Stands en Tecnópolis: la Justicia investiga a los funcionarios de Planificación involucrados en la contratación

La Justicia abrió una causa para investigar presuntos delitos en las contrataciones de los stands que la subsecretaría de Vivienda montó en Tecnópolis en 2011 y 2012.

La causa está radicada en el juzgado federal N° 4, de Ariel Lijo, quien ya pidió todas las pruebas formales a la secretaría de Obras Públicas, dependiente del ministerio de Planificación.

La investigación se inició a pedido de la propia cartera de Julio De Vido. El organismo se presentó en los tribunales de Comodoro Py tras una publicación de LA NACION , que denunciaba que una pareja de funcionarios autorizó presupuestos para montar los stands en la feria, y que luego se embolsó parte de esos mismos fondos con su empresa de eventos, Multideas SRL.

Por pedido del fiscal federal Patricio Evers, que interviene en el expediente, el juez Lijo buscará determinar si los funcionarios incurrieron en el posible delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

Funcionarios bajo la lupa

Los empleados públicos bajo la mira de la Justicia son Ariel Santamaría, asesor del secretario de Obras Públicas José Francisco López, y su mujer, Claudia Risolía, que fue directora de ceremonial de la subsecretaria de Vivienda y titular de la empresa de eventos.

La empresaria figura en los registros como gerenta de Multideas SRL, la firma que se encargó de la organización del stand de Vivienda en Tecnópolis, en sus dos ediciones, según aseguraron en diálogo con LA NACION y en su página web (que luego dieron de baja).

En 2011, Risolía había firmado como representante del ministerio de Planificación el convenio que dio origen a la contratación de su propia empresa, con un presupuesto de más de $12 millones.

Empresa sospechada

El segundo año, Vivienda también contrató a una segunda empresa: SAI Servicio Asesoramiento Iluminación SRL. Según el Boletín Oficial del 30 de agosto de 2012, esa firma recibió $ 13.450.922 millones para hacer el stand.

Según pudo corroborar este medio, la firma que recibió el contrato millonario tenía una dirección apócrifa. No atendía los llamados telefónicos, ni contaba con una página web.

Según los registros oficiales, semanas atrás, la sociedad fue puesta a nombre de "Georgina", de 22 años que, junto a sus tres hijos, vive en una villa de Lomas de Zamora. La joven sólo había recibido $400 pesos y la promesa de recibir un empleo por parte de una empresaria involucrada en la maniobra.

Fuentes judiciales informaron que evalúan otorgarle protección judicial a la joven.

Medidas y sumario interno

En tanto, Lijo pidió toda la información vinculada a los stands en Tecnópolis al ministerio de Planificación, a dos universidades nacionales que intervinieron en la contratación, a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Oficina Nacional de Contrataciones.

En tanto, desde la cartera que encabeza Julio De Vido aseguraron que ya se inició "un sumario administrativo interno" a los funcionarios involucrados "a fin de deslindar responsabilidades".