Ciudad: más licencias retenidas a los conductores que no superan los tests de alcoholemia

Antes del recambio legislativo del año pasado, la Ciudad se propuso endurecer las penas para aquellos conductores que circulan bajo los efectos del alcohol y aprobó un nuevo proyecto integral de convivencia vial. Dos meses después de su implementación, con castigos más severos, ya fueron retenidas 884 licencias de conducir a aquellas personas que no lograron superar los controles de alcoholemia.

Uno de cada cinco accidentes fatales en la Capital está relacionado con el consumo de alcohol, de acuerdo con las estadísticas de siniestralidad vial de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, por lo que las nuevas medidas apuntaron a fortalecer el Plan de Seguridad Vial elaborado en conjunto con organizaciones de familiares de víctimas en siniestros de tránsito, con el apoyo de la Fundación Bloomberg Philanthropies.

Con los cambios, además de la retención de la licencia por hasta dos años, los infractores deben pagar una multa que va desde $8755 a $116.749, según el dosaje de alcohol en sangre que arroje el resultado del test. En la ciudad, el límite máximo permitido es de 0,5 gr/l para vehículos particulares, 0,2 gr/l para motociclistas y 0 gr/l para principiantes y conductores profesionales.

A partir del 1° de febrero, cuando entró en vigencia la nueva ley, todos los conductores que dan positivo en un control de alcoholemia son inhabilitados para conducir por un mínimo de dos meses. Aunque si se trata de la primera falta o contravención, el plazo podría reducirse a la mitad.

En el lugar del operativo de alcoholemia, se acarrea el vehículo y se otorga un acta provisoria por tres días corridos para que el infractor pueda ir a buscar su auto a la playa. Para recuperar su licencia, debe realizar un taller de educación vial.

Tanto el período de inhabilitación como las multas están ligados al dosaje arrojado en los tests. Entre 0­,5 gr/l y 0,99 gr/l se considera una infracción que debe ser resuelta en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), con una prohibición para manejar de entre dos y cuatro meses y una penalidad económica que va desde las 150 unidades fijas (UF) o $8755, a 1000 UF o $58.370.

En cambio, para dosajes superiores a 1 gr/l se considera una contravención y debe intervenir el fuero penal, contravencional y de faltas de la ciudad. La inhabilitación es más extensa, de cuatro meses a dos años, y el caso no puede ser dejado en suspenso. La multa va de 300 UF ($17.511) a 2000 UF ($116.740). Además, la negativa a someterse a un control de alcoholemia o estupefacientes es considerada una infracción y la pena es de 1000 UF ($58.370); el resultado del test es considerado positivo.

En este contexto, más de 500 actas ya se presentaron en la DGAI, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Hasta el momento, el 82% de estos casos fueron resueltos. En el caso de los dosajes superiores, ya hubo 218 personas que resolvieron su situación.

“Ninguna muerte en el tránsito es aceptable y los controles salvan vidas. Los controles aleatorios y sostenidos en el tiempo, con presencia en las calles, son el camino para revertirlo. Cada licencia retenida, cada control, es una conducta de riesgo menos y una calle mejor para todos”, opinó la secretaria de Transporte y Obras Públicas, Manuela López Menéndez.

Los talleres

En los últimos dos meses se realizaron 28 talleres de seguridad vial para infractores positivos de alcoholemia y participaron 450 personas que recuperaron su licencia. Esos encuentros tienen como objetivo que las personas reflexionen sobre la importancia de prevenir situaciones de riesgo y evitar víctimas fatales.

Para realizar estos cursos los conductores deben presentarse ante la DGAI o la justicia contravencional, según corresponda, y solicitar un turno. Allí recibirán la orden para poder realizarlo; en la mayoría de los casos, se entrega turno para dentro de las 48 y las 96 horas posteriores a haberlo pedido.

El taller tiene una duración de ocho horas y se realiza en dos encuentros virtuales de cuatro horas cada uno, que se brindan en días consecutivos (martes y miércoles, o jueves y viernes). Con diferentes dinámicas y actividades, a cargo de instructores de la Gerencia de Educación y Convivencia Vial, se repasan temas como la importancia de no consumir alcohol antes de manejar, los elementos de seguridad vial de cada uno de los vehículos, los distintos criterios de seguridad de los peatones y la importancia de la señalización de maniobras. Además, se brinda información sobre velocidades, prioridades de paso, señales de tránsito, factores de riesgo y prevención de incidentes de tránsito.

Cuando finaliza el taller se entrega a los participantes una constancia de asistencia y se envía un informe de cumplimiento a las diversas áreas de la Justicia.

“Garantizar la seguridad vial es parte de una política integral que busca mejorar la vida de los vecinos. Por eso seguimos el proceso de sanción de los conductores desde la emisión de la infracción hasta la finalización de los talleres de manejo responsable”, sumó el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro.

Desde que se implementaron los cambios, se desplegaron 55.594 controles de alcoholemia (27.851 en febrero y 27.743 en marzo) en los cuales –como se dijo– se retuvieron 884 licencias (606 por positivos entre 0,5 g/l y 0,99 g/l; 230 por positivos de más de 1g/l). Hubo 48 personas que se negaron al control y el dosaje más elevado fue de 2,41 g/l.

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