Una guerra donde no se salva ni el idioma

Matías Kulfas renunció al ministerio de Producción con un largo texto en el que explica a Alberto Fernández que la política energética de la administración que él dirige es un completo disparate. Kulfas se refirió, sobre todo, a la conducción de Enarsa, sobre la que él instaló la sospecha de haber beneficiado al grupo Techint en la licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Al día siguiente, el martes pasado, las autoridades de Enarsa divulgaron una respuesta a la extensísima dimisión de Kulfas. Esa contestación es llamativa por innumerables razones. Pero hay una que prevalece sobre todas: está destinada a ingresar en la historia de la gramática administrativa. Cuando los investigadores intenten, dentro de algunas décadas, reconstruir el estado de la función pública en estos años, encontrarán en ese texto un testimonio invalorable. Gracias a él advertirán que hubo una época en la que personas con altas responsabilidades en el Estado no lograban siquiera manejar con cierta corrección el castellano. Sería de desear que sea así. Es decir, ojalá que, en algunas décadas, la Argentina haya salido de la penumbra en la que se encuentra y la falta de recursos culturales de las actuales autoridades llame la atención de los historiadores.

Los directivos de Enarsa publicaron una declaración en la que se lee lo siguiente: “Las declaraciones del ex ministro son de desconocimiento supino de como se empunta la demanda de gas natural durante el invierno y en cual región geográficamente los hogares que efectivamente reciben los subsidios. Lamentablemente se observa que mientras la Secretaría de Energía fue un dependencia bajo su órbita, hasta agosto del año pasado, y tampoco posteriormente, logró entender cómo funciona el sistema energético”. Más allá de que el verbo “empuntar” significa “retirarse”, “salir primero”, toda la frase está redactada en gutural básico.

Algo parecido sucede con esta otra: “Sin embargo la situación socioeconómica no era la dramática que es la actual”. O con esta, en la que el redactor inventa una palabra por ignorar que existe “miope”: “Es miópico afirmar que las importaciones de energía atentan contra las reservas”.

Es imposible que esta rudimentaria proclama de Enarsa haya sido redactada, como afirma una versión, en el despacho de Cristina Kirchner. Es decir, en el despacho de la autora de Sinceramente y de varias epístolas morales. En cambio, está fuera de discusión que la vicepresidenta fue la inspiradora del ataque político que el lector, si supera el ripio del texto, encontrará en esta contestación de Enarsa a Kulfas.

Mientras los funcionarios corroen la autoridad de Alberto Fernández despotricando sobre aspectos centrales de su gestión, el gasoducto comienza a empantanarse. Una perplejidad para los ingenieros de Techint, que realizaron más de 500 obras similares alrededor del planeta, cruzaron diez veces la cordillera de los Andes tendiendo caños, ganaron un Guinness por instalar en Perú la tubería más alta del mundo, pero no consiguen rescatar este proyecto de las garras de un grupo político trenzado en una lucha interna desenfrenada y suicida.

La economía nacional tiene una urgencia bastante obvia en que se construya el gasoducto. Según Miguel Kiguel, en el próximo trimestre saldrán del Banco Central 3600 millones de dólares por las importaciones de gas. Es casi la mitad de las reservas internacionales que Martín Guzmán se comprometió a acumular antes de fin de año ante el Fondo Monetario Internacional.

La señora de Kirchner está indignada por la chapa que Techint está obligado a importar desde Brasil para hacer la obra. Pero permanece indiferente ante este drenaje de divisas. Tampoco a ella ni al Presidente le llama la atención otro fenómeno: cómo ha aumentado (“empuntado”) la demanda de gas oil este año respecto del año pasado en las provincias limítrofes. Comparada con abril de 2021, en abril de este año esa demanda creció 60% en Entre Ríos, 59% en Corrientes, 45% en Formosa, 41% en Jujuy. En cambio sólo subió 21% en Santa Fe, 19% en Córdoba y 1% en Buenos Aires. Esta expansión se debe a que ese gasoil, en buena parte importado, ha sido adquirido durante meses por consumidores de países vecinos a precio subsidiado. A costa de los dólares que salen del Central. YPF reaccionó recién ayer ante esta distorsión y llevó el precio del litro de gasoil a 240 pesos para los vehículos con patente extranjera. Al resto le seguirá cobrando entre 150 y 160 pesos.

