Un debate equivocado en torno de la deuda

No existe otra manera sostenible en el tiempo de combatir la pobreza, mejorar los salarios reales y entrar en una nueva era de crecimiento que mediante un aumento en la productividad de nuestro país. Eso se logra con más inversión en capital físico (máquinas, rutas, puertos, computadoras) y con una mejora en la educación que potencie nuestro capital humano.

Cuando innovamos o invertimos nos volvemos más productivos. Y cuando nos volvemos más productivos podemos tener mejores salarios de manera sostenible en el tiempo. La inversión depende de varios factores, pero el más relevante es el costo del capital.

Es por eso que cuidar el crédito público debe ser una política de Estado. Es imposible disociar los insoportables niveles de pobreza que enfrenta hoy nuestra querida Argentina de la infinidad de defaults que hemos decidido tener como sociedad en los últimos cuarenta años.

El default de la década de los años 80, compartido con México, Brasil y Perú, pero no con Chile y Uruguay. El de 2001, cuya resolución demoró cuatro años. El de 2014, a todas luces motivado políticamente, y el de 2020, decidido como bandera de la campaña electoral del Frente de Todos de 2019, que provocó con su prenuncio la debacle de los activos argentinos al conocerse el resultado electoral de las elecciones primarias de agosto de 2019.

Los defaults que hemos enfrentado dependen solo parcialmente de las recurrentes crisis fiscales que hemos enfrentado. Tanto el de 2014 como el de 2020 deben ser asociados directamente al escaso apego al respeto a los contratos que han mostrado las distintas administraciones kirchneristas que nos han gobernado.

Allí por 2019, con un esfuerzo fiscal descomunal, el gobierno del presidente Macri y quien escribe esta nota desde el Ministerio de Economía logramos balancear nuestro resultado primario por primera vez desde 2010. Sin especulaciones electorales ni cálculo de costos políticos, haciendo lo que debíamos hacer para recuperar el acceso a los mercados y permitir que nuestras empresas puedan acceder a préstamos accesibles a largo plazo para mejorar nuestra capacidad de producir, emplear y mejorar las condiciones de vida de las familias argentinas. Ese proceso, esa cadena virtuosa no es instantánea. Necesita continuidad.

El camino del esfuerzo, no exento de costos de corto plazo, era muy similar al que siguió Portugal en la poscrisis financiera de 2008, al de Egipto y Jamaica más recientemente o al de Uruguay en 2003, y hubiera mostrado un resultado virtuoso de haber sido aprovechado por las autoridades que nos sucedieron en el gobierno. Requería de una visión estratégica y de responsabilidad institucional.

Si el riesgo país se situaba en 850 puntos en el viernes previo a las PASO de 2019 y el lunes siguiente se elevó a 2000, es una simple identidad contable comprobar que con un triunfo del presidente Macri el riesgo país hubiera regresado a los niveles que exhibió entre 2016 y 2017 y la Argentina habría visto a los mercados de deuda voluntaria reabrirse, luego de haber corregido su desbalance fiscal y haber resuelto la incertidumbre politica.

Lamentablemente, el actual oficialismo decidió encarar la campaña electoral de 2019 renegando del esfuerzo realizado y prometiendo reestructurar la deuda soberana y dejar de pagar la deuda del Banco Central, para con esos fondos aumentar las jubilaciones.

Solo cumplieron una de las dos promesas. Llevaron adelante un inútil y costoso default, producto del cual, a un año de haber reestructurado la deuda la Argentina continúa fuera de los mercados y con un riesgo país de 1500 puntos básicos. En relación con la otra promesa –pagar las jubilaciones con los intereses de las Leliq–, los jubilados ganan en promedio hoy 10% menos en términos reales que en agosto de 2019 y la deuda del Banco Central se ha cuadruplicado, pasando de 1 billón de pesos a 4 billones.

La actual discusión acerca del ritmo de crecimiento de la deuda es insólita. Si el déficit es más elevado y aumenta en vez de bajar, la deuda crecerá más. Claro está, ahora el Gobierno ya no sostiene lo contrario, pero plantea que no hay que computar la deuda en pesos. Al adoptar esta postura nos ofrece un panorama sombrío acerca del eventual futuro que correrán los tenedores de esa deuda. Si la deuda en pesos no debe ser tenida en cuenta, es porque el compromiso con la estabilidad de la moneda es cuando menos endeble.

Los intereses que paga hoy el Banco Central por la deuda remunerada que ha emitido, espejo de la emisión fenomenal de pesos de estos dos años, suman el equivalente a unos US$14.000 millones al año. Es decir, diez veces los US$1400 millones que se pagan al año por los intereses del préstamo otorgado por la comunidad internacional, canalizado a través del FMI, del cual los distintos países del mundo son sus accionistas.

Con este déficit y con ese volumen de emisión monetaria será extremadamente difícil –por no decir casi imposible– que la inflación de 2022 sea inferior a la que registrará nuestro país en 2021. Tal vez esa cuenta y los 1500 puntos actuales de riesgo país ayuden un poco más a comprender por qué los organismos multilaterales de crédito juegan un rol relevante para estabilizar nuestra economía.

Hoy, aun con un control de cambios que actúa como un impuesto implícito a nuestros exportadores y que impide vislumbrar una salida virtuosa de la estanflación vía ventas externas, la inflación no baja del 50% anual. Algo nos dice este fenómeno acerca de las contraindicaciones del desequilibrio fiscal financiado en gran medida con emisión monetaria.

Debatamos cómo mejorar la educación, nuestros impuestos, cómo sacar a nuestros jóvenes de la pobreza. La discusión acerca de si un fisco ordenado y respetar los compromisos asumidos promueven la inversión y el desarrollo no debería consumir el tiempo de los argentinos.ß