Tras la derrota electoral, se frenan los cambios en la Justicia que impulsaban Cristina Kirchner y Alberto Fernández
Las reformas judicial, de la Procuración y del funcionamiento de la Corte no tienen futuro y se complica la aprobación de pliegos para cubrir 62 vacantes de jueces y 14 de fiscales
LA NACION
La derrota en las elecciones frenó la agenda judicial del Gobierno y el presidente Alberto Fernández quedará en deuda con los cambios que prometió hacer cuando inauguró las sesiones legislativas en marzo pasado.
Los frenos más evidentes son los que tendrán a partir de ahora, sin control en el Senado y con menos diputados que antes, los proyectos de reforma judicial, los cambios en la ley de Ministerio Público Fiscal, la posibilidad de cubrir las 62 vacantes de jueces y 14 de fiscales con los pliegos que están en el Ministerio de Justicia y la prometida reforma en el funcionamiento de la Corte.
La reforma judicial tiene media sanción del Senado y nunca fue tratada en Diputados porque el oficialismo no contaba con los votos necesarios. Ahora menos. Su destino es el cajón. Proponía aumentar la cantidad de juzgados federales, para licuar el poder de Comodoro Py 2002, y crear decenas de nuevos cargos en todo el país para conseguir apoyo de los senadores y diputados de esas provincias.
La reforma de la ley de Ministerio Público, fue aprobada por el Senado y nunca se trató en Diputados por falta de apoyos. Ahora con menos legisladores oficialistas y menos aliados, quedará frenada. La idea de la reforma era flexibilizar los requisitos para elegir al procurador general de la Nación. Actualmente el cargo lo ocupa Eduardo Casal, de manera interina, como el procurador ante la Corte más antiguo, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017.
El proyecto con media sanción plantea que basta una mayoría simple, y no los dos tercios del Senado, para elegir procurador, limita la duración del mandato a cinco años (actualmente el cargo es vitalicio) y establece cambios en el mecanismo de remoción. También legisla sobre la cuestión disciplinaria de los fiscales, con cambios que aumentan el control político sobre ellos.
Los dos proyectos tienen dictamen pero con la renovación parlamentaria, los dictámenes caducan. Las comisiones que discutieron los proyectos deberían hacerlo nuevamente con la nueva integración. Muy difícil que suceda. Al tratarse de una media sanción, el proyecto tiene vigencia parlamentaria por dos años.
Apurado por sacar a Casal como procurador interino, el Gobierno quiso avanzar con esta ley pese a las objeciones opositoras y de los fiscales. En paralelo, encabezó una embestida contra Casal, de desgaste, con acusaciones, amenazas de juicio político y denuncias penales por sus bienes, pero también fracasó. Y hasta esa embestida que protagonizaba la Comisión Bicameral de Ministerio Público se frenó. Al menos hasta el viernes último cuando volvió a convocar para este martes a la Comisión Bicameral de Ministerio Público para tratar nuevos cuestionamientos contra al procurador interino.
“Son los últimos estertores”, dicen en la Justicia para calificar la embestida. El oficialismo quiere debatir informes sobre designaciones y pedidos de informes a la Procuración efectuados en junio último. Es la última gran puesta en escena de la comisión donde está la crema del cristinismo leal para dar mandobles sobre la Justicia, que le muerde los talones a su jefa.
El presidente Alberto Fernández, antes plantear la reforma de la ley de Ministerio Público, de cuño cristinista, propuso al juez Daniel Rafecas como su procurador. Cristina Kirchner nunca puso su pliego sobre la mesa en el Senado y nunca fue tratado. Tampoco cuando la oposición llegó a comprometerse con darle los votos necesarios para designarlo con la vieja ley. Tras el resultado electoral, Juntos por el Cambio debe decidir si le da al oficialismo los votos para elegir un procurador vitalicio afín. Es dudoso que lo haga, admiten.
Cambios en la Corte
Atrás quedaron también las prometidas reformas legislativas para cambiar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Un comité asesor de expertos, integrado entre otros por Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, elevó al Presidente un informe de dos tomos y unas mil páginas con recomendaciones y cambios legislativos que nunca se materializaron.
En la Asamblea Legislativa, en marzo pasado, Fernández le pidió al Congreso que “asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Alguien tiene que ocuparse de lo que ha ocurrido. Hace años que vengo advirtiendo estos desvíos. Vivimos tiempo de judicialización de la política y de politización de la Justicia. Elevé hace un año un proyecto de ley para que se reforme el fuero federal. Espero que obtenga la sanción total. También sería importante que se trate el proyecto para designar al Procurador. Espero que se trate”.
Hubo controversia, debate político, alto revuelvo, pero todo quedó en palabras. Y el proyecto se paralizó.
Tras el mensaje legislativo, renunció presionada por Cristina Kirchner la entonces ministra de Justicia, Marcela Losardo, y asumió Martín Soria, con más voltaje en sus tuits, chicanas y ataques a la oposición y la Corte que resultados concretos en su gestión.
Designación de jueces y fiscales
En cuanto a las designaciones en el Poder Judicial, el Gobierno no podrá aprovechar su mayoría en el Senado para aprobar antes del 10 de diciembre los pliegos para cubrir 62 vacantes de jueces y otras 14 de fiscales, cuyos pliegos están en el Ministerio de Justicia.
