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Palos en la rueda

Por Luis J. Grossman
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29 de marzo de 2000  

En un sketch televisivo se hizo popular años atrás el personaje que, con un arbolito a cuestas, deambulaba por infinito número de ventanillas y despachos para obtener un inalcanzable permiso. Con el paso de los años, el señor del arbolito se convirtió en un arquetipo que simbolizaba la permanente e inamovible presencia de la burocracia, pesada y esterilizante.

Por suerte, la Secretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad, a cargo del arquitecto Enrique García Espil y sus colaboradores, entre ellos los arquitectos Francisco Prati y Norberto D´ Andrea, ya instrumentó medidas para simplificar los trámites de rutina. Con los Consejos Profesionales de Arquitectura e Ingeniería, en el marco del apoyo de las seis instituciones académicas y profesionales de la arquitectura e ingeniería, procura reducir las gestiones confiriendo la responsabilidad a los profesionales y tercerizando las tareas de inspección que asumirían éstos, y que por su magnitud no puede encarar el ente público.

Si como consecuencia de lo dicho el lector supone que se simplificaron las gestiones para conseguir un permiso de construcción en la ciudad de Buenos Aires, lamento tener que sacarlo de su error: los tiempos de tramitación no sólo no se acortaron, sino que amenazan con prolongarse cada vez más.

La Legislatura porteña dictó una serie de leyes relacionadas con el Impacto Ambiental y las Habilitaciones que, por mejor intención que hayan tenido para mejorar el hábitat de la ciudad, son verdaderos palos en la rueda para su desarrollo edilicio. Y por otra parte, desde hace dos años y medio se está esperando la sanción del Código de la Ciudad de Buenos Aires, que pretendía resolver los desacuerdos originados en innumerables resoluciones acumuladas desde 1977, haciendo subjetivas las interpretaciones del mismo.

El Código de Edificación, por su propia naturaleza, debe prever el impacto que pueden producir los efectos de la construcción que involucra (morfología, densidad y usos) y si fuera necesario atemperar los efectos de una obra de magnitud.

"Debe ser el propio código quien lo contemple; lo que no se quiere -dice José Antonio Urgell, presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (integrante de las seis entidades agrupadas para emitir opinión académica y profesional)- es que vuelva la subjetividad en el otorgamiento de los permisos de obras a ser protagonista en el desarrollo de la ciudad. Todos sabemos qué trae aparejado ese camino." Ante esta realidad, que los profesionales verifican cada vez que se presentan ante un mostrador oficial, uno se pregunta: ¿cuáles son los aportes del Gobierno de la Ciudad para recuperar la capacidad constructiva de su población? En el transcurso del último año cayó un 71 por ciento la cantidad de permisos de obra otorgados, y puede afirmarse que esa reducción no corresponde tan sólo a la recesión nacional (cuyos efectos negativos nadie ignora), sino también a las dificultades crecientes que crea la legislación de la ciudad y sus reglamentaciones ulteriores.

Si tomamos en cuenta lo señalado en nuestra nota del 16 de septiembre último, la reducción de un 25 por ciento en el volumen de obra en la ciudad provocaba la caída de 30.000 puestos de trabajo. Va de suyo estimar el perjuicio producido por un porcentaje como el mencionado.

Hubo, a mi modo de ver, dos leyes cuyas respectivas reglamentaciones bloquearon el curso normal de los expedientes a partir de mediados de 1999. Una es la ley Nº 123 (de Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental) y su decreto reglamentario Nº 1252. Otra alude a las marchas y contramarchas en el tema de las habilitaciones.

Es una deuda que los legisladores tienen con los profesionales y la industria de la construcción de esta ciudad.

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