Un fallo que cambia la relación entre lo público y lo privado

El fallo que dictó el lunes Claudio Bonadio consolidó una percepción: las relaciones entre lo público y lo privado están obligadas a modificarse a partir del escándalo de los cuadernosdel chofer Oscar Centeno, revelado por LA NACION. Hay un factor central del cambio, que convierte al de Bonadio en un pronunciamiento inédito.

Es la posibilidad de que un imputado admita que violó la ley y, a cambio de aportar información, negocie con los magistrados el monto de la pena. Gracias a esa innovación, la causa que investigan el juez Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo cuenta con un abrumador caudal de pruebas, que ratifican las revelaciones de Centeno. Y quiebran el secreto, que es el alma de todo régimen mafioso.

Por eso se presume que la Cámara Federal ratificará, en líneas generales, lo dispuesto por el juez. La incorporación del arrepentido presta también otro servicio: promete desalentar la corrupción. Quien pague o cobre un soborno temerá, de ahora en adelante, que su contraparte, algún día, decida contar todo en alguna fiscalía.

La figura del criminal-colaborador presenta también un costado problemático que se puede advertir en este caso. ¿El acusado declara con absoluta libertad? ¿O lo hace bajo la coacción de los magistrados, que lo amenazan con la cárcel? ¿La Justicia se convierte en una práctica extorsiva?

El kirchnerismo quiere llevar este antiguo debate procesal mucho más allá. A Cristina Kirchner le va a resultar difícilísimo desmentir el mar de evidencias que demuestran que su gobierno y el de su esposo llevaron la corrupción a extremos inimaginables. Aun así, ella cree que Bonadio manipula las declaraciones en su contra. Supone que el juez convalidó algunos acuerdos de colaboración recién cuando el delincuente-delator aceptó señalarla como encargada material de la recaudación.

Alguien que cree defender a la señora de Kirchner explica: "Es difícil imaginarla tocando el dinero. No por razones éticas, sino estéticas. ¿Imaginás a la arquitecta egipcia condescendiendo a contar plata con lacayos como Uberti o José López? Néstor era distinto. Como Báez le dijo a Clarens, parecía Rico McPato. Lo perdía el efectivo".

El conflicto entre la expresidenta y el juez tiene la ferocidad de los divorcios. Bonadio prestó servicios valiosísimos al matrimonio Kirchner. En 2011, por ejemplo, sobreseyó a los secretarios Daniel Muñoz e Isidro Bounine. Muñoz, ya fallecido, y Bounine están ahora en el centro del reparto de valijas. Por eso en Comodoro Py circula un chiste: "Bonadio es el primer arrepentido".

El rencor kirchnerista es inconducente. El juez fue ratificado por la Cámara. Aun así, hay detalles que resultan llamativos. José López, por ejemplo, confesó que los 9 millones de dólares que revoleó tras el muro de un convento eran de su antigua jefa. Y describió sus movimientos. Sin embargo, su relato no coincide con las pruebas que acumularon el juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado cuando investigaron lo ocurrido aquella noche.

Rafecas y Delgado reconstruyeron lo que López hizo durante la semana anterior a su psicodélica visita a las monjitas. Y difiere mucho de lo que el exsecretario de Obras Públicas relató ante Stornelli y Bonadio.

La señora de Kirchner se aferra a estas incongruencias para denunciar, como exige el manual del líder acusado, una persecución facciosa. La atribuye más al PJ que al Gobierno. De todos modos, su alegato complica a un imputado en particular: Ángelo Calcaterra. Con independencia del compromiso que mantuvo durante años con el universo De Vido, el procesamiento del primo de Mauricio Macri es imprescindible para desmentir la eventual parcialidad de Bonadio.

¿Cabe que esa imagen de ecuanimidad se enriquezca con más figuras del macrismo? El financista Ernesto Clarens mencionó a Santiago Altieri, de Iecsa, la empresa de Franco Macri y Calcaterra. En la Cámara Argentina de la Construcción amenazan con salpicar a algún recaudador del Presidente.

La figura investigada

Más allá de los reproches de Cristina Kirchner, el fallo de Bonadio inspira algunas observaciones que serán planteadas por fiscales y defensores ante la Cámara. Existe, por ejemplo, un debate sobre la aplicación de la figura de la "asociación ilícita".

¿Se puede decir que un empresario integra una por haber pagado un par de coimas? Hay media biblioteca que afirma, con Bonadio, que por el solo hecho de facilitar alguna vez el funcionamiento de la banda se pertenece a ella. La situación de la expresidenta ofrece un problema adicional: ¿cuántas asociaciones ilícitas encabezó? En Comodoro Py ya registran cuatro. Debió estar muy atareada. Se entiende por qué gobernó mal.

