Un fallo judicial condena a Claro a pagar $ 1700 millones al gremio telefónico por un conflicto de encuadramiento

Un fallo de la justicia laboral ordenó a la empresa Claro, que tiene actualmente un tercio del mercado de la telefonía móvil en el país, a abonar unos 1700 millones de pesos al Sindicato de las Telecomunicaciones (Foetra) por un conflicto de encuadramiento sindical y de transferencia de aportes.

La compañía, que compite en el mercado con Telefónica y Telecom , presentó un recurso de queja en la Corte Suprema por considerar la medida como “inconstitucional y arbitraria”, y solicitó la suspensión de la ejecucción de la demanda. Pero la Corte rechazó hoy el planteo y no tomará el caso.

Con la resolución del máximo tribunal, Claro debería afrontar el pago de la demanda que hizo el Foetra. Todavía no están determinados los plazos de la liquidación ni el monto, según afirmaron a LA NACION los abogados que representan al gremio telefónico.

En la Casa Rosada están preocupados por el conflicto porque Claro ya le advirtió a dos miembros del Gabinete que no invertirían en 2018 los 500 millones de dólares que preveían si el fallo de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se mantenía en pie. Este fue uno de los temas que conversaron el presidente Mauricio Macri y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca , el viernes pasado durante un encuentro reservado. La charla transcurrió sobre dos ejes: la tensión que guía hoy el vínculo con Hugo Moyano y el conflicto judicial de Claro.

Claro tiene unos 4000 empleados. Un 30 por ciento de su plantilla está afiliada al Sindicato de Empleados de Comercio (SEC). Se amparó en una resolución del Ministerio de Trabajo de 1991 que establecía que el encuadre sindical de la telefonía celular correspondía a Comercio.

“Vendemos equipos y somos prestadores de servicios, no solamente somos una empresa de telefonía”, argumentaron a LA NACION en Claro, cuyo presidente en el país es Julio Porras. En la empresa denunciaron una “extorsión” por parte del sindicato y advirtieron que no negociarán “con 1000 millones de pesos abajo”.

Desde 2010, el Foetra intentó negociar con Claro para establecer un convenio colectivo. Incluso, hubo un fallo en primera instancia favorable para la compañía, ya que se aducía que el convenio era ilegítimo hasta tanto no se resuelva el procedimiento de encuadre de acuerdo al artículo 59 de la ley de asociaciones sindicales.

Pero todo cambió en 2013. El ministro de Trabajo kirchnerista Carlos Tomada celebró un convenio colectivo para telefonía móvil junto con el Foetra y al que adhirieron Telecom, Telefónica y Nextel , pero no Claro. A partir de ahí se acentuó la estrategia judicial del gremio que lidera desde 1997 el kirchnerista Osvaldo Iadarola, quien contrató como abogados a los influyentes Ricardo Gil Lavedra y a Carlos Lipera.

Después del aval del Ministerio de Trabajo para avanzar en la representación de los empleados de la telefonía celular y tras el apretón de manos con Telecom y Telefónica, el Foetra demandó en septiembre de 2014 a Claro por aportes no realizados al fondo compensador de jubilaciones. El monto de 1700 millones de pesos se llegó a partir de la cantidad de aportantes y el cobro retroactivo, según precisaron fuentes involucradas en el tema. El juzgado de primera instancia incialmente lo rechazó, pero la Sala VIII, a cargo de Luis Alberto Catardo y Víctor Arturo Pesino, revocó la primera sentencia y condenó a la compañía a pagar el 100 por ciento de lo reclamado.

En el Gobierno hubo señales ambiguas sobre el caso. Un jerárquico del Ministerio de Trabajo que se reunió con directivos de Claro dijo que es un asunto judicial entre una empresa y un gremio, y descartó una eventual intervención del organismo. Triaca, su jefe, en cambio, le llevó el conflicto al Presidente porque teme que se concrete la amenaza de la empresa de no realizar sus inversiones en el país. El ministro toma el fallo como otro desafío del fuero laboral contra la gestión de Macri.

En tanto, en Claro Argentina están preocupados de la eventual reacción que pueda tener el dueño mundial de la empresa, el magnate mexicano Carlos Slim. De manera sugestiva, Slim suspendió en octubre una visita que tenía previsto a Buenos Aires.