Bruselas expedienta a España por incumplir la norma de prevención de blanqueo de capitales de la UE
La Comisión Europea ha informado este jueves del inicio de un procedimiento de infracción contra España por la "aplicación incorrecta" que hace de la nueva norma común para la prevención del blanqueo de capitales en la Unión Europea.
A pesar de que España había notificado a los servicios comunitarios una transposición completa de la directiva antiblanqueo al Derecho nacional, Bruselas ha detectado "varios casos de aplicación incorrecta" en lo que se refiere a la creación de los registros centrales de titularidad real.
A juicio del Ejecutivo comunitario estos registros son "piedra angular" de las normas comunitarias para luchar contra el blanqueo y por ello ha remitido una carta de emplazamiento a las autoridades nacionales.
Este es el primero de los tres pasos previstos en un expediente sancionador y da ahora a España un plazo de dos meses para resolver las deficiencias señaladas por Bruselas. Bruselas ha iniciado un procedimiento por la misma razón contra Italia.
Si pasado ese periodo el Ejecutivo comunitario considera que persiste el problema podrá remitir un dictamen motivado para dar dos meses más al país expedientado antes de decidir si eleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
"Aumentar la transparencia es fundamental para luchar contra el uso indebido de las entidades jurídicas. Los Estados miembro deben garantizar que la información sobre los propietarios reales de estas entidades jurídicas --sus titulares reales-- se almacene en un registro central", ha considerado Bruselas en un comunicado.
Por ello, añade el comunicado, los países pueden utilizar bien una base central de datos que reúna información sobre la titularidad real, bien el registro de empresas u otro registro central.
"La confianza de los inversores y del público en general en los mercados financieros depende en gran medida de la existencia de un riguroso régimen de divulgación que aporte transparencia sobre la titularidad real y las estructuras de control de las sociedades", remacha el Ejecutivo comunitario.
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