Detrás del DNU y la Ley Ómnibus de Milei: detalles desprolijos, “olvidos” y cambios que agitan internas

El DNU 70/2023 de Javier Milei entró finalmente al Congreso por el Senado. Una particularidad: el mensaje que envió el Poder Ejecutivo está dirigido “a la Comisión Bicameral Permanente”, pero no aclara a cuál (hay 17). El texto lleva la firma del ministro del Interior, Guillermo Francos, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. La comisión que corresponde para el tratamiento del decreto es la de Trámite Legislativo, que aún no está constituida.

Este “olvido” es tal vez un detalle, pero se suma a una serie de desprolijidades que también hay en la Ley Ómnibus, por ejemplo, cuando se pretende derogar un artículo del Código Civil que no existe. La primera omisión había sido la de poner el plazo de vigencia del decreto, que terminó rigiendo por norma al octavo día hábil.

El DNU (y también la Ley Ómnibus) pone en una contradicción a los diputados y senadores. La delegación de facultades legislativas al Presidente por (potencialmente) cuatro años, la derogación de unas 300 leyes y la modificación de artículos del Código Penal y del Código Civil, entre otras cosas, deja paralizado en los hechos al Parlamento.

“Si se lo aprobamos, listo, cerremos el Congreso ¿Para qué estamos?”, se preguntó ante LA NACION un diputado nacional peronista del interior. Lo que para distintos legisladores, de diversos signos partidarios, es la suma del poder público, para algunos jueces federales es abiertamente inconstitucional. Más aún, un magistrado federal dijo a este medio que la incorporación de la ratificación del DNU en la Ley Ómnibus es la “confesión de que no era ni de necesidad ni de urgencia”.

La viabilidad jurídica y legislativa del DNU de Milei

El DNU acumula 40 amparos en contra. La Cámara laboral dictó una cautelar que frena la reforma en esa materia. Aunque el Gobierno va a apelar, la Corte Suprema de Justicia, al terminar la feria, se abocará al tratamiento integral del decreto. Aprobarlo, dijo el radical Martín Lousteau, sería validar que venga en cuatro años otro presidente y haga con la misma herramienta una política totalmente opuesta a la que propone ahora Milei.

La discusión jurídica y parlamentaria del decreto parecen ir en la misma dirección: la del rechazo. El texto introduce reformas, además de la laboral, en distintos aspectos que primero no prueban la necesidad y urgencia y segundo no pasarían un test de constitucionalidad. La de habilitar a los clubes a ser sociedades anónimas, por ejemplo, es uno de tantos ítems que podrían esperar una ley en el período ordinario.

En el caso “Verrocchi” (1999) la Corte Suprema especificó que para el uso del DNU el problema a modificar debe necesitar una solución “inmediata”.

Divisiones en bloques y versiones contradictorias sobre los votos

El otro tema, de orden político, está en Diputados y Senadores. La bicameral no fue constituida pero, para algunos, eso no hace falta. “La ley dice expresamente que no es requisito necesario para tratar un DNU que la bicameral esté conformada. Se puede pedir una sesión especial, y si se consigue el quórum, se le da tratamiento en cualquiera de las dos cámaras”, explicó un legislador de Unión por la Patria.

Para rechazar el decreto, la oposición precisa de mayoría en las dos cámaras. Allí, las versiones son contradictorias. La diputada Paula Penacca, de La Cámpora, sostiene puertas adentro que el Gobierno podrá impedir el rechazo del DNU y por tanto, el texto seguirá en vigencia en las partes no suspendidas por la Justicia. “Nos van a cagar”, le atribuyen haber dicho a la legisladora. Hay quienes creen dentro de UxP que esa teoría pesimista de La Cámpora tiene que ver con “cuanto peor mejor”. “Para ellos, si el DNU avanza, se prolonga la agonía del Gobierno”, dice uno de los peronistas que participó con Penacca de alguna de esas reuniones.

Las terminales del PJ con el Gobierno son pocas. Y algunas no conducen a ningún lado. “Francos te escucha, pero lo vemos más con ganas de renunciar que de seguir construyendo puentes”, dijo a LA NACION uno de los legisladores que logró hablar con el ministro de Interior en los últimos días. El paquete del decreto y la Ley Ómnibus causó, en principio, discusiones acaloradas, agravó internas que ya existían: en la oposición, pero también en el oficialismo. En La Libertad Avanza podría haber alguna ruptura en las próximas semanas, sobre todo en el bloque del Senado, que tiene siete miembros.

El martes arranca el tratamiento en comisión de la Ley Ómnibus. Nadie en el Parlamento se anima a afirmar que el oficialismo vaya a lograr sancionarla en Diputados y Senadores en el período de extraordinarias convocado para este mes. Esa fue, resaltan los que conocen el funcionamiento y el reglamento, otra desprolijidad: las sesiones extraordinarias se convocan, normalmente, para enero y febrero, no solo para el primer mes del año. El vocero presidencial, Manuel Adorni, rechazó la posibilidad de extender el período. Se mostró confiado en que el oficialismo avanzará con la norma en el plazo establecido.

Pero con suerte, (tal vez con mucha suerte), el oficialismo podría sacar una media sanción en ese tiempo. No hay un buen pronóstico en el corto plazo para el Gobierno. Sobre todo porque la Ley Ómnibus, además de lo ya dicho, se mete en una reforma del Código Penal, que rige desde 1921. Es un texto que nunca, en más de 100 años, pudo ser modificado. Más aún, fue ratificado por jurisprudencia de todas las instancias, incluida la Corte Suprema.

El gobierno de Milei propone cambios, en un mes, a la lógica de la legítima defensa, de la resistencia a la autoridad y de las manifestaciones en el espacio público. Eleva penas y convierte en delitos de prisión efectiva cosas que hasta ahora son una contravención. Uno de los artículos que más sorprendió es la determinación de que para la congregación “intencional y temporal de tres personas o más en un espacio público” habrá que pedir permiso al Ministerio de Seguridad y la cartera podrá denegarlo alegando cuestiones de amenaza o problemas para la seguridad nacional.

“Va totalmente en contra del espíritu del derecho a la protesta y pretende penalizarla”, explicaron a LA NACION desde la Asociación de Profesores de Derecho Penal, que incluye a todos los juristas titulares de esa cátedra en todo el país, entre los cuales hay jueces de Corte provinciales, fiscales federales y camaristas federales.

También impone un cambio en la legítima defensa tanto para las fuerzas de orden público como para los civiles. Es decir, tal como pasó en su momento con el caso Chocobar, se introduce en el texto que, ante una presunción de amenaza inminente o ante un hecho concreto de violencia, se entiende que los uniformados actuaron de buena fe. Además les otorga la posibilidad de usar cualquier arma para neutralizar la amenaza: una de fuego frente a un cuchillo, por ejemplo. También cambia las penas para el caso de la resistencia a la autoridad.

Esto es solo un botón de muestra de un “mamotreto” que pretende cambiar de raíz la legislación en varias materias en un período muy corto. Luego vendrá la discusión jurídica. La tensión para la conformación de comisiones la semana pasada muestra también que el paso por el Congreso del DNU y de la Ley Ómnibus será, más que un trámite, una discusión engorrosa. Milei empezó su gestión “de espaldas” a los legisladores. Habrá que ver si esto es parte de una estrategia deliberada o de contradicciones en un gobierno que lleva poco tiempo y que en algunos casos muestra la vulnerabilidad de la inexperiencia.

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