Opositores cesan en Bolivia a autoridades judiciales en polémica sesión de Congreso
![Tres funcionarios miran por la ventana desde la Asamblea Legislativa Plurinacional mientras el Congreso sesiona, en La Paz, Bolivia, el jueves 6 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita)](https://www.lanacion.com.ar/resizer/v2/tres-funcionarios-miran-por-la-ventana-desde-la-LCOLSBQYT5ACXPH755NAW4CUOM.jpg?auth=a5c73636b026a5050625c9a2003cc04e3e5555a2c4653279e52c4a7051ebce12&width=420&height=280&quality=70&smart=true)
LA PAZ, Bolivia (AP) — La pugna en Bolivia por la renovación de autoridades judiciales sumó otro capítulo el jueves cuando legisladores opositores, junto a una parte del oficialismo contraria al presidente Luis Arce, aprovecharon un viaje del mandatario para destituir a magistrados que habían sido prorrogados en sus cargos.
Arce viajó el martes a Rusia y dejó al mando del país al vicepresidente David Choquehuanca, quien en circunstancias normales tiene la presidencia de la Asamblea Legislativa y es el que llama a sesión de ambas cámaras.
Con Choquehuanca en la funciones de Arce, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, leal al exmandatario Evo Morales (2006-2019), dijo tener potestad para ejercer de presidente del Congreso y, por tanto, de convocar a los legisladores a una sesión en la que estaba previsto destituir a un grupo de magistrados judiciales cuya renovación en el cargo ha sido motivo de polémica y tensiones en el oficialismo desde el año pasado.
Entre los cargos a renovar estaban los magistrados que ratificaron la anulación de la reelección presidencial, impulsada por Morales en un referéndum para poder volver a presentarse a elecciones.
Las autoridades judiciales en cuestión debían finalizar su gestión el 2 de enero de este año y ser reemplazados por nuevos titulares y suplentes para la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura, entre otros. Estos debían ser elegidos en comicios judiciales en octubre de 2023, que no llegaron a realizarse por las pugnas políticas.
El jueves, en la convocatoria legislativa, las dos fuerzas opositoras y los oficialistas afines a Morales sumaron mayoría para remover a esas autoridades judiciales que tienen mandato extendido, pese a que el Tribunal Supremo Constitucional (TCP) dispuso horas antes la suspensión de esa sesión cuando se dio a conocer la convocatoria.
Antes de la sesión, además, se ordenó una fumigación en los predios del Congreso, que finalmente no impidió la entrada de los legisladores para llevar a cabo la sesión incluso sin luz.
Los seguidores de Arce, que tienen minoría legislativa, alegan que la convocatoria del presidente del Senado fue ilegal.
La situación quedó en incertidumbre, dado que se desconoce si los jueces destituidos acatarán la decisión, amparándose en que el Tribunal Supremo Constitucional había suspendido la convocatoria.
La disputa se da, también, en medio de pugnas política internas en el partido oficialista del Movimiento al Socialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2025. Solo puede haber un candidato presidencial por el MAS y tanto la facción afín a Morales como la de Arce han organizado convenciones de partido para elegir a sus nuevos lideres que han sido, en ambos casos, anuladas por la justicia por excluir a otro bando.
El presidente del Senado defendió su decisión de convocar a sesión, cumpliendo "esa agenda inconclusa”, en referencia a los intentos previos fallidos para designar nuevas autoridades judiciales.
El diputado Jerges Mercado, partidario de Arce, aseguró a los medios que se trata de un “atentado” contra la Constitución Política del Estado y “un golpe de Estado contra Choquehuanca, porque él aún continúa en el país”.
Desde la oposición, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) —actual líder de la fuerza Comunidad Ciudadana— celebró que se haya “cesado de sus cargos a los magistrados autoprorrogados", ya que considera que se devuelve la constitucionalidad al Órgano Judicial.
Diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han criticado en varios informes la falta de independencia de los jueces.
“El problema que tenemos los bolivianos es la crisis judicial; nosotros queremos una solución a esta crisis y lo que hace esto es empantanar más el proceso de elección de jueces”, mencionó el abogado constitucionalista José Romay.