Créditos UVA: el Senado posterga una definición sobre los cambios que beneficiarían a casi 100.000 deudores

En la actualidad, hay aproximadamente 95.000 personas en el país que pagan un crédito hipotecario UVA. De esa suma, el 1,2% registró tener algún problema para estar al día con sus cuotas. Ese es el problema que trató hoy la comisión de Presupuesto de Hacienda en el Senado, a partir del proyecto de ley que propone modificar algunos términos de los contratos para aliviar a los deudores y ya cuenta con media sanción en Diputados desde principio de julio.

El veredicto fue el mismo que el plenario de comisiones decidió ayer con el proyecto de modificar la ley de alquileres: convocar a expertos para que compartan su visión y en base a eso escribir un dictamen a tratar eventualmente en el recinto. “Hemos convenido para el próximo miércoles a las 17 recibir a las partes involucradas, autoridades y funcionarios bancarios para que tengamos su opinión lo antes posible para trabajar en un proyecto que podamos poner en consideración para dictamen”, dijo al concluir la sesión el senador por la Rioja (FdT), Ricardo Guerra.

El proyecto denominado “Sistema integral de cobertura y promoción de créditos hipotecarios” había sido aprobado el 6 de julio en la Cámara baja con un amplio consenso de 134 votos afirmativos y 40 en contra. Sin embargo en los senadores quieren tener encuentros con los involucrados antes de sugerir cambios o la aprobación de lo ya votado en Diputados.

Los puntos principales del proyecto

1) Bajar el porcentaje en la relación cuota-ingreso.

El proyecto, que fue el resultado de 11 iniciativas de diputados, propone que la cuota que paguen los deudores no pueda superar el 30% de sus ingresos. La diferencia con la norma que rige actualmente es que le baja un 5% al 35% que se dispuso desde hace poco más de dos años.

Los bancos públicos, Nación y Provincia, suman más del 70% de los créditos otorgados, y el acuerdo con sus deudores es que todo el exceso por encima del 35% está bonificado porque el banco asume esa diferencia.

2) Ajuste del sistema de actualización de las cuotas.

El proyecto propone que los valores se ajusten mediante el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) en lugar de hacerlo sobre el UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), que establece la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas. Esto es porque algunos de los tomadores del crédito reclamaban que los valores de las cuotas ya superaron su capacidad de pago y por eso pedían la asistencia del Estado.

“El valor de la cuota a pagar por el deudor será determinado en función de la actualización mensual del saldo de capital por el índice actualizable por remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (IAR) determinado en la presente ley, u otra variante que se establezca en función de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)”, explicó la presidenta de la comisión de Finanzas, Alicia Aparicio.

Agregó que “la diferencia entre la cuota pagada por el deudor y la que debiera percibir la entidad financiera según las condiciones originales del crédito, dará lugar a una compensación monetaria que será cubierta por el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”.

Además, el deudor “tiene la opción de extender el plazo (de pago) hasta un 25% para que el mayor plazo le permita achicar el importe de la cuota y le `calce´ dentro de ese 30% de su haber. Si la cuota aun sigue siendo superior, las entidades financieras deberán tratar ese caso en particular. Por otro lado, las personas que no pueden pagar el 100% de la cuota -puede ser parte de capital o intereses- este fideicomiso lo compensará, pero los tomadores de créditos tienen que continuar pagando esa deuda una vez vencido el plazo original del crédito en un cronograma de pagos de cuotas mensuales consecutivas posterior”, explicó al comienzo de la discusión el senador por la Rioja (FdT), Ricardo Guerra.

3) Desalojos, Impuesto a las Ganancias y más.

La norma establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.

Asimismo, quienes hayan tomado un crédito y estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

Además, también el mencionado Fondo (FFCPH) podrá abonar hasta tres cuotas mensuales en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral.

Los cambios se producen en un momento en el que los créditos hipotecarios están en los niveles más bajos de la historia de la Argentina. En julio, solo representaban el 4,4% del crédito total al sector privado y desde fines de 2019 cayeron más del 65 por ciento, según datos relevados por Fundación Libertad y Progreso, en base a información del Banco Central.

En números, el informe detalla que el crédito hipotecario al sector privado pasó de US$17.094 millones en marzo de 2001 a US$1557 millones en junio de 2023 -lo que representa una baja del 89%- al tipo de cambio oficial. Aunque si la conversión se realiza al valor del blue, equivale a US$947 millones -en este caso el descenso es de casi el 95%-.

El informe también revela que si se analizan solo los últimos 10 años, el máximo se dio en enero del 2019 cuando representaron el 10,5% del crédito al sector privado.

Ley de alquileres, también bajo la lupa

Los créditos UVA no es la única medida contra el déficit habitacional que está en la agenda de los legisladores. La semana pasada, la Cámara de Diputados le dio media sanción al dictamen de minoría impulsado por Juntos por el Cambio que propone modificar la actual ley de alquileres. En pocas palabras, éste busca cambiar los tres puntos más polémicos de la ley: reducir el plazo de los contratos de tres a dos años, que la frecuencia de las actualizaciones deje de ser anual y pase a ser mínimamente cada cuatro meses y que la indexación de los contratos no se haga en base al Índice de Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central sino que se amplíe a otras opciones, entre ellas el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este martes, los senadores se reunieron en un plenario de comisiones para discutir cómo seguir con el tratamiento de la ley, pero el desacuerdo del oficialismo puso palos dificultó el avance del proyecto.

A pesar de que en la mayoría de las exposiciones de esta última jornada se pidió “celeridad” para tratar el tema, la resolución de hoy fue volver sobre sus pasos y repetir un proceso que ya se hizo el año pasado cuando durante dos meses los representantes y cámaras de propietarios, inquilinos e inmobiliarios se reunieron con comisiones de legisladores y hasta con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de aquel entonces -Jorge Ferraresi- para expresar sus posturas y trabajar sobre los cambios a la ley. Pero los cambios aún no llegan.