Cuatro meses desaparecido. La familia de Lucas Escalante quiere saber dónde está, vivo o muerto

La familia de Lucas Escalante, el joven de 26 años desaparecido hace cuatro meses, solo pide abrazarlo de nuevo, aunque sea la última vez, aunque ese cuerpo ya no sea el que amaron tanto. “Queremos su aparición con vida ya, pero si no es así, que nos digan qué le hicieron y dónde está, solo queremos verlo. Como sea”, pide Romina, su hermana.

El 9 de diciembre pasado, Lucas, oriundo de Florencio Varela, estaba eufórico como el resto del país: la Argentina le había ganado a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de fútbol en Qatar y la noche era una promesa de fiesta. Se subió a su vistoso BMW azul y buscó a su amigo Lautaro Morello, de 18. Al día siguiente se escribió el primer capítulo del drama: el auto de Lucas apareció incendiado a un costado de la ruta provincial 6, a la altura de la localidad de Abasto, en La Plata. Una semana después, todo empeoró con el hallazgo del cuerpo calcinado de Morello cerca del tramo en construcción de la autopista del Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón.

El análisis de las cámaras de seguridad y de las antenas de los celulares permitió conocer que aquel 9 de diciembre Lucas y Lautaro estuvieron en una casaquinta de La Capilla, en Florencio Varela, con Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino del comisario mayor bonaerense Francisco “Coco” Centurión.

Los audios de WhatsApp de las víctimas confirmaron la relación. “Estoy yendo para Varela. Hace un rato llegué a casa. Me iba a quedar en casa, ¿viste? Pero hay un chabón que me da nafta, ¿viste? Pero la tengo que ir a buscar hasta el Alpino, un poquito más lejos. Pero, bueno… la nafta gratis sirve. Estoy yendo”, le contó Lucas a un amigo antes de desaparecer.

Mariana Dongiovanni, la fiscal que tuvo el caso hasta su apartamiento por, según dijo, presiones de la familia de Lautaro, reconstruyó que Cristian Centurión, cadete de la bonaerense, le daba a Lucas tarjetas para cargar combustible que debían ser para patrulleros. La suerte de los Centurión se terminó de estropear –están detenidos con prisión preventiva, imputados como coautores del “homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento” de Lautaro– después de que los investigadores encontraran la filmación de una cámara de seguridad de una estación de servicios de Florencio Varela donde se lo ve a Cristian cargando nafta en un bidón blanco –que se sospecha pudo haber sido usado para quemar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro– cuando dijo que estaba en un cumpleaños.

“Mi hermano confió en una persona en la que no tenía que confiar y estuvo en un momento en el que no tenía que estar. No sé qué pasó, pero imagino que la situación se fue de las manos y los Centurión, por ser policías, logran poner el foco en las víctimas. Desvían la investigación y nos hacen perder tiempo a las familias. Es imposible que una persona desaparezca y no se sepa dónde está con la tecnología y las cámaras que existen. Algo se viene tapando desde un principio”, se queja Romina.

“Un calvario”

El primer mes, la investigación por la desaparición de Lucas estuvo a cargo de la policía bonaerense. En ese período, según la familia, no se tomaron medidas claves y hasta se perdieron pruebas. “Se tienen que volver a hacer procedimientos que estuvieron mal hechos –dice Romina–. Peritajes, rastrillajes, y allanamientos, es decir, el ABC de una investigación. Te doy un ejemplo concreto: uno no sabe cómo entregar la ropa al perro para que busque el rastro de mi hermano, a nosotros nadie nos explicó cómo hacerlo; cuando entregamos la ropa de él, la policía nos dijo que así no servía y que no podían hacer nada. Yo presencié un rastrillaje y vi que lo hacían solo para las fotos, ni siquiera miraban el piso. La Policía Bonaerense es un club de amigos; es asquerosa, repugnante”.

Recién en los últimos días de marzo, la Policía Federal, ahora en funciones en el caso junto al fiscal Daniel Ichazo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada N°1 de Berazategui, volvió a rastrillar una tosquera cercana al lugar donde apareció el cuerpo de Lautaro. También se secuestró y se peritó el móvil “exclusivo” del comisario mayor Centurión, evidenciando las sospechas sobre una red de encubrimiento comandada por el jefe policial para “salvar” a su hijo y a su sobrino. Por el caso ya fueron detenidos otros dos policías: el comisario inspector Sergio Argañaraz y el oficial ayudante Ramiro Forchinito.

