Bajo fuego cruzado

Conflictos que paralizan la actividad se proyectan en una región metropolitana afectada en su movilidad. Se advierte la importancia del subte cuando no funciona, la del tren cuando descarrila y la esterilidad del automóvil cuando no hay alternativas. La crisis se revierte recuperando inversiones, modificando modelos de gestión, con un sector público potenciado con mayor colaboración entre jurisdicciones.

Buenos Aires creció antes de que el automóvil fuera el medio más masivo y tiene una estructura de más de 800 km de tren suburbano, casi 50 de subte y una red de colectivos muy completa. Sin embargo, a partir de la década del 70, San Pablo, México DF y Santiago de Chile desarrollaron redes dinámicas mientras que nuestro sistema padeció, durante décadas, una notable desinversión.

Existe, es cierto, un cambio de actitud en los enunciados y se registran avances en ciertas áreas. Pero no alcanzan a cambiar la experiencia general. Todavía coexisten intentos de mejora basados en expandir las autopistas. Por ejemplo, se aspira a destinar recursos de peajes para nuevas obras viales (como las de la General Paz y túneles en la ciudad). En Londres, en cambio, se los destinó a un transporte público de calidad, por razones sociales, económicas y ambientales. Otras ciudades han apostado simplemente por generalizar la prioridad en la circulación de ómnibus de última generación en espacios urbanos integrados. En cada caso hubo controversias, pero han terminado con las diferentes áreas públicas alineadas en una política común y sostenida.

Por legítimas que sean las razones del conflicto en nuestro medio, la solución de largo plazo no puede escapar a los canales institucionales, plasmados en políticas de Estado, con los ciudadanos en el centro de las decisiones, empezando por los más vulnerables y postergados. Con un shock de información, sin atajos en los mecanismos de asignación y control del gasto público. Y, sobre todo, anteponiendo el interés general a las conveniencias políticas inmediatas.