El déficit de combustibles aconsejó a Guzmán, que es el principal impulsor del gasoducto, hacer la obra en tiempo récord. Pero a las demoras administrativas se agregan, ahora, las judiciales. Habrá que esperar a que el juez Daniel Rafecas entienda bien el tema. Por ejemplo, que comprenda que para saber cómo se hace un gasoducto debería consultar al Enargas, ente regulador cuya ausencia en el proceso es más que llamativa. Podría, si no, preguntar a académicos especializados en la construcción de esas tuberías. En cambio, Rafecas citó como testigos a empresas extractoras de gas o de petróleo. Algo así como recurrir a un hematólogo, y no a un cardiólogo, en medio de un infarto.

Más allá del enredo alrededor del gasoducto, provocado por las declaraciones, plagadas de errores, de Cristina Kirchner y de Kulfas, lo importante de la polémica con el ministro renunciante es que se trata de otro combate del conflicto por la orientación de la economía. Obediente a la táctica de otro maestro de la palabra, en este caso oral, Aníbal Fernández, las autoridades de Enarsa “hablaron a la hija para que escuche la nuera”. La catilinaria contra Kulfas está dirigida, en realidad, a Alberto Fernández y a su ministro de Economía, Martín Guzmán. Y uno de los motivos es que, en su intimidad, la vicepresidenta está convencida de que Kulfas realizó sus imputaciones con autorización del Presidente. Es verdad que ella tiene una gran antipatía hacia el exministro, no sólo por el libro que publicó condenando la gestión de Axel Kicillof en Economía; le reprocha también algunos episodios de su paso por el Banco Central como gerente. Sin embargo, amantes del poder, los feligreses de la señora de Kirchner no gastan pólvora para herir a un retirado. Le hablan a quienes siguen en sus cargos.

La empresa conducida por Agustín Gerez sugiere que el Plan Gas significó, durante 2020, “un desfalco contra el erario” nacional. Además, recuerda que, si hubo demoras en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, fue porque el Presidente demoró seis meses en firmar el decreto de necesidad y urgencia que lo autorizaba. Más adelante, en un balance feroz de la gestión de Kulfas, recuerda el deterioro que representa para el consumo popular una gestión económica que vuelve inaccesibles los precios de los principales alimentos.

El autor de esta página tan singular se las arregla como puede con el idioma para expresar lo siguiente: “No satisfecho con los pésimos resultados de la gestión, se muestra preocupado por los subsidios a la energía, que de más está decir el objetivo es protege el poder adquisitivo de las familias. ¿Qué pretende también? ¿Que los hogares reciban facturas de 50.000 pesos de luz y gas?”. Una recriminación que coincide con las inquietudes de La Cámpora, que, a través de su consultora cautiva, Analogías, acaba de constatar que el público aprobaría un congelamiento general de precios hasta fin de año. Lo relevante en este caso no es la respuesta sino la pregunta. Como es evidente, persiste el cuestionamiento al recorte de subsidios energéticos, que es una de las vigas maestras del acuerdo con el Fondo, tan malogrado que merecería llamarse “Acuerdo Néstor Kirchner”.

La crisis alrededor del gasoducto es muy inoportuna. Además de demorar una solución a la escasez de divisas, crea dificultades a la diplomacia de Fernández. El Presidente pretende ser visto como quien aporta una solución al descalabro energético global aumentando la oferta de gas de la Argentina. Es lo que dirá en Los Ángeles, en una visita en la que terminó buscando un idilio con Joe Biden. La contracumbre que el propio Fernández había sugerido, parece haber sido un invento de Santiago Cafiero. Sobre el canciller cae lluvia ácida, en especial desde que su entorno pretendió imputar el error a Julio Vitobello. En la Casa Rosada quedó claro que el secretario general no tuvo nada que ver con el problema. Fernández no quiere herir a Biden, con quien volverá a encontrarse en la Cumbre del G7 y, más adelante, en la Casa Blanca. En esa reunión de los países ricos él volverá a hablar de los hidrocarburos que puede proveer a Europa. Lo escucharán con conmiseración. La incógnita del gasoducto inspira otro interrogante: con un Gobierno tan desarticulado, ¿quién se animará a invertir en una mayor extracción de gas? La lucha doméstica socava todos los planes del Presidente.

