Violencia policial en Mendoza. Contrapuntos dentro del gobierno provincial por el allanamiento policial al evento de un rapero

La denuncia por violencia policial en la presentación del video de un rapero en Mendoza activó una investigación en el Ministerio de Seguridad provincial, aunque profundizó la polémica y generó contrapuntos puertas adentro de la cartera. Así las cosas, mientras la Inspección General de Seguridad (IGS) avanza con la pesquisa para determinar responsabilidades y admite “exceso” de los efectivos en el procedimiento de control, de los cuales dos ya fueron pasados a disponibilidad, el titular de la cartera, Raúl Levrino, salió en defensa de los agentes de la fuerza, ya que considera que fueron agredidos previamente por los jóvenes.

Mientras se buscan y analizan pruebas para poder determinar responsabilidades, en diálogo con LA NACION, el titular de la IGS, Marcelo Puertas, señaló que existe documentación suficiente para iniciar sumarios, al tiempo que evidenció que, en principio, el operativo llevado a cabo en la localidad de Godoy Cruz tuvo fallas de los policías. “Hemos identificado a los policías y se ve un exceso en sus funciones. Con lo que tenemos da para iniciar sumarios. Algunos móviles tienen cámaras en el interior del vehículo, por lo que hemos pedido la desgrabación de las cámaras”, señaló el funcionario provincial, quien además considera que se debe trabajar cada vez más en la capacitación y profesionalización de los efectivos.

Por su parte, el ministro de Seguridad, defendió la actuación de los uniformados. Levrino indicó que los agentes no ingresaron a la propiedad y que fueron atacados por los denunciantes, basándonos en las imágenes de una cámara oficial. “Como ministro de Seguridad no voy a permitir que agredan a la policía”, expresó el titular de la cartera más “caliente” de Mendoza, renuente a dialogar con la prensa, en medio de una escalada de la inseguridad en las zonas urbanas y rurales, que motivó a los líderes de la oposición, principalmente el peronismo y la izquierda, a solicitarle explicaciones en reiteradas oportunidades y, finalmente, la renuncia.

“Nosotros actuamos correctamente. Consultamos quién era el titular del domicilio. ¿Cuál fue la respuesta? Agresión a la policía”, indicó Levrino, asegurando que los jóvenes escupieron, empujaron y golpearon a los agentes de seguridad, por lo que radicó una denuncia en la Justicia, que también ya investiga el caso como “averiguación de ilícito”.

Asimismo, el ministro espera que siga su curso la investigación de la IGS, que dará su respuesta después de evaluar todo el material probatorio existente, lo que podría ocurrir después de la segunda mitad del año.

Al mismo tiempo, Levrino cargó contra el arco político contrario: “La comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura maneja el manual de La Cámpora y no tiene propuestas en temas de seguridad”. Mientras, dos de los efectivos que participaron del cuestionado procedimiento fueron pasados a disponibilidad, por lo que dentro de 30 días, a pesar de seguir cobrando su sueldo, serán trasladados. De acuerdo con la resolución que tome la IGS en el polémico caso, entre las posibles sanciones, figuran también la cesantía y la exoneración.

La voz de alerta la dio un grupo de artistas durante la madrugada del sábado mediante videos que se viralizaron el fin de semana en las redes sociales, generando la reacción ciudadana y de la dirigencia política. A través de las grabaciones denunciaron “violencia institucional” de los efectivos durante el operativo en el que detuvieron en un evento privado del músico Don Turco a seis jóvenes, acusándolos de ruidos molestos y resistencia a la autoridad.

El episodio que motivó la investigación oficial se produjo el viernes 25 de marzo antes de la medianoche en la comuna de Godoy Cruz, cuando, según contaron los participantes del evento, los agentes del orden ingresaron a la propiedad, ubicada en las inmediaciones de las calles San Martín y Maipú, sin orden judicial, motivados por un llamado al 911 donde se advertía de una fiesta clandestina en la que se vendían estupefacientes.

En ese momento, indicaron los jóvenes, fueron “reprimidos, violentados y reducidos” por los efectivos policiales, aunque horas después fueron liberados, mientras uno de ellos fue imputado por desobediencia a la autoridad. Tras el repudio generalizado por diversos colectivos de artistas, organizaciones de Derechos Humanos y dirigentes de la oposición, el Gobierno provincial activó la investigación, que también seguirá su curso en la Justicia local.