A un año de colocadas, una ley avaló las rejas en la Plaza de Mayo

El gobierno porteño las instaló en 2018 sin respetar del Código Urbanístico
Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo
El gobierno porteño las instaló en 2018 sin respetar del Código Urbanístico
Daiana Zunino
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7 de junio de 2019  

A poco más de un año de la inauguración de las obras en la Plaza de Mayo que incluyeron la instalación de rejas permanentes en el histórico lugar la Legislatura porteña le dio sanción definitiva a una ley impulsada por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta , y regularizó la colocación de ese cerco de seguridad en el espacio verde y sus calles laterales Rivadavia e Yrigoyen.

Con esta norma, que solo fue convalidada por los diputados oficialistas, se busca resolver un conflicto jurídico que surgió tras la presentación de un recurso de amparo: el enrejado fue colocado sin haberse sancionado una norma especial para tal fin, como lo exige el Código Urbanístico porteño, y además no tuvo el apoyo de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, organismo que debe aprobar previamente las intervenciones sobre los bienes protegidos.

El juez en lo contencioso administrativo y tributario Nº 8, Osvaldo Otheguy, lo declaró ilegal en enero y le dio al Poder Ejecutivo 90 días para sancionar una ley que lo avalara o restablecer la plaza a su estado original.

Las rejas actuales reemplazan las vallas móviles de la Policía Federal de dos metros de alto instaladas en 2001 con el objetivo de "preservar la Casa Rosada de los disturbios y el vandalismo de manifestantes y, principalmente, para proteger la institucionalidad de la sede de gobierno". Si bien habían sido colocadas de manera provisoria, nunca fueron retiradas.

Las nuevas son fijas y tienen paños corredizos que pueden desplazarse incluso sobre Rivadavia e Yrigoyen, a la altura del eje de las calles Reconquista y Defensa.

Durante el debate, el legislador de Vamos Juntos y miembro de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público Hernán Reyes destacó que se trata de "una decisión inteligente y conveniente" y que busca subsanar un requerimiento que ya había formulado con anterioridad el gobierno nacional. Además, indicó que "cualquier otro gobierno en otra instancia las va a poder retirar sin afectar el patrimonio".

En cambio, diputados de la oposición consideraron que "el Ejecutivo con su accionar pasó por arriba de la potestad legislativa" y que esta convalidación posterior deja "un antecedente peligroso". También, que las rejas muestran "la necesidad de mantener lejos las manifestaciones".

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