El fiscal Stornelli pretende que la Cámara agrave la situación de algunos procesados encuadrándolos como organizadores de la asociación delictiva. En este rol estarían Carlos Wagner (Esuco), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) y el financista Clarens. La declaración de Clarens es crucial porque coloca bajo la lupa del juez la turbia peripecia de los fondos de Santa Cruz. Mencionó como administradores a Eduardo Caffaro y al fallecido Aldo Ducler. El hijo de Ducler, Juan Manuel, acusó ante Bonadio al exmandamás del espionaje Francisco Larcher y a la familia Eskenazi como operadores de esos fondos. ¿Es verdad que Clarens mencionó a los Eskenazi, pero le aconsejaron excluirlos de su declaración? ¿Existe una grabación con esa versión original? Misterios de Comodoro Py.

Otro interrogante: ¿se puede, en el caso de los cuadernos de Centeno, diferenciar dádivas de sobornos, como hace Bonadio? ¿O todos los aportes suponían una contraprestación y eran, por lo tanto, coimas? Un dilema más: ¿cabe beneficiar con la falta de mérito a quienes eran meros empleados? ¿O el subordinado incurrió en el delito de cohecho, aunque estuviera obedeciendo órdenes?

Lo que se conoció anteayer es la primera etapa de la investigación. Allegados a Bonadio prometen una nueva oleada de indagatorias. Intentan desmentir cualquier selectividad en la pesquisa. Serían convocados algunos dirigentes de La Cámpora. ¿También de Pablo De Luca, el colaborador de Daniel Hadad? Ya se hacen acertijos sobre los apodos que aparecieron en el pendrive de Martín Larraburu, subordinado de Juan Manuel Abal Medina, sobre aportes de campaña. ¿JMO es José María Olazagasti o Juan Manuel Olmos, el amigo de Daniel Angelici? ¿Y Facu? ¿Es Facundo Nejamkis, hermano de Lucas, el secretario privado de Antonio Stiuso?

Stiuso quedó rozado por el procesamiento de su mano derecha judicial, el auditor Javier Fernández. Bonadio se puede preciar de quebrar una tendencia. Porque la influencia de Fernández en los tribunales ha sido tan extensa que no se encuentran magistrados que se animen a juzgarlo. Llega hasta la Corte: el exsecretario privado de Fernández Enrique Alonso Regueira es ahora secretario penal de Elena Highton. La última señal de esa gravitación es que el fiscal Rívolo se negó a investigar la denuncia de Norberto Oyarbide diciendo que Fernández y Stiuso lo "apretaron" para que sobresea en un santiamén a los Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. Si fuera cierto lo de Oyarbide, la absolución del matrimonio podría revisarse como cosa juzgada fraudulenta. Otra novedad de Bonadio: Oyarbide procesado.

El contexto judicial en el que se tratará este fallo crucial también es novedoso. Lorenzetti, quien se insinuaba como principal respaldo de Bonadio en las causas que afectan a Cristina Kirchner, dejará la presidencia de la Corte a Carlos Rosenkrantz. Y la sala de la Cámara Federal que revisará las disposiciones de primera instancia está integrada por dos jueces nuevos y afines entre sí: Leonardo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Martín Irurzun, un aliado de Lorenzetti en la segunda instancia, solo intervendrá si ese dúo desacuerda.

Las derivaciones electorales de este caso judicial son impredecibles. La expresidenta asegura, contra un tsunami de pruebas, que su gobierno fue decente. Y denuncia una persecución política. Si fuera así, su mejor defensa debería ser acumular poder. Intentar ganar las elecciones. Es la estrategia que siguió en Brasil Luiz Lula da Silva. Pero la ecuación de la señora de Kirchner es más compleja. Antes que amenazar al Gobierno, su eventual fortalecimiento perjudica a sus antiguos vasallos del PJ.

El disfrute de los fueros depende de esa jugada de ajedrez. Miguel Pichetto no quiere dar el brazo a torcer en esa discusión. Su principal argumento es corporativo: "No les vamos a regalar los fueros del Senado a los jueces de Comodoro Py para que se blanqueen con nosotros". Pichetto, que resiste la presión de la opinión pública, ¿resistirá la del PJ? Si para llegar al poder los peronistas necesitan a su antigua jefa presa, la señora de Kirchner no tiene su protección asegurada.