Ciudad: tras las tomas, un grupo de familias impulsan una ley para evitar el adoctrinamiento y el proselitismo escolar

“Las tomas de escuelas se levantaron, pero nuestro trabajo recién comienza”, sostiene Paola Galgani, referente de Voces No Escuchadas, sobre los cambios que a futuro podrían impactar en el sistema educativo porteño. El grupo de padres y madres autoconvocados de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg, conocida coloquialmente como Lengüitas, engloba a 120 familias y se organizó originalmente para reclamar contra las medidas de fuerza de los alumnos, pero ahora está trabajando junto a legisladores de diversos bloques y el Ministerio de Educación de la ciudad, que dirige Soledad Acuña, para evitar el adoctrinamiento escolar.

Proponen que se impulse una ley que regule aquellas situaciones –sin importar el color político– en las que docentes y directores imponen en las aulas ideas proselitistas o fomentan los espacios de pensamiento único, anulando la posibilidad de debate y la pluralidad de miradas en el abordaje de los temas escolares.

Entre los proyectos que ya circulan en la Legislatura, se propone la creación de un organismo por fuera de la órbita de la escuela que trate y sancione los eventos de este tipo detectados, y que se habilite un canal de denuncia anónimo con el objetivo de que la persona denunciante (sea familiar o estudiante) no sufra represalias dentro de la comunidad educativa.

“El adoctrinamiento silencia las voces. Cuando un alumno escucha que un docente, que tiene un lugar de poder y de influencia, toma una postura proselitista dentro del aula, aunque piense distinto no se anima a contradecirlo. Quienes adoctrinan son prácticamente de una misma rama política. Vemos que no solo existe un adoctrinamiento fuerte, sino que los canales actuales por los cuales uno lo denuncia no sirven”, expresa Galgani a LA NACION.

Según la referente, diferentes familias detectaron en el último tiempo situaciones del estilo en la escuela. En su caso particular realizó una denuncia en junio contra una docente de geografía, que luego no fue tratada por las autoridades de la escuela: “Fueron muchos los casos; por ejemplo, avalaba los actos de violencia de la extrema izquierda, pero el detonante fue cuando empezó a enseñarles que ´la geografía fue académicamente hegemónica patriarcal masculina heterosis normativa´”. Solicitó una reunión con la maestra y los directivos. La denuncia no salió de la órbita de la vicedirección, que –según refiere– nunca trató el tema.

El Lengüitas

El Lengüitas fue de las escuelas que más activamente participó de las tomas entre fines de septiembre y principios de octubre. Antes de que sucedieran, padres y madres habían realizado reclamos individuales por situaciones de adoctrinamiento y, cuando se desencadenaron las tomas, decidieron formar Voces no Escuchadas. De acuerdo con Galgani, el sostenimiento de la medida en el tiempo no era algo que avalase la mayoría de la comunidad educativa; por ejemplo, su hija de 4º año, que recibió represalias por expresar su disconformidad. “Cuando manifestó que estaba en contra, la insultaron y cuatro compañeros se tiraron arriba de su banco, fue espantoso. Después la hostigaron por las redes sociales. Es muy serio lo que está pasando”, describe.

El grupo de familias está manteniendo reuniones con las autoridades del Ministerio de Educación porteño y acercó sus propuestas a los legisladores de la UCR, Republicanos Unidos, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza y el Frente de Todos. Les solicitan que asuman el compromiso de redactar un proyecto de ley. Algunos de ellos, como Republicanos Unidos y La Libertad Avanza, ya cuentan con sus propias iniciativas para regularlo.

Varios de los legisladores les manifestaron reparos con que se introduzca, como proponen, un canal de denuncia anónima, uno de los puntos que más interesa a los padres. El argumento que esgrimen es que podría habilitar casos en que los estudiantes, por motivos arbitrarios, realicen denuncias falsas contra los docentes.

“Les respondimos que es como cualquier procedimiento administrativo. Tienen que existir las denuncias y lo mecanismos por los cuales los padres y alumnos puedan generar pruebas para verificar la veracidad de lo que denuncian. Es necesario que, además de ser anónima, el destinatario que lo resuelva sea una autoridad por fuera de la escuela”, explica Galgani.

Una de las opciones que se barajan es que se integre un equipo interdisciplinario dentro del ministerio, formado por docentes con trayectoria académica, prestigio y reconocimiento de la comunidad educativa, que asuma la responsabilidad de evaluar y resolver las denuncias.

Propuestas

El espacio que dirige el político Ricardo López Murphy ya presentó en la Legislatura un proyecto de ley llamado “Antiproselitismo escolar”. La iniciativa propone que se establezca un sistema de denuncia anónimo al que pueda acceder cualquier ciudadano porteño que quiera poner en conocimiento de la autoridad educativa casos que vulneran los derechos de niños y adolescentes.

El organismo para aplicarlo sería el Ministerio de Educación de la ciudad y las denuncias podrían radicarse ante hechos de proselitismo o adoctrinamiento escolar y situaciones de abuso de autoridad. También propone que se puedan denunciar casos de presión sindical contra integrantes de la comunidad educativa que excedan las facultades lícitas de acción de los gremios.

Por último, abre la posibilidad que se pueda denunciar cualquier situación de esta índole cometida por personal docente y no docente que atente contra la institución.

Después de radicada la denuncia, el procedimiento sería similar al de la apertura de un sumario administrativo en el que padres y alumnos podría aportar documentación como los cuadernos escolares, grabaciones y fotografías en calidad de prueba.

En la redacción del proyecto participó el abogado José Magioncalda, que partió de su propia experiencia. “Mis hijos siempre fueron a escuelas públicas y hace varios años el tema del adoctrinamiento me tocó en lo personal cuando asistían a la Escuela N° 7 Marcos Sastre, del Distrito Escolar 9. En el momento en el que empecé a pelear por este tema, estaba solo. Ahora me alegro que mucha gente se diera cuenta de que el proselitismo en las escuelas es una situación inaceptable”, dice a LA NACION Magioncalda, autor del proyecto junto con la legisladora Marina Kienast, y asesor de López Murphy.

Y agrega: “Son casos de corrupción porque se utiliza la estructura del Estado con una finalidad partidaria, como obtener adeptos o votos. Es necesario establecer un sistema de denuncia anónima, porque el problema que tenemos los padres cuando hacemos la denuncia es que los chicos siguen en la escuela a cargo de la persona denunciada. Es grave que los hijos estén en problemas por las denuncias que realizan sus padres”.

Por último, el abogado destaca que el proyecto todavía no fue tratado por la Comisión de Educación de la Legislatura porque no cuenta con el consentimiento unánime del oficialismo local. Mientras, avanzan las conversaciones con los padres que buscan impulsar una ley en el mismo sentido.