Apelarán la anulación de la ley de alquileres que fija un tope a las comisiones

El gobierno porteño anunció que apelará el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña que declaró la nulidad de la ley de alquileres en la ciudad que, entre otras cosas, fija un tope a las comisiones inmobiliarias y delega el pago en los propietarios de las viviendas.

En un fallo fue celebrado desde el sector inmobiliario pero rechazado por algunas agrupaciones de inquilinos, la Justicia le había dado la razón al reclamo de algunas inmobiliarias y declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5859 aprobada por la Legislatura porteña y oficializada a fines de 2017. La normativa fijaba el monto máximo de la comisión a cobrar en 4,15% del valor total del respectivo contrato, a cargo del locador.

La norma además prohibía "requerir y/o percibir mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación" y trasladaba a los dueños de las propiedades los costos de gestoría de informes a organismos oficiales.

La decisión judicial se dio en base a los amparos presentados por el Colegio único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba), el Centro de Corredores Inmobiliarios (Cecin) y la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios (CRCI) y 75 corredores inmobiliarios matriculados, y revoca la sentencia emitida por el juez de primera instancia Lisandro Fastman en agosto de 2018.

"Consideramos que se hizo justicia por lo que se aprobó en 2017 fue la mal llamada ley de alquileres. Lo que se regularon fueron los honorarios de una profesión: en lugar de que lo pague el inquilino, que se haga cargo el propietario. Cercenó una profesión porque se eliminaron de raíz el pago de servicios previos al alquiler", sostuvo el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar.

"El fallo será apelado, pero por lo menos quedó demostrado que es inconstitucional. Es muy importante para nuestro sector porque se está reconociendo a la actividad. Desde que se aprobó esta ley en la ciudad se dieron de baja 600 inmobiliarias. Fue un golpe muy duro", agregó Bennazar.

Ley vigente

Pero, según informó el Instituto de la Vivienda porteño (IVC), "la ley tiene plena vigencia porque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es quien debe definir" la apelación, explicó el organismo. "Vale aclarar que esta defensa de los inquilinos no es incompatible con el Código Civil, que regula desde una visión del derecho privado. La Ciudad lo hace desde el derecho público, es decir, protegiendo el interés público de los miles de vecinos alcanzados por un contrato de alquiler", argumentó el IVC.

Según los datos del IVC en la ciudad residen cerca de tres millones de habitantes (2.890.151 personas), de los cuales el 35% alquila. De esta manera, hay alrededor de un millón de personas en esta condición. La ley promovida por el Poder Ejecutivo porteño se basó en algunas medidas pensadas para beneficiar a esa porción de la población.

El cambio más importante fue que la comisión inmobiliaria debía ser pagada por los propietarios de los inmuebles y no por los inquilinos. Esta medida facilitaba el acceso al alquiler porque los gastos eran compartidos entre las partes.

Cuando entró en vigor la ley de alquileres, las inmobiliarias debían dejar de cobrar por los gastos de gestoría y de administración. Además los derechos y obligaciones de los inquilinos y los propietarios tendrían que estar visibles en las webs y en las oficinas de las inmobiliarias; de la misma manera en las redes sociales y sitios del gobierno de la ciudad.