Horror en un jardín de infantes: reclaman el traslado a prisión del sacerdote condenado por abusar de cinco menores

El sacerdote Tulio Mattiussi fue condenado a 15 años de prisión al ser encontrado culpable de abusos sexuales sufridos por cinco niños en el jardín de infantes Belén, en la ciudad bonaerense de San Pedro. Mattiussi, de 49 años, fue sentenciado junto con Anselmo Ojeda, de 61 años y portero de ese establecimiento educativo de nivel inicial, quien recibió la misma pena por el delito de abuso sexual agravado. El Tribunal Oral 2 de San Nicolás absolvió, en cambio, a la preceptora María Luján Rubíes.

Los hechos denunciados ocurrieron en 2017 y ambos condenados permanecerán con prisión domiciliaria, con monitoreo de tobillera electrónica, hasta que la sentencia quede firme. Esa decisión es cuestionada por familiares de las víctimas. También consideran apelar la absolución de la preceptora.

“Siento que, en parte, se hizo justicia. Ahora necesitamos que los culpables cumplan la condena dentro de la cárcel”, expresó Carla Vitale, una de las madres de los niños abusados en el Jardín Belén por el sacerdote Mattiussi y el portero Ojeda.

“Hay una parte en la que nos queda un sabor amargo. Nosotros pretendíamos que luego de la sentencia se vayan esposados al penal y no fue así. De todos modos sabemos que hay una condena y que no es menor. Pero esperábamos que los tres acusados vayan presos de inmediato”, expresó Vitale, quien espera que no se prolongue demasiado los de por sí largos tiempos judiciales y que en poco tiempo pueda ver a los condenados tras las rejas.

Para ella, transitar el proceso judicial fue muy difícil. Principalmente asumiendo el rol de madre, escuchando los testimonios desgarradores de los familiares, peritos y profesionales que fueron reconstruyendo los hechos, y estando sentada a metros de quienes abusaron de su hija. Aun así, admite que el hecho que se haya condenado a los culpables lo siente como algo liberador. “Lo justo hubiese sido que nada de esto hubiera pasado, pero la condena es importante”, comentó a la nacion poco después de conocerse el fallo en el tribunal de San Nicolás.

El relato del horror que vivieron los niños en el jardín de infantes Belén, en la localidad de San Pedro, es indescriptible. En aquel lugar, en 2017, al menos cinco niños de entre tres y cinco años fueron abusados por el sacerdote y el portero, según determinó la Justicia tras analizarse los peritajes y testimonios escuchados en las audiencias del debate oral, que comenzó al 9 del actual.

A lo largo del juicio, tanto los padres de las víctimas como profesionales y peritos brindaron fuertes testimonios sobre lo ocurrido con esos cinco niños de entre 3 y 5 años que asistían al jardín de infantes Belén.

El momento del horror

En la sentencia, los jueces María Elena Baquedano, Alejandro Gabriel López y María Belén Ocariz dieron detalles de los abusos que sufrieron esos menores, cuya primera señal de alarma percibida en sus familias fue una serie de síntomas inexplicables y cambios abruptos de conducta en las víctimas, cuatro niñas y un niño.

Tras la realización de peritajes, entrevistas a los menores en cámara Gesell y sesiones con psicoterapeutas especializadas, pudo establecerse que se trataba de signos de abuso sexual infantil, cuyos autores los menores identificaron claramente en su relato. Se destacó en el fallo que los menores señalaron “de manera espontánea y no inducida” a los imputados como los autores de los vejámenes.

“Mi hija ya había tenido síntomas que demostraban que estaba pasando algo. Pero lo entendí como si fuera por otras cuestiones. Un día llegó del jardín y mientras jugaba con unos muñecos comenzó a relatar lo que sucedía dentro del baño de ese jardín. Allí contaba que cuando iba al baño una persona le hacía ‘cosquillas en la cola’”, detalló Vitale a la nacion.

De inmediato los padres pidieron una reunión con las autoridades del jardín y de a poco los distintos chicos fueron hablando de los abusos que sufrían en ese establecimiento de educación inicial.

“Nadie se podía imaginar el nivel de maltrato y abuso que sufrían las niñas y niños, ni mucho menos que eran varios los adultos que actuaban de esa manera. Además, lo que hacían ahí no eran simples juegos” especificó la madre de una de las víctimas, cuyas declaraciones ante especialistas en minoridad fueron importantes para alcanzar la condena de los responsables señalados por la Justicia.

Para el abogado querellante, Ariel Fusco, las pruebas que se presentaron fueron muy contundentes porque se recabaron los testimonios de primera mano de las víctimas. También, aseguró que fue relevante la forma en la que se condujeron los familiares de las víctimas y los peritos, que brindaron la información necesaria para que los investigadores pudieran reconstruir el caso.

“Los hechos son gravísimos. Estamos hablando de un delito que el Código Penal castiga con mayor rigurosidad y que socialmente son los más reprobados. Algo que no me terminó de convencer fue que el fiscal, cuando el caso se elevó a juicio, optara por la variante más básica de este tipo de delitos que es el abuso simple. A mi entender, los hechos son más graves que eso, particularmente teniendo en cuenta quiénes son los imputados: personas a las que se les confiaba el cuidado de niños que, en particular, recién iniciaban su camino escolar”, expresó Fusco a LA NACION.

Para el letrado, cuando se inició este camino, sabían que iban a enfrentar dos cosas. En primer lugar, poder probar los hechos; en segundo, lograr el crédito por parte de la sociedad, “en la que aún hoy hay quienes descreen de que lo que se planteó sea real”. Desde ese punto de vista, él se siente satisfecho con la declaración de culpabilidad.

“Yo esperaba una pena de prisión más elevada y esperaba una ejecución de la pena inmediatamente después de la condena. Yo puedo entender el fallo desde el punto de vista técnico, pero entiendo que a los familiares no los termine de convencer. De todos modos, cuando uno lee el fallo, es inapelable el nivel con el que se manejó el tribunal” concluyó.

Fusco, en su rol de querellante, había solicitado 33 años de prisión para los tres acusados, mientras que la fiscalía había solicitado 28 años de cárcel.