Violencia en el puerto de Rosario: bloqueo, gases lacrimógenos y detenidos en una escalada que mantiene frenados los embarques

ROSARIO.- Con gases lacrimógenos y balas de goma la policía de Santa Fe desalojó a un grupo de operarios del puerto de Rosario que había montado un piquete en la avenida Circunvalación, en las inmediaciones de la terminal. El conflicto sindical tomó un perfil más violento, porque aún se mantiene el bloqueo del ingreso a Terminal Puerto, donde operarios y agrupaciones sociales y políticas reclaman la reincorporación de cinco empleados que fueron despedidos.

Al mediodía seguían apostados en uno de los ingresos. Un grupo de trabajadores logró ingresar a trabajar. El clima de violencia que se vive en el puerto de Rosario se trasladó anoche a otras sedes sindicales, que fueron atacadas con bombas molotov, un fenómeno que no tendría que ver directamente con el conflicto portuario sino con organizaciones criminales de la ciudad.

A las 5.30 de la mañana un grupo de portuarios, que rechazan el acuerdo que se firmó la semana pasada en el Ministerio de Trabajo de la Nación, cortó la avenida Circunvalación, a la altura de Ayolas, uno de los ingresos vitales al puerto. A los pocos minutos un grupo de policías de Santa Fe comenzaron a reprimir a unos 80 operarios e integrantes agrupaciones sociales y políticas, que respaldan el reclamo.

La orden de desalojo dictada por el fiscal Carlos Cobani se produjo después de una denuncia de la empresa Terminal Puerto Rosario (TPR) y de trabajadores alineados con el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), según informaron fuentes del gremio. El puerto está parado desde hace más de 40 días, por lo que el ingreso y egreso de contenedores está bloqueado. Uno de los perjudicados, de acuerdo a las fuentes del SUPA, es la firma General Motors, cuya planta está en la localidad de Alvear, a unos 15 kilómetros de Rosario.

La policía arrojó gases lacrimógenos y disparó balas de goma para desalojar a los trabajadores que montaban el piquete. A esa hora no había la cantidad de manifestantes y trabajadores como el día anterior. Aunque no se reportaron heridos la represión fue intensa, pero luego de unos minutos la avenida Circunvalación quedó liberada. El piquete se mantuvo en uno de los ingresos al puerto en calle 27 de febrero.

“La policía recibió la orden de la Justicia de desalojar porque la gente tiene que poder ingresar a trabajar. Hay mucho malestar. Son unos 300 operarios fijos adheridos al gremios de SUPA y unos 80 eventuales que quieren cobrar”, aseguró César Aybar, secretario general del gremio en Rosario.

Octavio Crivaro, del Frente de Izquierda, afirmó que “la represión fue intensa y desmedida, ante un reclamo que es justo, porque lo que se pide es que todos puedan ingresar a trabajar y por una decisión de la empresa y el gremio hay cinco trabajadores que fueron despedidos y hay otros tres que están detenidos”.

“Vamos a reclamar también en el Centro de Justicia Penal para que los trabajadores que van a ser imputados queden en libertad. Es terrible la situación porque la audiencia es recién el jueves, por lo que van a estar dos días detenidos”, agregó Crivaro, que integra el Frente de Izquierda, que junto a otras organizaciones como APDH, el sindicato docente de Amsafé Rosario y el gremio de Aceiteros apoyan la protesta.

Ayer todo parecía indicar, después de que se sellara un acuerdo en el Ministerio de Trabajo de la Nación la semana pasada, que este lunes el puerto de Rosario volvería a funcionar después de 40 días de inactividad por un conflicto gremial. El problema surgió con cinco operarios que la empresa TPR no quiere que regresen a los muelles. Ese pequeño grupo fue indemnizado y tendrá cobertura de obra social durante seis meses. Incluso, se hicieron gestiones para que fueran incorporados en un depósito fiscal así no perdían la continuidad laboral. Esos operarios fueron identificados por TPR realizando desmanes dentro de la terminal, donde se incendiaron las garitas de seguridad.

La firma señala que ese grupo fue el que además hizo desmanes el 15 de diciembre pasado, cuando los estibadores y personas ajenas al conflicto gremial intentaron tomar de manera violenta el Concejo Municipal de Rosario y la Intendencia. Se produjeron serios desmanes en esos edificios. A la par, se había instalado un piquete, con quema de cubiertas, en la puerta del edificio Aqualina, donde vive uno de los directivos del puerto, que pertenece a Vicentin.

Detrás de la tensión que no logra apaciguarse en el puerto de Rosario surgió una interna dentro del gremio de los estibadores que avivó el conflicto. Actualmente SUPA está bajo las riendas de César Aybar, un dirigente que tiene las riendas del gremio hace tiempo, pero que durante el paro en el puerto, originalmente por reclamo de aumento salarial y deudas, surgió un sector que tiene el respaldo de gremios y sectores del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, que tensaron aún más la situación.

La semana pasada Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), organismo del estado provincial que controla la concesión, intimó a la empresa a solucionar el conflicto para que el puerto retome la actividad. Desde hace 40 días no salen exportaciones que cargan en contenedores y que provienen de distintas provincias. El planteo del órgano del control del puerto rosarino va en línea con las declaraciones del ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri, quien dijo que la operación logística está parada “por responsabilidad absoluta de la empresa”.

Ante esta situación, en la que no se cumple el acuerdo firmado por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, cuyo rol también es criticado por los sectores más ásperos del gremio, la Pastoral Social de la Iglesia Católica propuso mediar en el conflicto. El vicario general del arzobispado de Rosario, Emilio Cardarelli, recibió el viernes a una delegación de los trabajadores portuarios que sostienen la pelea por la reincorporación de cinco trabajadores despedidos en la terminal.

Terminal Puerto Rosario, la concesionaria que opera los muelles ubicados en esta ciudad, está conformada desde 2017, cuando se hizo el último cambio accionario, por Inversiones Portuarias Andinas (IPAL), que tiene un 50 por ciento. Esta firma pertenece el holding Ultramar de capitales chilenos, que es el encargado del gerenciamiento operativo del puerto.

El resto está dividido entre empresas que tienen origen en Vicentin -actualmente en convocatoria de acreedores-. La agroexportadora tiene el 10,2% y Sir Cotton el 39,8%, una firma que está dentro del esquema del grupo nacido en Avellaneda, el norte de Santa Fe. Esa terminal opera con cargas de contenedores que llegan de distintas economías regionales del país para ser exportadas por este puerto.

Atentados contra dos gremios

En medio del clima de tensión que gira en torno al puerto en Rosario se produjeron este lunes a la noche dos atentados con bombas molotov contra dos sedes gremiales. Un artefacto explosivo impactó contra las oficinas de la obra social del sindicato de Empleados de Comercio, un gremio que ya sufrió un ataque a balazos en medio de la campaña electoral de 2021. El estallido de la bomba incendiaria provocó que parte de las oficinas se prendieran fuego, algo que no pasó a mayores luego de que intervinieran los bomberos.

Unos minutos después se conoció que en San Lorenzo al 2000, en pleno centro de la ciudad, la sede de la obra social del Sindicato de Recibidores de Granos sufrió un ataque similar. Los testigos señalaron que una persona bajó de un auto color rojo, tiró nafta y luego arrojó la molotov iniciando un incendio que pudo ser controlado con extintores sin que se produjeran heridos.

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