Prisión preventiva para ocho miembros de la banda que entró a los tiros a una comisaría en San Justo
LA NACION
El tiroteo en San Justo, desde la cámara de seguridad
Un juez de La Matanza dictó hoy la prisión preventiva de los ocho integrantes de una banda, entre ellos una abogada, que el 30 de abril último ingresó a los tiros a la comisaría de San Justo para intentar rescatar a un preso e hirió de gravedad a la sargento Rocío Villarreal, informaron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió en la madrugada cuando, cuatro de los integrantes de la banda, fuertemente armados y vestidos de policías, irrumpieron en la comisaría en busca de un preso, pero fueron repelidos por los agentes en un tiroteo en el que resultó herida de dos balazos Villarreal.
Pasadas las cinco de la mañana y vestidos con gorras negras con letras doradas, camperas azules y chalecos antibalas falsos, los delincuentes entraron al lugar a los gritos, ordenaron a los agentes que se quedaran quietos y entonces comenzaron los disparos que alcanzaron a la mujer que estaba en el lugar junto a otros cuatro compañeros.
Los primeros en ser detenidos fueron una joven de 19 años y un hombre quienes planeaba rescatar a un preso acusado de haber asesinado el año pasado a un narco que se quedó con un cargamento de 70 kilos de cocaína.
Los procesados con prisión preventiva son el preso al que iban a rescatar, Leandro David Aranda (22); su novia, Zahira Bustamante (19); el primo de ésta, Damián Postigo Marullo (19); Gonzalo Fabián Dángelo (22), Daniel Alberto Rodríguez (30), Tomás Villamil (27), Tomás Axel Sosa (19), Sebastián Rodríguez (39), todos como coautores, y la abogada Leticia Analía Tortosa (38), como partícipe necesaria.
En su resolución a la que accedió Télam, el juez, a pedido de la fiscal Alejandra Nuñez, dio por acreditado que entre el 18 y 30 de abril últimos, Aranda quien se encontraba detenido por un homicidio agravado, decidió su fuga de su lugar de alojamiento, la cual planificó y comenzó a ejecutar, y para ello contó con la cooperación de Tortosa, su defensora particular.
Rivera Vázquez sostuvo que la abogada, "ejerciendo el rol que le ocupó en la empresa criminal, le entregó ilegítimamente un teléfono celular a Aranda, facilitando así que éste pueda organizar con sus cómplices, su escape".
