Abusos sexuales en la Iglesia: en Salta, imputaron a un obispo cercano al Papa

Con al menos seis curas y una monja bajo investigación judicial -incluyendo a un ex obispo a quien el Papa Francisco trasladó a un puesto estratégico en el Vaticano- Salta es una de las provincias con más casos por presunto abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia, de acuerdo a la investigación realizada por LA NACIÓN. Con la presión de esos números, a la que se suma la decisión del nuevo procurador general de apoyar a sus fiscales para que exijan los resultados de las causas canónicas, el arzobispado de Salta resolvió elaborar un nuevo de protocolo sobre cómo actuar ante una nueva denuncia.

"Estamos buscando la forma de darle mayor transparencia cuando ocurren estos casos", le dijo a LA NACIÓN el vicario judicial del arzobispado, el padre Loyola Pinto de Sancristoval. Para eso, los sacerdotes de Salta están elaborando un protocolo propio sobre como presentar en la Justicia las denuncias que reciben.

El jueves de la última semana la Justicia imputó al ex obispo de Orán, Gustavo Oscar Zanchetta, por el delito de abuso sexual continuado agravado a dos seminaristas A pedido de la fiscal Mónica Viazzi, el juez de Garantías 2, Claudio Parisi, también le retuvo su pasaporte, le prohibió salir del país y le ordenó abstenerse de "acercarse a las víctimas o a su grupo familiar".

Zanchetta había renunciado al obispado en julio de 2017 de forma inesperada y alegando problemas de salud. En diciembre de ese mismo año, reapareció en Roma como consejero en la Administración del Patrimonio de la Santa Sede Apostólica (APSA), conocida como la "inmobiliaria" del Vaticano, ya que administra más de 5000 propiedades en distintos países. En un reportaje reciente al canal mexicano Televisa, el papa Francisco admitió que fue él quien decidió trasladar a Zanchetta -quien también enfrenta una investigación canónica- para que comience un tratamiento psicológico. "Pasé (el caso de Zanchetta) a la Congregación de la Doctrina de la Fe, (donde) están haciendo el juicio", dijo Francisco en la entrevista.

El nuevo protocolo -que todavía se está discutiendo- es un intento del arzobispado salteño por enfrentar el problema de los abusos. A la seguidilla de escándalos se le suma la llegada de un nuevo procurador general decidido a obligar a la Iglesia a abrir sus archivos.

A lo largo de más de medio siglo, el concordato que en 1966 firmaron el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y el Vaticano se convirtió en el argumento usado por la iglesia argentina para negarse a entregar a la Justicia los resultados de sus investigaciones canónicas sobre abuso sexual por parte de sacerdotes. El acuerdo otorga a la Iglesia "jurisdicción" sobre el territorio argentino.

El procurador general de Salta quiere eliminar ese acuerdo y elabora un pedido para declararlo inconstitucional.

Código paralelo

"No hay dos códigos paralelos, la Justicia es una sola y la Iglesia debe aceptar su responsabilidad como institución de derecho público. La posición de esta procuración es muy firme: el principio de territorialidad del concordato no puede servir de excusa para no ajustarse a derecho", el dijo a LA NACION Abel Cornejo, procurador general de Salta.

Cornejo lleva menos de un mes como jefe de los fiscales salteños -asumió el 16 de mayo- y uno de sus primeros objetivos es conseguir que la Justicia declare inconstitucional el concordato. El pedido busca destrabar un conflicto entre la fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Luján Sodero Calvet, y el obispado de Salta en la causa que investiga al sacerdote José Carlos Aguilera Tassin por dos casos de supuestos abusos cometidos cuando era el párroco de la iglesia de Campo Santo, localidad a 63 kilómetros de la capital provincial.

La causa se inició a fines del año pasado y, en abril, Sodero Calvet pidió al obispado las actuaciones que habían hecho dentro de la investigación canónica. La respuesta fue "no", y argumentaron que en todo caso, debía pedirlas en el organismo que se ocupa de los juicios canónicos, la Congregación para la Doctrina de la Fe con sede en el Vaticano, según confirmó a LA NACION el vicario judicial del obispado, el padre Loyola Pinto y de Sancristóval.

Eludir las pericias

"Ni siquiera le entregaron a las víctimas una copia de su propia declaración", se quejó a LA NACION la fiscal a cargo de la investigación, que aseguró que "desde un principio el obispado busca influir sobre la causa".

Desde que empezó el proceso judicial, Aguilera se negó a someterse a una pericia psicológica y a un careo con una de las dos víctimas. La fiscal tampoco pudo lograr que la Justicia le autorice un allanamiento en el obispado para intentar recolectar pruebas ni obligue a Aguilera a pasar en la cárcel la prisión preventiva. Después de haber estado preso en la Alcaidía General de los tribunales salteños, el cura, de 53 años, cuenta ahora con el beneficio de una prisión domiciliaria. "Aguilera se ha negado a todo, es una persona muy influyente en Salta", dice la fiscal.

Hasta que se conoció la denuncia por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, supuestamente cometido entre 15 y 20 años atrás, Aguilera estaba a cargo de la Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Salta, donde además era capellán y profesor. En el arzobispado también tenía un cargo: titular de la Comisión de Patrimonio y Bienes Culturales.

Otros casos

Los conflictos generados por el concordato son una constante cada vez que la Justicia, o las víctimas, reclaman a la Iglesia acceso a la documentación sobre los casos de abusos. Eso fue lo que le ocurrió, por ejemplo, a Julieta Añazco, una referente de las víctimas, que durante años le pidió al arzobispado de La Plata las pruebas por las cuáles había sido sancionado el sacerdote Héctor Ricardo Giménez.

En Mendoza el concordato ya le trajo problemas a la Iglesia. En dos ocasiones el obispado tuvo el revés de la Justicia por haberle negado a los denunciantes el acceso a las causas. La primera fue en 2015, en un fallo ratificado por la Corte Suprema de la provincia. La segunda ocurrió en noviembre del año pasado, cuando los tres miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Mendoza ratificaron un fallo de primera instancia.