A pesar de esta vulnerabilidad extrema, Fernández intenta fortalecer el frente político de su administración. Después de la malhadada celebración de los 100 años de YPF, tal como le indicaron, usó la lapicera. Designó a Daniel Scioli en Producción y a Agustín Rossi en la AFI. Scioli, quien ayer innovó también con la lengua de Cervantes hablando de “harmonizar” la relacion bilateral –después se corrigió–, llega para continuar lo dicho y lo no dicho por Kulfas en su proclama-despedida. Ambos tienen coincidencias centrales en política industrial: por ejemplo, la defensa acérrima de los importadores de electrónicos radicados en Tierra del Fuego. Su líder, Rubén Cherñajovsky, fue el principal recaudador de campaña de Scioli en 2015.

Queda por verificar la promesa de Kulfas sobre un nuevo beneficio para la industria farmacéutica local. Al parecer, el compre nacional para bienes estratégicos como las vacunas. Una decisión peligrosísima, que ha encendido alarmas en el Fondo Monetario Internacional, sobre todo por las dificultades de seguir apostando a la Sputnik, que fabricaría en el país Marcelo Figueiras desde Richmond. Un proyecto demorado por problemas tecnológicos. Sería una sorpresa que no se ofrezca una ventaja a otro “experto en mercados regulados”, Hugo Sigman. Graciela Ocaña acaba de explicar en el Congreso los enormes privilegios que consiguió ese empresario para la fabricación de vacunas que el Estado se comprometía a comprarle en un contrato que está a punto de vencer. Sigman realizó ese fenomenal negocio desde un laboratorio, mAbxience, cuyo 55% vendió a la alemana Fresenius Kabi en 495 millones de euros. Cuánto que aprender.

El regreso de Scioli tiene significados que exceden su cargo. Uno muy inmediato: es un aliado de Guzmán. Ambos vienen de asociarse en Brasilia para una exitosa gestión destinada a compensar el déficit energético local. Scioli es, además, una mala noticia para Sergio Massa, cuyo principal objetivo en estos meses es derribar al ministro de Economía. La semana pasada ese intento tuvo dos manifestaciones. Las declaraciones de Cecilia Moreau pidiendo el reemplazo de Guzmán, y el raid mediático de Emmanuel Álvarez Agis, descalificando la gestión económica por los medios de José Luis Manzano y Daniel Vila, los padrinos de Massa.

Scioli será también un actor en el otro campo de la batalla interna del Frente de Todos: el conurbano bonaerense. Se trata de alguien con trayectoria en ese territorio, que puede ofrecerse como producto electoral a la mayoría de los intendentes, y que conoce, por momentos demasiado, las entrañas de la organización clave de ese Estado: la Policía Bonaerense, que manejó a través de Alejandro Granados. El caudillo de Ezeiza es el principal interlocutor del Presidente, junto con Mario Ishii, en esa complicada geografía. Scioli es para Fernández una solución, además de un problema. Si tiene éxito en su campaña, que empezó desde Brasil, podría proponerse como candidato a todas las facciones del peronismo. La presidencia de Fernández sería, en ese caso, una insólita transición de 2015 a 2015.

