Escándalo. Intervienen el Servicio Penitenciario cordobés, detienen a su histórico jefe y cambiarán la ley de seguridad

CÓRDOBA.- Después de 15 años como director del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Juan María Bouvier perdió el puesto. Pero su suerte fue aún peor. En cuanto tomó conocimiento de que el gobernador Martín Llaryora decretó su salida y designó como interventor al ex fiscal federal y exfiscal general provincial Gustavo Vidal Lascano, la Justicia ordenó detenerlo en el marco de la llamada “causa Bouwer”, en la que se investigan graves irregularidades y presuntos hechos de corrupción en el interior del sistema carcelario cordobés.

El fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier dispuso el arresto de Bouvier y de dos de sus inmediatos colaboradores –Silvia Guadalupe Barbero y Víctor hugo Vivas, segundo jefe del SPC–, acusados de ser presuntos integrantes de una eventual asociación ilícita que habría tolerado o llevado adelante diversos negociados dentro de penales provinciales, entre ellos, los de Bouwer, Cruz del Eje, la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) y el de Villa María.

El SPC había quedado en el centro del escándalo hace unos meses, con la detención de Sergio Alejandro Guzmán, uno de los subdirectores del Establecimiento Padre Lucchese, de Bouwer. Esa causa hizo sospechar que también habría actuado de manera similar en otras dependencias donde estuvo, como la UCA y el penal de Cruz del Eje, donde fue director.

Desde inicios de setiembre Guzmán está preso en el marco de una investigación por supuesta asociación ilícita; en la misma causa fueron detenidos el exfuncionario de Gobierno de la Provincia, Ramón Salas, y un abogado.

Los investigadores, comandados por el fiscal Gavier, se detectaron presuntas maniobras de los imputados, entre ellas, falsificar informes de conducta de los presos a cambio de dinero; pedían el pago en dólares, tanto a los reclusos como a sus familiares. Los reportes que falseaban son claves para la obtención de libertades anticipadas y condicionales. Además, autorizaban mejoras en las condiciones de alojamiento en las celdas, también por dinero.

La denuncia la hizo el propio Servicio Penitenciario a partir de los dichos de un detenido. A Guzmán, se le sumaron a la acusación de presunta asociación ilícita, las de extorsión a internos, un hecho de privación ilegítima de la libertad de un preso y tenencia ilegal de dos armas de fuego.

Nueva ley y ministro

En este contexto, el gobernador Llaryora decidió realizar profundos cambios. Además de intervenir el SPC y poner al frente a Vidal Lascano –su cargo formal es el de secretario de Organización y Gestión Penitenciaria en el Ministerio de Justicia–, el nuevo mandatario provincial designó como ministro de Seguridad a Juan Pablo Quinteros, un exintegrante del juecismo que lleva dos décadas como opositor del peronismo cordobés.

Al mismo tiempo, tomó la decisión de promover una nueva ley de seguridad pública. Este martes ingresó a la Unicameral un proyecto de norma que prevé la formación de Guardias Locales de Prevención y Convivencia y la incorporación al sistema de empresas privadas de seguridad, cuyos integrantes podrán utilizar armas no letales en el ejercicio de sus tareas.

En el primer punto, la idea es la incorporación de “agentes locales capacitados y certificados para el uso de armas no letales”, como auxiliares de la Policía de Córdoba y en el marco de estrategias comunitarias de “aproximación a los vecinos”.

La norma crea un Instituto que asiste en la planificación de las políticas de seguridad, elabora, controla y evalúa la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas provinciales de seguridad, guardias locales y empresas prestadoras de servicios de seguridad, integrándolo al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec), creado en 2008.

Las municipalidades y comunas podrán adherir a la ley cuando se apruebe y, sobre esa base, constituir sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia. Entre las funciones de esos agentes están las de “disuadir, prevenir y, en su defecto, hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones, provinciales, municipales o comunales, en el marco de sus competencias materiales y territoriales”.