El domingo se conmemoró el Día Mundial de las Víctimas en el Tránsito. Personas, no estadísticas, números y cifras que muchas veces, absurdamente, son objeto de polémica. En definitiva, es gente con nombres, rostros, historias, proyectos, ambiciones y sueños que quedaron truncos, en pocos segundos y a la vera de un camino. Eso es ni más ni menos lo que significa esa conmemoración: recordar a personas que tuvieron una muerte evitable, sin sentido; dejando también una secuela de dolor y angustia detrás.
Según la Asociación Civil Luchemos por la Vida, en los últimos 25 años murieron en la Argentina 190.000 personas en incidentes viales. Como dice en su comunicado: "Ninguna guerra, ni catástrofe, ni desastre natural ha producido semejante tragedia en nuestro país".
Pero no hay una conciencia cabal de nuestros dirigentes acerca de este flagelo. Nunca está en la agenda política cuando, como dice la misma asociación, "la seguridad vial debería ser una política de estado: con esfuerzos coordinados y decisiones mancomunadas entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios". Lo que se traduce en más y efectivos controles (en especial de alcoholemia, uno de los principales factores que provocan accidentes), bajar las velocidades máximas en muchas zonas y vías (por ejemplo, en algunas autopistas hoy fuera de todo control), el uso de los elementos de seguridad (cinturón, casco, SRI), que mucha gente deja de lado, una educación vial sistemática desde la niñez, exámenes más eficientes para obtener la licencia de conducir, legislar contra los delitos viales (picadas, excesos de velocidad graves, etcétera) y mejorar la infraestructura vial y de las calles. Otros países se lo propusieron y lo lograron. ¿Por qué el nuestro no?
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