Un giro impensado que dejó sin discurso al kirchnerismo

Claudio Uberti, el viejo amigo de Antonini Wilson (más amigo, tal vez, de sus valijas repletas de dólares), trazó sin precisiones de nombres uno de los casos de recaudación de Néstor Kirchner. Le contó al juez federal Claudio Bonadio que recolectaba mensualmente unos 150.000 dólares de cada empresa concesionaria de los "corredores". Uberti era el jefe del control y supervisión de todas las autopistas. No dio nombres. Eso es lo que se sabe de su declaración escrita. Bonadio citó a declaración indagatoria a todos los dueños y principales directivos de las empresas concesionarias de autopistas durante los años 2004 y 2007.

Uberti se fue del poder en 2007, antes de que llegara Cristina Kirchner al gobierno, eyectado por el escándalo de la valija con dólares de Antonini Wilson. Algunos nombres son muy conocidos, como los del padre y el hermano del Presidente, Franco y Gianfranco Macri, y el de Eduardo Eurnekian. Otros son menos percibidos por la gente común, como el actual presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, porque en aquellos años era presidente de Abertis, la compañía española propietaria de la mayoría del paquete accionario de Autopistas del Sol y el Acceso Oeste.

En 2004, la familia Macri tenía solo el 7 por ciento de la propiedad de esos dos accesos a la Capital (que no son "corredores", que es lo que describió Uberti). Ese pequeño porcentaje de acciones le impedía poner un representante en el directorio. De hecho, fuentes familiares aseguraron que Gianfranco Macri no conoce las oficinas que administran los accesos.

Es probable que el juez Bonadio haya decidido llamar a todos para tener solo un panorama general sobre el manejo de los autopistas. Pero nadie sabe si el magistrado cuenta, además, con información adicional a la que le proporcionó Uberti. Sea como sea, lo cierto es que es la española Abertis la que sigue teniendo el control de ambos accesos. A principios de año, llegó a un acuerdo con el gobierno de Macri. Renovó la concesión a cambio de que la compañía desistiera de una juicio en el Ciadi por más de 1000 millones de dólares, que la empresa había iniciado en tiempos de los Kirchner por la ruptura de los contratos.

La renovación no fue firmada por Mauricio Macri, sino por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, siguiendo un consejo expreso de la Oficina Anticorrupción. La familia Macri ya se había desprendido de toda su participación accionaria en la empresa concesionaria de los accesos.

Acertada o no, la decisión de Bonadio pone una novedad en el centro de la escena política. Por primera vez en 28 años, familiares directos del presidente en funciones son llamados por la Justicia para que aclaren si cometieron -o no- actos corruptos.

Ni en el gobierno de Menem ni en el de los Kirchner, familiares tan cercanos de los presidentes fueron convocados por los jueces. Existían muchos denuncias de corrupción, que los jueces cajoneaban o cerraban con increíble celeridad. Podrá mencionarse el caso de Amira Yoma, quien fue investigada durante un tiempo (corto, demasiado corto) por lavado de dinero. La causa no se inició aquí, sino en España, donde el juez Baltasar Garzón descubrió un trasiego de dinero ilegal de quien era entonces la secretaria de Audiencias y cuñada del presidente en funciones. La jueza a la que le tocó el caso, María Servini, recuerda hasta ahora que es la causa más traumática que debió enfrentar en su vida de funcionaria judicial. Amira Yoma fue sobreseída de culpa y cargo en 1994, cuando su cuñado era todavía presidente de la Nación. La causa que sí se inició aquí fue la del contrabando de armas a Ecuador y Croacia (la denuncia la hizo el abogado Ricardo Monner Sans), pero solo tomó impulsó un año después de que Menem dejara el poder.

Ya era una situación novedosa que durante el gobierno de un presidente con antecedentes empresarios, como es Macri, fueron detenidos, indagados o procesados muchos de los principales empresarios argentinos. Macri los conoce a todos, es amigo de algunos, disintió con otros, pero la relación con ellos viene desde su adolescencia. La inmensa mayoría de esos empresarios no conocía los tribunales federales de Comodoro Py, a pesar de las muchas denuncias sobre corrupción que había contra funcionarios políticos del menemismo y del kirchnerismo. Una paradoja: se sabía casi con precisión quiénes cobraban dinero corrupto, pero se ignoraba quiénes pagaban. Ninguno de esos empresarios, muchas veces fustigados desde los atriles de los Kirchner, ni siquiera había imaginado que en tiempos de Macri terminaría sentado ante un juez.

Ahora se le agregó la familia directa del Presidente, aunque su padre, Franco, seguramente no declarará ante Bonadio. La situación de su salud es grave desde hace mucho tiempo. Se trata de un cambio institucional significativo, porque demuestra la nula injerencia del Poder Ejecutivo en los tribunales. Hay que remontarse a los tiempos de Raúl Alfonsín para encontrar un antecedente parecido en cuanto a la independencia de los jueces.

La decisión de Bonadio desbarata, al mismo tiempo, la principal estrategia política y judicial del kirchnerismo. Consiste en dos posiciones profusamente difundidas en el espacio público. Una es que Macri dio la orden a la Justicia para que persiguiera injustamente a Cristina Kirchner y a sus exfuncionarios. La otra es que el propio Bonadio tiene una especial predisposición para investigar a la expresidenta.

Si Macri puede dar la orden de perseguir a Cristina, ¿por qué no pudo disponer que su padre y su hermano no sean convocados por el juez? Si la única obsesión de Bonadio es acorralar a Cristina, ¿por qué perdería el tiempo con la familia directa del actual presidente? El kirchnerismo ha quedado directamente sin discurso después de esas decisiones del juez.

Está claro, por lo demás, que la causa de los cuadernos tomó un giro impensado por la enorme dimensión de sus consecuencias. Ni el propio juez sabía de antemano que la denuncia que llegó a sus manos se convertiría en el caso de corrupción más importante de la historia. Ni que terminaría acusando no solo a una saga de exfuncionarios, ya sospechados desde antes de sus prácticas corruptas, sino también a gran parte del principal elenco del empresariado argentino.

El propio Bonadio u otras instancias judiciales deberán discernir en su momento entre los distintos empresarios. No son lo mismo Paolo Rocca (extorsionado por el kirchnerismo para salvar a argentinos cautivos en Venezuela) que Cristóbal López. No son lo mismo Enrique Pescarmona (que perdió su empresa durante el kirchnerismo) que Lázaro Báez. No son lo mismo Marcelo Mindlin (citado erróneamente en los cuadernos de Oscar Centeno) que Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción y organizador confeso de una red de sobornos entre empresas constructoras.

De todos modos, sobresale la conclusión de que ni esos empresarios, mucho de ellos conocidos o amigos del Presidente, ni la propia familia del jefe del Estado han podido esquivar la interpelación de la Justicia. No es poco en un país donde los poderosos no llegaban nunca hasta los tribunales. La equivocación o el acierto de los jueces es otra historia.