Conflicto en Puerto Madero: intiman al Arzobispado a que paralice una obra privada en un valioso predio que le fue donado
Tras la polémica cesión de un sector del lote por 40 años a una empresa para instalar una estación de servicio, la Corporación Puerto Madero pidió que se cumpla el contrato acordado en 1993
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Cuando el proyecto parecía encaminado hacia su realización y mientras sigue la reparación del suelo para comenzar la construcción, la llegada de una estación de servicio al corazón de Puerto Madero en un predio que pertenece al Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires encuentra una traba que podría impedir el avance de la obra. El terreno había sido donado a la Iglesia en 1993 para la construcción de un templo, la casa parroquial y un colegio, pero no para una explotación comercial, lo que generó la reacción de una de las partes involucradas en el convenio.
La Corporación Antiguo Puerto Madero (CPM) había donado las tierras a la Iglesia porteña mediante un contrato con cargo, es decir, con la obligatoriedad de que se cumpla lo establecido en el acuerdo. Ante la polémica y unilateral decisión del Arzobispado de ceder una parte del predio a una empresa privada para la explotación por 40 años, la CPM marcó los límites.
“CPM ha requerido al Arzobispado que se abstenga de ejecutar obras en el terreno donado que no se ajusten y/o que excedan el cargo que se ejecutó la liberalidad”, informaron a LA NACION fuentes de la CPM. De esta forma, intimó a la Iglesia a que cesen los trabajos en el predio delimitado por las calles Rosario Vera Peñaloza, Aimé Painé, Julieta Lanteri y Encarnación Ezcurra, en el dique 1, y que prosiga la ejecución del contrato original. La intimación fue incorporada en un amparo judicial que inició un grupo de vecinos.
“La CPM donó el predio al Arzobispado con el cargo de construir una iglesia, una casa parroquial, la vivienda para sacerdotes y un colegio parroquial. La donación se perfeccionó en noviembre de 2001, el colegio aún no se construyó y el plazo para el cumplimiento del cargo vence en noviembre de 2031″, explican desde la Corporación, una sociedad integrada en partes iguales por los estados nacional y porteño, creada en 1989 para el desarrollo de Puerto Madero.
“La normativa vigente para ese terreno admite usos comerciales, pero el cargo impuesto en la donación no contempla usos comerciales”, le advirtieron al Arzobispado. “Vale aclarar que la donación con cargo es un contrato, un acto jurídico bilateral que vincula a donante y donatario. Y el control del cumplimiento o incumplimiento del cargo impuesto en la donación es una cuestión entra las partes”, finaliza la entidad.
¿Cuáles son los pasos que seguirá la Iglesia? No está clara la postura que tomará el Arzobispado, que no respondió la consulta realizada por LA NACION. La intimación de la CPM ya fue incorporada al expediente que se tramite en el juzgado N°24 del fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires.
Maniobra bajo sospecha
En diciembre de 2020, en plena pandemia, en una audiencia pública que se realizó por Zoom quedó oficializada la propuesta de la empresa Lomfako SA, que había firmado el acuerdo para explotar el predio durante 40 años a cambio de una compensación económica que el Arzobispado no informó.
Las sospechas de la cesión a dedo de ese espacio llegaron hasta el Vaticano, que comenzó a poner la mirada sobre el manejo del predio y de todos los bienes que el Arzobispado tiene en la ciudad. La Santa Sede decidió intervenir en forma directa para frenar la intervención o enajenación de algunos de esos inmuebles y envió a representantes de la Congregación para el Clero para analizar lo que estaba sucediendo.
La sospecha del Vaticano sobre lo ocurrido en Puerto Madero se origina en que la cesión a la empresa privada se realizó sin que lo avalara el Colegio de Consultores y el Consejo de Asuntos Económicos del Arzobispado que, según establecen las normas eclesiásticas, deben analizar la venta o intervención de inmuebles de la Iglesia por valores de entre U$S30.000 y U$S300.000.
El Colegio y el Consejo no estaban constituidos o se encontraban inoperantes al momento del acuerdo firmado entre el Arzobispado y Lomfako SA, según se desprende del informe de la Congregación para el Clero, que estuvo en la ciudad entre el 18 y el 22 de octubre de 2021, tiempo después del convenio que había sido fundamentado en audiencia pública.
El documento, firmado por el arzobispo surcoreano Lazzaro You Heung-sik, manifiesta las sospechas de irregularidades sobre el manejo de las propiedades. “Causa perplejidad que, a pesar de la presencia de un numeroso Consejo Episcopal, no esté constituido el Colegio de Consultores y que, en los hechos, el Consejo de Asuntos Económicos se encuentre inoperante, ya que se está pensando en su redefinición”, dice el informe.
“La falta de funcionamiento de estos órganos, por lo tanto, constituye una violación de los procedimientos sinodales requeridos por la legislación (….). En efecto, el obispo diocesano necesita el consentimiento de dichos órganos eclesiales siempre que se trata de una enajenación de bienes de la diócesis, cualquiera sea su valor, así como cuando la enajenación se refiera a bienes que su valor supere los US$30.000″, agrega. Y pone énfasis en lo siguiente: “Si la propiedad en cuestión excede los US$300.000, para la validez canónica del acto también es necesario solicitar la licencia de la Santa Sede”.
El texto, al que tuvo acceso este medio, también apunta al arzobispo Mario Poli. “Hay que subrayar, de manera especial, que se limite a realizar únicamente aquellas transacciones económicas que en la actualidad resulten estrictamente necesarias intentando, en la medida de lo posible, no enajenar más activos pertenecientes a la arquidiócesis o a las parroquias, lo que al parecer ha ocurrido con frecuencia en los últimos tiempos”, sostiene.
Hace dos semanas, en una reunión que se realizó en la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en el lote de la discusión, representantes de la diócesis le hicieron saber a los vecinos que el proyecto avanzaba a paso firme. Nadie sabía, hasta ese momento, que la Corporación Puerto Madero podría poner un freno. Tampoco nadie sabe por qué la CPM tardó tres años, desde que se oficializó el acuerdo entre el Arzobispado y Lomfako SA, en levantar la voz.