Hoy Alberto Fernández podría nombrar a esos magistrados simplemente con que los senadores oficialistas levanten la mano, pues tiene mayoría en la Cámara alta. Sin embargo, después del 10 de diciembre, perderá esa mayoría de 41 senadores y deberá negociar con aliados y la oposición para obtener al menos dos votos para nombrar a sus postulantes.
Tampoco tiene chance de adelantarse y enviar ahora los pliegos, pues el proceso de designación de magistrados contempla plazos que exceden los 20 días que faltan para que asuman los senadores electos el domingo pasado.
El procedimiento implica convocar a una sesión para darle entrada a los pliegos, que pasen luego a la Comisión de Acuerdos del Senado, que publica un edicto para recibir objeciones y adhesiones de la ciudadanía u organizaciones de la sociedad civil. Transcurrido ese plazo de 15 días, los postulantes deben concurrir a una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos y responder las inquietudes de los senadores.
La comisión elabora un dictamen y es necesario allí tener mayoría de la mitad más uno para proponer el candidato a nombrar. Ese dictamen luego es votado en el recinto, donde es necesario reunir la mayoría para aprobarlo. Hoy el Gobierno cuenta con mayoría tanto en la Comisión de Acuerdos como en el cuerpo del Senado, pero después del 10 de diciembre deberá negociar con las otras fuerzas.
Los aliados más frecuentes son los senadores Alberto Weretilneck, exgobernador de Río Negro, y Magdalena Solaris Quintana, del Frente Renovador misionero. Con el voto de dos senadores más los suyos, el oficialismo podría aprobar los pliegos.
Dos años de demora
La historia de estos pliegos es larga. El 11 de febrero de 2020 el Poder Ejecutivo envió al Senado una nota formal para retirar 198 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales que habían sido enviados por Mauricio Macri, entre ellos el de Inés Weinberg de Roca, propuesta para la Procuración General.
Luego el Gobierno fue enviando de a poco algunos pliegos que fueron aprobados en el Senado, como por ejemplo el del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, designado como juez federal de La Plata.
Pero quedaron paralizados en el Ministerio de Justicia pliegos para cubrir 62 vacantes de jueces. La mayoría son lugares claves de la Justicia nacional en lo criminal de instrucción. Son cargos de jueces penales que investigan y juzgan delitos comunes, robos, homicidios. Hoy el 30% de esos tribunales está vacante y se cubren con subrogancias, es decir con suplentes de otros tribunales.
Entre los pliegos retirados que están en el Ministerio de Justicia se cuenta el del juez federal Daniel Rafecas, que había sido propuesto para la Cámara Nacional de Casación Penal, donde hay cuatro vacantes. El gobierno de Macri había elevado esta propuesta, pero no logró aprobarlo en el Senado. El Presidente propuso cuando asumió a Rafecas para la Procuración General de la Nación, postulación que sigue arriba de la mesa.
Muchos de estos pliegos fueron enviados en 2019, durante el último año del gobierno de Macri, y el kirchnerismo los frenó porque dijo que intentaba “copar” el Poder Judicial en su último año de gestión.
En la lista de pliegos retenidos en el Ministerio de Justicia está el de Juan Rodríguez Ponte, uno de los encargados del área de escuchas judiciales como director de la Dajudeco, que fue propuesto para el Juzgado Federal de Lomas de Zamora.
También se retiró el pliego de Laureano Durán, quien subrogó el estratégico Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral, donde recaló Ramos Padilla.
Se retiró el pliego de Pedro Federico Guillermo Hooft, propuesto para juez federal de Mar del Plata, también el de Ignacio Mahiques, que trabajó en la causa sobre el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz y que fue propuesto para el Juzgado Federal de Mercedes.
Otro nombre retirado es el que Germán Manuel Moldes, hijo del exfiscal de Cámara Germán Moldes, uno de los principales críticos del kirchnerismo en el Poder Judicial que renunció a su cargo poco antes del cambio de gobierno.
Juzgados vacantes
Hay un cargo vacante en los juzgados contencioso administrativo federal, que son claves porque los jueces de este fuero analizan la legalidad de las decisiones del Poder Ejecutivo y Legislativo. Falta elevar el pliego del candidato.
Otros lugares claves que se deben cubrir son los juzgados de instrucción, los tribunales orales en lo criminal, donde hay ocho cargos vacantes, dos cargos en la Cámara Federal de San Martín, otro en el Tribunal Oral Federal de Jujuy, la Cámara Federal de Tucumán, la Cámara Federal de Rosario, un juzgado federal en Rosario, un Tribunal Oral Federal en La Rioja, dos cargos en la Cámara Comercial, uno en la Cámara Federal de Salta, un juzgado federal de Roque Sáenz Peña y dos cargos en un tribunal oral federal de Resistencia, Chaco.
Las ternas de candidatos que envió el Consejo de la Magistratura al Ministerio de Justicia no vencen. Es decir que, si el Poder Ejecutivo no eleva nunca el pliego para cubrir el cargo, los nombres de los postulantes que ganaron los concursos seguirán allí, a la espera.
La única manera en que se vuelva a hacer un concurso es que el pliego sea rechazado por el Senado o que, si son solo tres candidatos en el concurso alguno renuncia o fallece, entonces se altera la terna. En ese caso se le pide al Consejo de la Magistratura que convoque a un nuevo concurso porque este quedó desierto. Pero una vez que el Consejo de la Magistratura elevó la terna al Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo tiene que elegir entre esos tres, sí o sí. No importa cuánto demore.
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