Senado: el oficialismo busca incomodar a la Corte y pide informes sobre la obra social de los judiciales

El kirchnerismo del Senado volvió hoy a la carga contra la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo por medio de la firma, en la Comisión de Justicia, de un pedido de informes al presidente del tribunal, Horacio Rosatti, para que responda una docena de preguntas sobre la causa en la que se investiga una denuncia por supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

La reunión se convirtió en una suerte de catarsis kirchnerista, que quedó en soledad en el tratamiento del pedido de informes ante la decisión de los senadores de Juntos por el Cambio de retirarse del recinto cuando el tema se puso en discusión.

Los apuntados son los jueces Juan Carlos Maqueda, principal protagonista del expediente judicial, y Rosatti, al que los seguidores de Cristina Kirchner no le perdonan haberse puesto al frente del Consejo de la Magistratura luego que la Corte declarara inconstitucional la ley sancionada en 2006, redactada por la actual vicepresidenta cuando era senadora, que regulaba el organismo que tiene a su cargo seleccionar los jueces federales y nacionales.

“Nosotros no estamos acusando a nadie. Estamos haciendo un pedido de informes porque nos parece gravísimo que ciudadanos que tienen en sus manos los bienes y la libertad de 47 millones de personas estén siendo investigados por la comisión de delitos penales, comunes, como son los caos de los jueces Maqueda y Rosatti”, afirmó el ultrakirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén), presidente de la Comisión de Justicia y uno de los firmantes del proyecto.

La iniciativa, que quedó en condiciones de ser discutida en la próxima sesión del Senado, contiene una docena de preguntas sobre la causa por la que se investigan presuntas contrataciones irregulares que en la obra social de los judiciales y que involucrarían a Maqueda con dos empresas, una de las cuales está sospechada de ser “fantasma”.

El expediente generó un duro contrapunto entre el fiscal Carlos Stornelli, que pidió su cierre debido a la inconsistencia de la acusación como consecuencia de la falta de pruebas, y el juez del caso, Ariel Lijo, quien rechazó el pedido y mantiene abierta la causa.

Al respecto, Parrilli acusó a Stornelli, citando “manifestaciones en los medios” cuya veracidad dijo no poder acreditar, de haber realizado “una suerte de trueque” al negarse a pedirle medidas probatorias al juez Lijo para que, de esa manera, no pueda avanzar la investigación. “Esto nos pone en la situación de dudar de que estamos ante personas que usurpan ese poder para protegerse de esos delitos que cometen y para avasallar otros poderes del Estado”, afirmó el senador.

“Esta es la misma Corte que se arrogó facultades legislativas, puso en vigencia una ley que estaba derogada y que asaltó, tipo Superman o Batman, al Consejo de la Magistratura cuando el juez Rosatti se puso al frente, lo cual demostró su absoluto desprecio por la Constitución y por las leyes”, sentenció Parrilli.

Antes había hablado otra kirchnerista neuquina, Silvia Sapag, coautora del pedido de informes, que calificó de “vergonzoso” que Maqueda se encuentre investigado por sospechas de corrupción y criticó al tribunal. “No puede ser que un ministro de la Corte esté en tela de juicio y sea protegido por el resto de los miembros de la Corte”, dijo Sapag.

Consejo de la Magistratura

La embestida de Cristina Kirchner y de sus seguidores en el Senado contra la Corte comenzó tras el fallo que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura. Tras intentar sancionar una nueva ley regulatoria, aprobada por el Senado pero que permanece empantanada en Diputados, la vicepresidenta ordenó avanzar con el debate de la ampliación de la Corte Suprema.

El proyecto obtuvo dictamen hace más de un mes en base a un texto impulsado por un grupo de gobernadores peronistas que eleva a 25 jueces la composición del tribunal. Sin embargo, lo inoportuno de tratar el tema en medio del agravamiento de la crisis política del gobierno de Alberto Fernández y el disgusto de algunos senadores oficialistas y de fuerzas aliadas con la forma en que se les impuso el texto de los mandatarios, impide que la iniciativa pueda ser llevada al recinto.