Los padres y hermanos de Lucas organizaron movilizaciones hasta la Casa de Gobierno de la provincia, logrando que los recibiera el ministro de Seguridad, Sergio Berni. “Supuestamente, se va a encargar de todos los que de alguna u otra forma encubrieron. La reunión fue muy breve y nos dijo que denunciemos a Asuntos Internos, casi ni sabía quiénes somos”, recuerda, escéptica, Romina.

En simultáneo, el Gobierno nacional elevó de cuatro a cinco millones de pesos la recompensa para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Lucas.

“Hoy nuestra urgencia es que aparezca mi hermano –insiste Romina–, o que nos digan que hicieron con él, que dejen de tener ese pacto de silencio porque hacen sufrir a las familias un calvario innecesario. Mis padres no salen a hablar porque están destruidos, lo único que nos mantiene en pie es encontrar a Lucas”.

Presos con privilegios

Cristian y Maximiliano Centurión están detenidos en el penal de Florencio Varela. La locación pasaría desapercibida si no fuera porque la cárcel queda a diez cuadras de donde apareció incinerado el auto de Lucas Escalante y a 12 de donde fue encontrado el cadáver, también calcinado, de Lautaro Morello. Como si fuera poco, además, comparten barrio con las familias de las víctimas.

“Están a seis cuadras de nuestra casa y por eso tenemos una consigna de seguridad en la puerta. No tenemos el derecho de llorar a Lautaro en paz; tenemos autos en la puerta, nos sacan fotos, un día me siguieron hasta el cementerio. Salimos y no sabemos si vamos a volver; estamos en manos de Dios porque no tenemos ayuda de nadie”, se lamenta Estefanía –o Fanny para los conocidos–, la madre de Lautaro Morello.

Fanny crio sola a su hijo. Desde su crimen, suele sentarse en la vereda de su casa para mirar hacia la esquina, esperando verlo llegar.

“Estamos todos muertos en vida, lo que estamos sufriendo no se lo deseo a nadie”, dice la sufrida mujer.

Tanto la familia de Lautaro como la de Lucas se movilizaron el 30 de marzo pasado a la Casa de Gobierno de Buenos Aires para exigirles al ministro de Seguridad, Sergio Berni, y al mandamás provincial, Axel Kicillof, además de justicia y el esclarecimiento del caso, el traslado de aquellos dos detenidos a otro penal.

“En Florencio Varela están protegidos, sabemos que tienen visitas todos los días, que Maximiliano Centurión está en el pabellón de los evangélicos y que Cristian Centurión fue trasladado a un pabellón de expolicías. Es como si estuvieran de vacaciones en un hotel, ¿quién nos puede asegurar que mañana no se escapen?”, se queja Romina Escalante, hermana de Lucas.

Agrega Fanny Morello: “Primero tuvimos que soportar que la Bonaerense no hiciera nada. ¿Cómo ellos iban a investigar al hijo de un comisario y egresado de la Escuela Vucetich [en referencia a Cristian Centurión]? Borraron pruebas, manipularon la causa como quisieron. Ahora volvemos a vivir lo mismo porque los dos detenidos están en nuestro barrio y hacen lo que quieren. Somos nosotros los que vivimos una vida de terror”.

No es lo único que ahora los desvela. La semana pasada fueron detenidos el comisario inspector Sergio Argañaraz y el oficial ayudante Ramiro Forchinito. El fiscal de Berazategui Daniel Ichazo los indagó por encubrimiento. Ambos se negaron a declarar y siguen presos.

Según la investigación de Ichazo, el 10 de diciembre Argañaraz se habría negado a recibir la denuncia por “averiguación de paradero” a la madre de Escalante, que en ese momento era buscado junto a Morello. Ese mismo día le dijeron que Lucas había estado con Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino del comisario mayor Francisco Centurión. Además, Argañaraz tampoco cumplió las directivas dispuestas por la fiscalía en un allanamiento.