San Luis: se aceleran más nombramientos polémicos de Alberto Rodríguez Saá antes de dejar el poder

En San Luis, se produjeron ayer nuevas designaciones de funcionarios públicos que generaron controversia y se añadieron a las creaciones de cargos en la Legislatura que, entre otras medidas, motivaron una marcha de la oposición contra el gobernador Alberto Rodríguez Saá, el último lunes, para denunciar que intenta armar un “gobierno paralelo” tras la derrota del oficialismo en las elecciones provinciales. En Asamblea Legislativa, se aprobó la designación de dos funcionarios del gobernador como miembros del Tribunal de Cuentas, mientras que avanzó también el nombramiento como Defensor del Pueblo de un candidato oficialista a la intendencia de San Luis, que cayó derrotado en las elecciones del 11 de junio último.

Como miembros del Tribunal de Cuentas fueron designados Cecilia Badaloni (actual secretaria de Finanzas ) y Daniel Marone (contador general del gobierno provincial). En tanto, Enrique Ponce fue designado Defensor del Pueblo. Ponce fue candidato a intendente de la capital provincial en las elecciones del 11 de junio, dentro del lema del gobernador, y perdió (salió segundo dentro del lema, en unos comicios que ganó la oposición, con Gastón Hissa como candidato).

El nombramiento de Badaloni avanzó con apoyo oficialista y opositor en la Asamblea Legislativa. Fuentes opositoras señalaron a LA NACION que ese apoyo se debió a “que la mayoría tiene el derecho de proponer a quien considera que debe ocupar el cargo”. En el caso de Marone, la oposición se retiró del recinto de la Legislatura provincial a la hora de votar, ya que había propuesto a otro candidato, pero terminó imponiéndose la propuesta de Mario Alume, un diputado aliado a Rodríguez Saá que cuenta con un monobloque e impulsó a Marone. Permanecerán en esos puestos hasta 2025.

En el caso del Defensor del Pueblo, cargo que estaba vacante en San Luis desde 2004, los opositores no votaron al candidato, que durará un año en el puesto, con un sueldo idéntico al de un diputado provincial, según establece le Ley de Defensoría del Pueblo provincial.

Hissa, que además de intendente electo de San Luis es diputado provincial, dijo ayer que “se trata de otra jugarreta para poder cobijar a los 2000 funcionarios”, según indicó el sitio El Chorrillero.

Las designaciones de ayer se suman a la creación de 53 cargos en la Legislatura, 50 de ellos con estabilidad laboral. Esa medida fue una de las que desataron la convocatoria a una marcha contra el gobernador, el lunes, encabezada por Poggi y en la que participó también Adolfo Rodríguez Saá, que está enfrentado con su hermano y se incorporó al frente opositor que llevó a Poggi como candidato.

Desde la oposición sostuvieron que el gobernador profundizará medidas controvertidas en los meses que le quedan de mandato. Aseguraron que están alertas ante la posible puesta en marcha de una ley de coparticipación “para darles todos los fondos a los intendentes” y desfinanciar a Poggi, entre otras posibles iniciativas.

San Luis recibió ayer las visitas de los precandidatos presidenciales Sergio Massa y Patricia Bullrich. Massa se presentó en un acto en la sede del PJ, en el que no estuvo el gobernador, pero sí sus candidatos a senadores y diputados nacionales, y también Jorge “Gato” Fernández, quien fue el candidato del gobernador para sucederlo y perdió ante Poggi. Por su parte, Bullrich sufrió un escrache en la peatonal de la capital puntana y responsabilizó al gobernador al denunciar “zona liberada”.

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