“Me dijeron que no me pasaría nada”: en el primer día de juicio, el falso médico que atendió en pandemia responsabilizó a funcionarios

CÓRDOBA.- Empezó en Río Cuarto, el juicio a Ignacio Martín, el falso médico que se desempeñaba en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que fue creado por la pandemia del Covid-19. El joven está detenido desde el 4 de febrero de 2021 acusado de homicidio simple por dolo eventual, lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documentación privada falsa, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada continuada y defraudación calificada en grado de tentativa.

Martín, hoy de 21 años, declaró ante el tribunal y apuntó que funcionarios municipales sabían que no era médico, pero lo hicieron firmar como tal para ponerlo al frente del Centro de Operaciones Tácticas del COE.

Relató que cuando llegó a Río Cuarto junto a su ahora exnovia, el titular del COE, Diego Almada, les “ofreció realizar unos sellos del Ministerio de Salud”, tarea que él aceptó. “De ahí sale el sello que dice ‘Dr’, la abreviación de doctor, Ignacio Nicolás Martín, COT que sería Centro de Operaciones Tácticas y la matrícula también me la brinda él”, precisó.

Planteó que cuando su caso se hizo público supo de quién era la matrícula: “Termino aceptando por negligencia mía pero porque me aseguraron que los que mandaban eran ellos, que no me iba a pasar nada, que me quedara tranquilo y que siguiera trabajando como lo venía haciendo”.

También sostuvo que le presentaron al secretario de Salud municipal, Marcelo Ferrario, y al subsecretario, Isaac Pérez Villarreal, a quienes él no conocía. “Me presentan con estas dos personas como un voluntario que había venido de Córdoba y que estaba flojo de papeles, que no era médico pero trabajaba muy bien”, insistió.

En su declaración le pidió “disculpas” al “tribunal, a la comunidad y a los miembros de la fiscalía por haber hecho cosas que no me correspondían. Sinceramente les pido disculpas”.

Inspector de tránsito

A comienzos de este año, la Justicia rechazó un pedido de excarcelación presentado por la defensa del joven que tenía 19 años en 2021 cuando, en plena pandemia, usó una matrícula médica correspondiente a otra profesional. Además, tenía un carnet de inspector de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y una causa judicial pendiente por estafas en compras online.

Martín decía tener 24 años y cumplió tareas en la oficina del Centro de Gestión Municipal de Banda Norte en Río Cuarto, donde firmó alrededor de 100 documentos para obtener el carnet de conducir. Desde la Municipalidad –que es querellante en el juicio– explicaron que “prestó servicios” en dos jornadas discontinuas en noviembre de 2020, cuando cobró $2000 por día. Todas las licencias que se entregaron con su firma en el trámite se rehicieron.

En mayo de 2020 se sumó como voluntario del COE. Estuvo en Río Segundo y, en septiembre, pasó a Río Cuarto cuando la ciudad registraba un brote importante de casos de Covid-19. Decía que se había recibido de médico poco antes, profesión que también adjudicaba a su padre.

En el COE, además de organizar traslados de pacientes y cumplir guardias en la atención telefónica, visitaba pacientes. En noviembre –cuando trabajó en Banda Norte– empezaron las sospechas. Desde la municipalidad se comunicaron con el Consejo de Médicos y con el gobierno provincial. En diciembre de 2020 fue denunciado por el Ministerio de Salud de la provincia, pero el caso recién salió a la luz dos meses después.

Sobreseimiento

En diciembre de 2021, el Juzgado de Control de Río Cuarto sobreseyó en parte a Martín. La jueza Luciana Alba hizo lugar al requerimiento del fiscal de Instrucción Pablo Jávega, que había pedido desincriminarlo por los hechos de uso de documento público y privado falsos, con relación a las copias de DNI y del carnet profesional que oportunamente había presentado ante la Secretaría de Salud municipal.

El criterio de los magistrados es que no cabe recriminarle ninguno de los dos delitos porque nunca utilizó documentos originales y, por lo tanto, no se pudo comprobar que los hubiera adulterado. En el escrito, sostienen que la ley no penaliza a quien usa copias o papeles sin valor legal.