Un instrumento frágil y que todavía está en etapa de transición

La prueba Aprender tiene dos objetivos: evaluar el sistema y evaluar cada escuela. El primer objetivo es importante porque da continuidad a una política instituida en 1993 y sostenida por los distintos gobiernos. Si bien es un recorte parcial, la prueba nos permite comprender mejor la situación educativa en cada provincia.

Pero si es bien utilizada, el segundo objetivo, sin embargo, me parece aún más importante. La prueba Aprender es censal para el último año de primaria y de secundaria (antes, sólo lo era en la secundaria). Esto es clave porque permite generar un informe de los recursos, contextos y resultados por escuela.

La elaboración de estos reportes debería ser el eje central de un trabajo necesario de devolución a las escuelas. Un buen informe, que mire en detalle los resultados de cada una de ellas, permite conocer mejor las fortalezas y debilidades, dar herramientas a los equipos de capacitación y supervisores para potenciar a las más desfavorecidas y aprender de las que logran resultados destacados.

Esto no implica usar la lógica de la competencia ni publicar los resultados por escuela, que está prohibido por ley y que sólo generaría confusión. Es mucho más importante trabajar dentro del sistema, construir líneas de base y armar planes de mejora con recursos y apoyo. Sin las pruebas, este mismo trabajo parte de intuiciones y de información limitada. Con las pruebas no se soluciona el problema: los reportes deben ser claros y profundos, y la asistencia para leerlos debe llegar a todas las capas del sistema.

Sin embargo, es necesario advertir que la prueba Aprender todavía está en una etapa de transición. Convertida en objeto de debate político, su aplicación es todavía frágil y requiere una maduración institucional para que cada alumno del país haga su máximo esfuerzo al contestarla. De no ocurrir esto, la información será limitada, dado que el esfuerzo del alumno es una parte vital de su correcta aplicación.

Hoy, el mayor desafío es institucionalizarla como una herramienta básica y necesaria que permite construir diagnósticos para la mejora institucional y garantizar derechos en los territorios.

Director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés e investigador del Cippec