Urge lograr acuerdos políticos para reparar la institucionalidad

Finalmente, la Presidenta ha dejado de lado la suposición de que Alberto Nisman se había suicidado para suscribir la idea de que ha sido asesinado. A contramano de sus más fieles seguidores, que se multiplicaron para denostar al fiscal y descalificarlo por haber tenido la idea de pedir la comparecencia de la Presidenta ante la Justicia, ahora extiende su mirada comprensiva hacia el muerto para colocarlo en el papel de víctima de una conspiración contra su persona y contra su gobierno.

Por lo menos sus subordinados políticos ahora no se ensañarán con la memoria de Nisman. Lamentablemente, su análisis, que aparece en esta nueva manera de comunicarse por medio de cartas, adolece de algunas omisiones que pasan por ignorar el grado de responsabilidad que le corresponde en el acaecimiento de esta desgracia, que afecta y degrada, aún más si fuera posible, el deterioro institucional que sufre nuestro país.

Nisman debería haber sido en esos momentos el hombre más protegido de la Argentina. Sin embargo, si la hipótesis de la Presidenta resulta cierta, en el sentido en que nos hallamos ante un caso de homicidio, una pregunta obvia es qué clase de seguridad puede brindar el Estado al ciudadano común si a Nisman, con las investigaciones que estaba llevando adelante y con la repercusión pública de sus conclusiones, le acaban de quitar la vida.

Se puede constatar a lo largo de todo el episodio, reconocido por los propios funcionarios, la existencia de enfrentamientos entre diferentes sectores de los servicios de Inteligencia. Ya no le fue suficiente el uso de la SI ni la multiplicación de su presupuesto año tras año, para que esta haga cualquier cosa menos velar por la seguridad de los ciudadanos. Hubo que involucrar a la Inteligencia del Ejército en lo interno para sumar un elemento más en la competencia. Para que sirva adecuadamente a sus fines se la dotó del material más sofisticado. La experiencia nos indica que cuando se producen estos tipos de enfrentamientos los que terminan pagando las consecuencias son los simples ciudadanos. En diez años el Gobierno ha generado este aquelarre.

Consecuencia, ni el Gobierno ni los ciudadanos tenemos la menor idea de lo que pasó con el fiscal muerto, y lo peor, el enorme gasto que nos demanda la Inteligencia desviada de lo que deben ser sus objetivos verdaderos fue incapaz de anticipar el enorme riesgo que corría la vida del asesinado.

No debemos considerar dentro de los factores que han contribuido a generar este estado lo mucho que ha hecho el Gobierno para generar que la nuestra se haya convertido en una sociedad facciosa. Están los amigos del Gobierno enfrentados con los enemigos, que viven complotando y tratan de mil maneras de destruirlo. Resultado: en un espacio así no hay lugar para la política. Sólo habita la dialéctica amigo que hay que proteger y enemigo que hay que combatir, si es posible destruir, con los tapones de punta, como diría Diana Conti.

Es hora de tomar conciencia los que estamos por revertir este estado de cosas de que se hace necesario construir para el futuro un poder político de una envergadura suficiente para recobrar la institucionalidad dañada. La oposición, dividida como está, no conseguirá lograrlo; urge construir los acuerdos políticos que conduzcan a la concreción de la fuerza que tenga la capacidad de hacerlo. La prensa, la radio y la televisión extranjeras de forma prácticamente unánime han titulado la noticia: "Mataron al fiscal que denunció a la presidenta de la Argentina". Es la peor noticia que puede dar un país, la más lamentable de las que puede dar una democracia que se precie de tal.

El autor fue ministro de Defensa

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