Una campaña con aportes de dinero sospechoso

El origen de los fondos que solventaron la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007 está bajo sospecha desde hace años. La rendición de cuentas presentada por el partido no fue aprobada.

Gabriel Brito, un empresario farmacéutico procesado como presunto miembro de la mafia de los medicamentos, es clave para conocer cómo plata de empresas ligadas a la mafia de la efedrina terminó entre los fondos de aquella campaña.

El Frente para la Victoria declaró a la justicia electoral que la empresa Global Pharmacy SA aportó 310.000 pesos en cuatro cheques. Pero, ante Oyarbide, Brito negó haber aportado ese dinero.

Sostuvo que el partido usó cheques que él le había entregado al empresario Néstor Lorenzo (dueño de la droguería San Javier y preso como jefe de una presunta asociación ilícita que traficaba remedios), para justificar el ingreso de fondos a la campaña. Después, según Brito, Lorenzo lo llevó personalmente a las oficinas del recaudador de campaña Héctor Capaccioli, donde también estaba Sebastián Gramajo, y allí lo forzaron a firmar, ante una escribana, que el aporte había sido voluntario.

El recibo del aporte adjudicado a la empresa de Brito fue encontrado en el domicilio de Lorenzo durante un allanamiento dispuesto por Oyarbide hace dos años, en los inicios de la investigación. Allí también estaba, por ejemplo, el recibo de 155.000 pesos a nombre de Julio Pose, que aparece mencionado en una causa por narcotráfico.

Decenas de escuchas de conversaciones telefónicas entre Lorenzo, Capaccioli y Gramajo son parte de las pruebas en esta investigación.

Capaccioli, como superintendente de Salud, tenía entre sus funciones controlar las obras sociales. Está procesado y va ir a juicio por integrar la mafia de los medicamentos.

En forma paralela a sus funciones, Capaccioli ofició como recaudador de fondos para la campaña Kirchner-Cobos, que fue sostenida, en buena medida, por empresas del sector de la salud. De acuerdo con la rendición de cuentas que firmaron Diez y Gramajo, de los más de $ 10 millones que declaró en 2007 el FPV como aportes de personas jurídicas el 36,5% lo donaron firmas del área.

La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría archivó sin aprobar la rendición de cuentas del kirchnerismo hasta que se resuelvan las causas penales en que se investiga el origen de los fondos electorales.

Entre los aportes que investiga el juez federal Ariel Lijo se cuentan los de Droguería Urbana, de Marcos Hendler; la prestadora de servicios médicos Iter Medicina; la droguería Bristol Park; Multipharma, de Néstor Lorenzo, y Seacamp, junto con su sucesora, Sanfor Salud, relacionadas con el empresario Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez, por traficar efedrina, junto con Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Sobre esas firmas Lijo ordenó peritajes contables. Hay reportes de operaciones sospechosas sobre Seacamp, Droguería Urbana, San Javier y Multiplharma.