Tarifas de luz: la Corte no tiene un expediente en firme para expedirse

Luego de haber empujado al Gobierno a hacer la audiencia para fijar el cuadro tarifario provisorio del gas, ahora la Corte apuntaría a dictar un fallo sobre las tarifas eléctricas. Sin embargo, es muy probable que no lo pueda hacer en la fecha prevista y que la sentencia tenga un impacto mucho menor que el que se espera.

Alguno podría pensar que hay una decisión estratégica de los jueces de postergar cualquier definición.

En definitiva, el máximo tribunal viene de dictar un fallo que tuvo un fuerte impacto en el Gobierno: anuló el aumento del gas para los usuarios residenciales, que representan el 26% de todo el consumo del país. Claro que la sentencia habría tenido mayor impacto fiscal si la Corte hubiera incluido en el beneficio a los clientes comerciales o no residenciales -algo que no hizo-, pero de todas maneras la sentencia produjo un indudable efecto sobre el Gobierno.

Además, el Gobierno, que convocó a la audiencia para el 16 de septiembre, también decidió hacerla para la electricidad. Desde este punto de vista, para qué va a desgastarse la Corte con otra sentencia en la que le ordene al Gobierno hacer audiencias si el propio Poder Ejecutivo ya decidió convocarlas.

Sin embargo, la Corte tendría otros motivos, menos políticos y mucho más técnicos y burocráticos, para demorar el pronunciamiento, que no se dictaría el 6 de septiembre, fecha que la Corte le fijó a la procuradora general Alejandra Gils Carbó para que presente su dictamen.

"Los jueces están apurados para pronunciarse rápidamente y dar por concluido este tema. Pero no está claro todavía que puedan avanzar", dijeron dos altas fuentes del tribunal. Hasta este momento, en la Corte existen dos expedientes sobre el incremento de las tarifas eléctricas, pero por ahora ninguno sería el adecuado para dictar un fallo.

En efecto, uno de los amparos había sido planteado ante la justicia platense por un grupo de legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria (FPV), entre los que están Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos y Marcelo Feliú.

En ese primer caso (Abarca), está vigente una medida cautelar que suspendió el aumento en parte de la provincia de bonaerense y el alto tribunal tendría algunos reparos: la Corte reiteradamente se negó a reconocerles a los legisladores la facultad (legitimación) para presentar amparos. Y mucho menos podría sostener que uno o cuatro de ellos podrían obtener una sentencia con impacto en todo el país, porque eso abriría la puerta para que cualquier minoría parlamentaria ataque una ley dictada por la mayoría.

Reclamo de vecinos

Otro de los casos (Fernández), iniciado por un grupo de vecinos y por el Cepis -la misma ONG que logró frenar el tarifazo del gas-, tramitó en el juzgado federal de Marina Forns: la jueza, que recientemente fue amenazada con la aparición de una granada cerca de su casa, dictó una medida precautelar y suspendió la aplicación del tarifazo para todo el país.

Pero en el caso hay varios detalles: muchas provincias decidieron no respetar la medida, porque entendieron que la jueza se excedió; además, Forns elevó el expediente a la Corte sin sustanciar la apelación adecuadamente y, además, esa precautelar ya no estaría vigente.

Por otra parte, también existen otros amparos, pero todavía no llegaron a la instancia de la Corte. Por eso, todo indica que la decisión podría demorarse unos días más.

Más allá de todo, cualquier decisión que dicte la Corte sobre el punto tendrá un impacto sustancialmente menor que la del gas. Primero, porque el Gobierno ya está avanzando y se perdió el efecto sorpresa.

Pero además porque el universo de personas alcanzadas por el fallo platense es mucho menor que en el caso del gas, dado que aquel fallo vinculado con el precio de la electricidad fue dictado sólo en favor de un sector de la provincia de Buenos Aires.