de control en la APE

La Administración de Programas Especiales (APE) no sólo carece de controles internos, sino que sus expedientes se manejan con criterios discrecionales y son plausibles de favoritismos políticos. El lapidario diagnóstico se desprende de la lectura del último informe que elaboró la Auditoría General de la Nación (AGN) y que se tratará esta semana.

La Nacion obtuvo el informe completo de la AGN, que a las irregularidades particulares que se fueron conociendo la última semana suma los datos generales, financieros y operativos de la APE, el organismo encargado de reintegrar fondos a obras sociales sindicales por tratamientos de alta complejidad. Para eso recibe el 15% de los recursos que los trabajadores aportan a su obra social y maneja un presupuesto anual de 1100 millones de pesos.

¿Cómo se controla esa cifra millonaria? Como describe la AGN (que analizó el período 2005-2010), la Unidad de Auditoría Interna de la APE nunca fue habilitada ni ocupada, a pesar de que hay un decreto que ordena hacerlo. Tampoco se designó a los miembros de la Comisión Médica de Auditoría Externa.

Por lo demás, la AGN hace graves observaciones sobre las revisiones durante el derrotero que sigue cada expediente hasta su aprobación.

Por ejemplo, no se verifica ni la identidad ni la firma ni el registro de los médicos o los prestadores involucrados. También hay problemas para detectar si los troqueles de los medicamentos presentados son falsos, porque el procedimiento interno hace que terminen "señalizados con tinta indeleble y cubiertos por cinta adhesiva", dice textualmente la auditoría.

Discrecionalidad

Pero aunque los expedientes fueran todos rigurosamente fidedignos, la AGN cuestiona el criterio para aprobarlos. "La derivación de los expedientes a los analistas no es automática a través del sistema, sino manual, lo que posibilita discrecionalidad en el tratamiento de los mismos", resume.

La auditoría critica que "no se respeta el criterio primero entrado, primero salido", y señala que para resolver el atraso en el estudio de los expedientes se resolvió empezar por los de mayor importe, hasta cubrir una ejecución del presupuesto de $ 5 millones por día.

En este contexto de opacidad, no es de extrañar que algunas obras sociales tengan un número récord de expedientes tramitados en promedio por afiliados y que otras apenas usen las prestaciones de la APE.

En una de las planillas del trabajo, se consigna que entre 2009 y 2010 las obras sociales que más apoyos financieros solicitaron a la APE (en promedio, según su número de afiliados) fueron la que agrupa a los choferes de colectivos (un reclamo cada 92 afiliados) y la de camioneros (uno cada 122 afiliados).

Al final de la planilla, en cambio, se ubica la obra social de los empleados de comercio (con un expediente en la APE cada 495 afiliados) y la del personal rural y estibadores (uno cada 694 socios).

"Esta es la caja negra para disciplinar al sindicalismo, y cuando se analiza año por año, se ve que a mayor cercanía con el poder político más expedientes te aprueban. En los 90, las obras sociales más favorecidas eran las de los sindicatos menemistas, y ahora Moyano", opinó la diputada Graciela Ocaña (Udeso), que cuando fue ministra de Salud impulsó esta auditoría.

Deuda multimillonaria

Como publicó La Nacion el jueves pasado , el dato más llamativo de la auditoría es que las obras sociales sindicales mantienen con el sistema de salud una deuda de $ 689 millones por montos que todavía no rindieron a la APE (que les adelanta fondos bajo la modalidad de subsidios).

Cuando se analiza los gremios que más dinero tienen por rendir desde los 90, encabeza la lista la obra social que agrupa a los empleados de comercio (liderada por el ex menemista Armando Cavalieri), con $ 186 millones. Le sigue la del personal civil de la Nación ($ 55 millones), la bancaria ($ 48 millones) y la de sanidad ($ 31 millones). Un poco más atrás, están los gastronómicos de Luis Barrionuevo ($ 19 millones).

Otro dato llamativo es la variación que algunas obras sociales sufrieron en el cobro por algunas patologías, que la AGN analizó en detalle.

Si se observa el cuadro de seguimiento de expedientes por hemofilia, se observa que en 2008 la obra social bancaria cobró un 298% más que en 2007 por esta enfermedad (llegaron a $ 3,5 millones) y en 2010 los metalúrgicos cobraron un 762% más que el año anterior ($ 3,1 millones).

Estas grandes variaciones interanuales se dan en otras patologías, pero la mayor es la que experimentó la obra social del personal rural en relación con el sida, porque pasó de cobrar 13.000 pesos en 2007 a 272.000 en 2008 (el monto creció un 1865%). De todas maneras, una cifra ínfima comparada con el resto.

En medio de estas irregularidades, el Gobierno instruyó a Liliana Korenfeld, la flamante gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), para que vigile de cerca el organismo, y el miércoles echó de una de las gerencias de la APE a Christian Asorey, el yerno del sindicalista Hugo Moyano.

"Ojalá que en su lugar no pongan a los nuevos gremios oficialistas que van a poner en la CGT", avisó Ocaña.

Bajo sospecha

?Deuda impaga. Las obras sociales sólo rindieron cuenta por el 34% de ese monto ($ 405 millones), mientras hay un 57% ($ 689 millones) por el que no presentaron los avales o documentación correspondiente. Hay otro 5% que las obras sociales tuvieron que devolver y un 4% de montos revocados.

• Ranking de subsidios pendientes de rendir. Empleados de comercio ($ 186 millones), UPCN ($ 55 millones), bancarios ($ 48 millones), sanidad ($ 31 millones), seguros ($ 29 millones), docentes ($ 23 millones), conductores de colectivos ($ 19 millones), gastronómicos ($ 19 millones), Ministerio de Economía ($ 17 millones), metalúrgicos ($ 16 millones).

• Sin control. En su informe, la AGN marca que hubo programas que nunca se crearon o no se controlan, como el de otorgamiento de implantes cocleares, el de control de la enfermedad de Chagas, el de cobertura de factores de coagulación para pacientes bajo tratamiento profiláctico de la hemofilia y el registro de prestaciones de alta complejidad con contrato de riesgo.