Rossi es signo de otro cambio. El Presidente pone al frente del espionaje a alguien con extraordinaria experiencia de poder. Rossi proviene nada menos que de Rosario, conoce el Congreso como pocos, es el jefe del actual presidente del bloque de diputados oficialistas, y fue ministro de Defensa, donde manejó ya un aparato de Inteligencia. Reemplazará a Cristina Caamaño, destinada a la embajada en Israel. Nada que sorprenda. El frustrado seguimiento de agentes de la AFI a una funcionaria iraní por las calles de Buenos Aires, el año pasado, tenía todo el aspecto de ser un servicio amigable a ese país. Caamaño tuvo una relación reciente de máximo nivel con la CIA, que Rossi, es posible, continuará. La exfiscal gozaba de alguna simpatía de la vicepresidenta. Alguna, no toda. De lo contrario, hubiera conseguido el acuerdo del Senado. ¿Lo conseguirá Rossi? El reemplazo está, de todos modos, rodeado de sospechas: ¿es verdad que Fernández comenzó a sentirse incómodo con la posibilidad de que la jefa de su servicio de Inteligencia informara sobre sus movimientos a Cristina Kirchner? Habladurías propias de una contienda interminable. Si fuera cierto, el Presidente habría reconquistado una palanca delicada de su esquema de gestión.

La presencia de alguien muy experimentado como Rossi en la AFI es, además, un mensaje para Mauricio Macri, que ha tenido en esa dependencia una fuente inagotable de sinsabores judiciales debido a la disparatada gestión del broker de jugadores de fútbol Gustavo Arribas y de la joyera Silvia Majdalani. Hay que recordar que Rossi ha sido el principal objetor de la conducta de la AFI en el espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan.

Scioli encarna otro mensaje para Juntos por el Cambio. Puede frustrar las fantasías de gente como Diego Santilli, Joaquín de la Torre o Cristian Ritondo –otro deudor, aunque menor, de Granados–, consistentes en ofrecer una ambulancia electoral a los angustiados caudillejos bonaerenses. La gran confrontación electoral se librará, como siempre en el conurbano.

Hasta allí fue ayer Macri. Como se había anticipado en este diario hace semanas. Visitó Monte Chingolo, de la mano de Néstor Grindetti. El intendente de Lanús había sido el año pasado la guía de Horacio Rodríguez Larreta y de Diego Santilli en el conurbano sur, tierra de infieles. Ahora presta ese servicio a Mauricio Macri, después de haber llevado al mismo barrio a Patricia Bullrich. Macri está tomando la temperatura del agua en la zona más adversa, para postularse a la presidencia. Por eso la visita de ayer fue tan relevante para él. A fin de mes De la Torre lo llevará a San Miguel.

Anteayer Macri hizo otro gesto: avaló a Bullrich en la presentación de un equipo de gestión en el que figura la mitad del que fue su gabinete. La candidata le besó el anillo, no una, sino dos veces: “Siempre serás nuestro presidente”, prometió. Es, acaso, lo que Macri espera escuchar de Larreta. Pero no lo logra. Los efectos de esa tensión se verifican de manera subterránea. Un grupo de empresarios del área tecnológica avisó en el comando de Larreta: “Por ahora suspendemos”. Son íntimos amigos del expresidente. Es posible que uno de ellos, inclusive, sea su socio. Cuando se consultó ayer a un dirigente que conoce como pocos el inframundo del Pro, respondió: “El alineamiento es total. Sobre todo en los recursos”. Está por verse. Hasta ahora, Nicolás Caputo, el “hermano de la vida” del autor de Segundo Tiempo, y su amigo Edgardo Cenzón, siguen siendo el principal soporte material de la campaña de Larreta. Efectividades conducentes, diría Hipólito Yrigoyen. Perdón, Macri. La guerra recién ha comenzado. En este tramo es contra el jefe de gobierno porteño. Lo expresó bien un chistoso: “Sólo falta que el Pelado salga a defender al Peludo”.

Cumbre de las Américas. Cafiero reclamó el fin de las sanciones contra Cuba y Venezuela y cargó contra la OEA

En el banquillo. Desde la semana próxima juzgan a Parrilli por el libro “La década ganada”, que se pagó y que no se imprimió

Polémica. Consulta popular: el kirchnerismo quiere apurar el dictamen en el Senado